Se acabaron los 'beneficios caídos del cielo' para las centrales nucleares

La tormenta se ha desatado en el sector energético español. Al ser un sector en el que una gran parte de las actividades y partidas está regulada por el Gobierno, cualquier cambio en las reglas del juego desemboca en una cascada de opiniones contrapuestas, presiones mediáticas e intereses económicos por parte de todos los implicados. Sin embargo, históricamente, quienes siempre han salido perdiendo son los más vulnerables: los consumidores.

Esto es lo que pretende evitar ahora el ministerio dirigido por Teresa Ribera. El pasado martes 1 de junio, el Consejo de Ministros anunció el inicio de una tramitación urgente de un anteproyecto de ley por el que se actúa sobre la retribución de la tasa del CO₂ no emitido.

“Los consumidores han pagado de más durante muchos años a instalaciones de generación que han percibido algo que no les correspondía"

Bajo la premisa de beneficiar la factura de los consumidores eléctricos, este anuncio se une al realizado en diciembre sobre el anteproyecto de ley para la creación del Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico. Con la creación de este fondo, se prevé sacar los 7.000 M€ de la tarifa eléctrica (un 41% de los costes regulados), originados para cumplir con los objetivos de España de lucha contra el cambio climático y a favor de las renovables (asumidos hasta ahora solo por la electricidad), para repartirlos entre los combustibles fósiles para conseguir que la electricidad tenga un precio más competitivo.

Ahora, con el nuevo anteproyecto, la intención del Gobierno es subsanar los 'windfall profits' (beneficios caídos del cielo) o 'ingresos inmerecidos' de las tecnologías que no emiten CO₂, término acuñado por el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea en una sentencia que apoyó este tipo de medidas en 2013 (como respuesta a los reales decretos leyes 3/2006 y 11/2007, que buscaban lo mismo que este anteproyecto de ley).

Cómo funcionan y qué son los 'windfall profits'

El mercado mayorista tiene un diseño marginalista (la tecnología de generación que entra con la última oferta más cara hasta cubrir la demanda eléctrica adjudica el precio para todas las anteriores), por lo que casi siempre el gas natural, con un mayor coste variable y una tasa de emisión de CO₂, es quien suele fijar el precio al resto de tecnologías.

Por este motivo, el gas natural tiene que devolver a todas las demás ofertas —por lo general, más baratas— el precio del coste del CO₂ (por cada MWh generado, son 0,37 toneladas de CO₂). De esta manera, las tecnologías no emisoras cobran a un mayor precio por este coste extra del CO₂, asumido solo por el gas natural y que se paga a través de las facturas de los consumidores. Viene sucediendo desde 2005, cuando se creó el mercado de derechos de emisión.

Básicamente, lo que el Gobierno quiere conseguir es que el coste extra de CO₂, que hasta ahora ingresaban las plantas que no emiten, en lugar de ir al bolsillo de las eléctricas, ahora se destine a financiar una parte de los cargos del sistema eléctrico y dedicar un 10% a financiar las políticas de protección a los consumidores en riesgo de vulnerabilidad.

Nucleares e hidráulicas, las grandes afectadas

La medida ha sido mal recibida por las grandes eléctricas, al dejar de ingresar en sus cuentas unos 1.000 millones de euros anuales. Según está redactado el anteproyecto, la medida afectará principalmente a los propietarios de las centrales nucleares, hidroeléctricas y eólicas puestas en operación antes de 2005 (1.500 MW), año en que se puso en marcha del mercado de derechos de emisión de CO₂. Además, excluyen las plantas con potencias menores a los 10 MW.

El ministerio justifica este ajuste en que los costes de inversión de estas tecnologías, en gran medida, se encuentran amortizados por la antigüedad, además de haber percibido pagos regulados. Esto ha provocado que, al apenas tener costes fijos pendientes de recuperar, los ingresos por el precio del mercado, una vez cubiertos los costes variables, según señalan, “son excesivos e injustificados”.

En España, hay siete reactores nucleares, repartidos entre Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP (las dos primeras tienen mayor número de activos nucleares en su cartera). Almaraz (I y II), Ascó (I y II), Cofrentes, Vandellós y Trillo son los reactores activos en la actualidad y todos ellos se verán afectados, lo que podría acelerar el cierre ordenado de las centrales previsto para 2035 que pactaron con el Gobierno. Al respecto de la hidroeléctrica, hay más de 1.350 centrales hidráulicas, de ellas, 1.200 minicentrales, y la mayoría de las grandes las controla Iberdrola, con algunas concesiones de explotación que están a punto de caducar.

Una demanda histórica y necesaria

Una de las justificaciones que señalan desde el ministerio es el rápido incremento de los precios del CO₂. Hace un año, era de 20 € ton/CO₂ y ahora marca récords diarios, con valores por encima de los 50 € ton/CO₂. Esta situación, junto con otros factores como el propio diseño marginalista, ha provocado que los precios de la electricidad se desboquen.

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Pero, desde algunas instituciones, como es el caso de la Fundación Renovables, señalan que este anteproyecto de ley trata de corregir una injusticia histórica con los, demasiadas veces olvidados, consumidores eléctricos: “Han pagado de más durante muchos años a instalaciones de generación que, estando amortizadas o no, han percibido algo que no les correspondía, por lo que esta medida se debería haber aplicado bastante tiempo atrás”.

Desde la Fundación Renovables, siguen reclamando con urgencia una reforma integral de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico para actuar de manera conjunta y ambiciosa, permitiendo reducir el coste de la electricidad y abandonar la política de parches, que va contra la trasparencia y la seguridad jurídica del sector.

Ahora queda un camino de tramitación parlamentaria que se prevé correoso en la negociación política.