El Gobierno busca medidas ‘low cost’ sin coste presupuestario para atajar la crisis energética

El Gobierno aprobará la próxima semana el esperado plan nacional para contrarrestar los efectos de la crisis energética provocada por la guerra en Ucrania. El retraso en la aprobación de las medidas, e incluso en su concreción, ha dado alas al paro de los transportistas, que tienen ya al tejido productivo contra las cuerdas. Moncloa necesita ahora un gran órdago final para recuperar el funcionamiento normal de la cadena de suministros, pero se topa con un grave problema: la delicada situación de las cuentas públicas.

España sale de la pandemia con 25 puntos más de deuda, lo que representa casi el 120% del PIB. Esto hace que el Gobierno tenga un margen de maniobra limitado a la hora de poner en marcha grandes estímulos fiscales. Se repite la situación vivida hace un año, cuando el Ejecutivo ‘arrastró los pies’ con las ayudas directas a las empresas por el covid. Después de muchas presiones (incluidas las de Unidas Podemos), el Ministerio de Economía aprobó un paquete de ayudas de 7.000 millones de euros, pero diseñó unos requisitos burocráticos que provocaron que, en la práctica, un tercio de las ayudas no se haya ejecutado.

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Si hace un año había poco margen presupuestario, ahora es incluso inferior, ya que Europa se encuentra a las puertas de otra crisis que nadie sabe cuánto durará. En esta coyuntura, el Gobierno está buscando medidas que tengan un coste presupuestario inmediato muy bajo, o incluso que sean a coste cero para las arcas públicas. Una estrategia que obliga al Ejecutivo a ser innovador con las políticas públicas y, al mismo tiempo, moderar su ambición.

Todas las medidas anunciadas hasta ahora tienen un denominador común: son ‘low cost’ para las arcas públicas. Es el caso, por ejemplo, de los 500 millones en subvenciones a la compra de carburantes para los transportistas profesionales que anunció la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, el pasado lunes. Este plan de ayudas estará financiado, en parte, por las empresas petroleras. Aunque la vicepresidenta no quiso dar más detalles, en la reunión con los transportistas explicó que las gasolineras tendrán que realizar una contribución especial para financiar este plan, de modo que solo una parte de los recursos saldrá de los presupuestos generales del Estado (PGE).

Los transportistas tienen serias dudas de la eficacia de esta medida, ya que las gasolineras podrían repercutir nuevamente esta tasa sobre los consumidores. Se trata de un sector en el que existe escasa competencia. Hay tres grandes operadores (Repsol, Cepsa y BP) que controlan la mitad de las gasolineras de España, según el último informe de la CNMC. El riesgo, por tanto, es que no asuman este gasto en sus márgenes, sino que lo repercutan a los clientes, tanto transportistas como individuales, lo que aumentaría el precio de los carburantes.

Otra de las medidas que ya ha anunciado el Gobierno es la ampliación del bono social para proteger a los consumidores más vulnerables con rebajas en su factura de la luz. Estas ayudas las pagan directamente las eléctricas con un descuento en la tarifa final que aplican a los consumidores vulnerables, sin que salga dinero de los presupuestos generales del Estado.

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Calviño anunció el miércoles que otra de las medidas que aprobará será una ampliación de los créditos del ICO a las empresas para que consigan liquidez cuando no tengan acceso a préstamos bancarios. Economía ya puso en marcha una serie de avales del ICO cuando estalló la pandemia que sirvieron para evitar una crisis de crédito y movilizó más de 100.000 millones de euros. Sin embargo, todos estos recursos ahora están acumulados como apalancamiento del sector privado en empresas y autónomos, cuya capacidad de pago se está viendo seriamente comprometida por la crisis energética.

Economía ha optado por conceder una nueva prórroga para el pago de las primeras cuotas a las empresas, alargando el periodo de carencia. En paralelo, creará una nueva línea de avales del ICO para las empresas afectadas por la subida de los precios. Esta medida contribuirá a aliviar las tensiones sobre la cadena de pagos, pero supone un nuevo aumento de la deuda privada en manos de empresas y autónomos en una situación financiera más delicada, que son precisamente los que no tienen financiación bancaria.

Para el Estado, no supone el desembolso de un solo euro ni afecta al déficit público a corto plazo. Sin embargo, estos avales se activarán en un futuro si los deudores entran en morosidad. De esta forma, aunque en la actualidad no suponga un coste, sí supone la creación de un pasivo contingente al que el Estado tendrá que hacer frente en los próximos años. De hecho, la banca ya estaba alertando a Economía de que esta primavera se producirían los primeros impagos como consecuencia de la incapacidad de devolver el dinero que tienen muchas pymes y autónomos.

El Gobierno trabaja con una previsión de morosidad del 10%, lo que supondría más de 10.000 millones en déficit a futuro. La morosidad dependerá de la evolución de la economía, pero una segunda crisis tan próxima a la del coronavirus no da muchas esperanzas.

Los acuerdos

El tope de precios de la electricidad es también otra de las medidas estrella que ha defendido el Gobierno, aunque en este caso se trate de una cuestión de Europa, que es quien tiene la competencia de la fijación del sistema de formación de precios de la electricidad. El Consejo Europeo de este jueves decidirá si esta medida es aceptada, aunque tiene muchas ‘papeletas’ para salir rechazada. El motivo es que 'topar' los precios de la electricidad generada por gas puede provocar dos problemas. El primero es que la Unión Europea pague esa diferencia del precio entre el tope fijado y el coste real de producción, y el segundo, que no se compense esa diferencia y que las empresas tengan que vender a pérdidas.

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En el primero de los casos, la Comisión Europea ya ha advertido a Sánchez de que generaría un enorme déficit de tarifa, muy superior al que ya está generando España con el gas. Un déficit que, al no ser público, no computa en las cuentas de los Estados, pero que habría que pagar a futuro. En España, los consumidores de electricidad saben bien lo que es pagar el déficit de tarifa acumulado con facturas más caras en los años venideros.

La alternativa es que las empresas tengan un recorte en su retribución e incluso tengan que vender a pérdidas. En este caso no se generan costes para los usuarios ni para el erario público, sin embargo, se pone en riesgo el suministro, ya que se podrían producir parones de producción. En los países del centro y del norte de Europa, en los que la dependencia del gas es más elevada, esta posibilidad genera temor por el riesgo de cortes de producción que conllevaría.

El Gobierno rechaza las bajadas generalizadas de impuestos como las que hizo hace unos meses con la electricidad y que siguen en vigor. En esta ocasión, el argumento es que las empresas petroleras podrían capturar la bajada del IVA o del impuesto especial a los hidrocarburos manteniendo el precio de venta estable, ya que se trata de un sector con niveles reducidos de competencia. Con este razonamiento, también se puede argumentar que la tasa especial que cargará el Gobierno a las petroleras la podrán repercutir sin problemas a sus clientes.

El Gobierno mantendrá su diálogo con administraciones públicas, partidos políticos, empresarios y trabajadores para consensuar el plan nacional. 'Acuerdo' es la palabra más repetida por los ministros en los últimos días. Sin embargo, desde el otro lado de la mesa dudan de la voluntad del Ejecutivo de llegar a acuerdos. Hasta el momento, el Gobierno se ha reunido con todos los actores institucionales para escuchar sus propuestas y reclamaciones, pero no ha concretado ninguna medida.

Las movilizaciones de empresarios y trabajadores y las críticas de las comunidades autónomas y los ayuntamientos se deben, precisamente, a que el Gobierno no está negociando medidas concretas y temen que no llegue a hacerlo en ningún momento. El mejor ejemplo es el duro comunicado emitido el miércoles por la CEOE: “Instamos de forma taxativa a que, en la cuarta reunión que va a tener lugar con el ministerio, se detallen de una vez, entre otras, las cuestiones relativas a las ayudas directas en céntimos/litro al combustible”. En otras palabras, muchas reuniones pero poco contenido. La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, se reúne nuevamente este jueves con las asociaciones del transporte para intentar desactivar los paros, pero sin concretar medidas será muy difícil que lo consiga. El Gobierno no quiere filtraciones de las medidas que va a anunciar, pero eso implica anunciar el plan nacional unilateralmente. Por tanto, sin acuerdo.