España y su billón de m3 de gas oculto, la ocasión perdida para la soberanía energética

'Soberanía energética' es uno de los nuevos términos de moda. Desde la invasión rusa de Ucrania, la combinación de palabras es utilizada con frecuencia por políticos de todo signo. Pero más allá del juego parlamentario, la pregunta que surge es si España tiene capacidad real de autoabastecerse. Si nos ceñimos al gas, una de las principales fuentes de energía, la respuesta es simple, pero esconde algunos matices. A día de hoy, nuestro país no tiene ni una sola posibilidad de independencia en este sentido, pero no es menos cierto que no es por falta de recursos. Estudios científicos señalan la riqueza en hidrocarburos no convencionales del subsuelo español, con más de un billón de metros cúbicos de gas (1.000 bcm, según la unidad de medición estándar por sus siglas en inglés, 'billion cubic metres') ocultos y repartidos en diferentes puntos del mapa. Su posible extracción, sin embargo, no es más que una utopía: la Ley de Cambio Climático y Transición Energética lo prohíbe. La polémica en torno al 'fracking' vuelve a estar sobre la mesa.

España consume al año en torno a 30.000 millones de metros cúbicos de gas, según los datos de Enagás, el principal transportista y gestor del sistema gasista. La producción nacional, sin embargo, apenas llega al 1%, con una total dependencia del exterior. Los expertos consultados por El Confidencial coinciden en que este porcentaje podría variar considerablemente si se explotaran los recursos propios. "Nosotros tenemos calculado, según nuestros estudios, que en España hay más de un billón de metros cúbicos de gas natural, que es la cantidad equivalente a lo que se necesitará en los próximos 40 años con el ritmo actual", explica el decano del Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas, Ángel Cámara. A su juicio, la entrada en vigor de la norma, en mayo del año pasado, es una "oportunidad perdida".

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El principal problema que señalan es que la ley, que se aprobó con la abstención del PP y el rechazo de Vox, impide tanto la exploración como la explotación de los hidrocarburos no convencionales, con un veto expreso del 'fracking' o fractura hidráulica, que extrae el gas presente en las rocas a través de un pozo que permite bombear un fluido a presión compuesto mayoritariamente por agua. Y a esos yacimientos no hay otra forma de llegar que a través de esta técnica, muy utilizada y asentada en Estados Unidos, pero duramente criticada en Europa por sus efectos lesivos en el medio ambiente.

Tanto los ingenieros de minas como el Colegio Oficial de Geólogos (ICOG) apuestan por este sistema. Ubican la presencia de estos recursos en varios puntos de la geografía nacional. Aunque no son capaces de calcular el volumen, que habría que determinar con un posterior análisis sobre el terreno, sí tienen claro que el norte y el sur son altamente susceptibles de albergar lo que llaman 'gas shale'. Señalan Asturias, parte de Cantabria, País Vasco, el área de Burgos en Castilla y León, la zona surpirenaica (La Rioja y parte del Pirineo Catalán), la cordillera Bética y la parte baja del río Guadalquivir. También Canarias para el petróleo, aunque está prohibido. "Es necesario que aprovechemos nuestro potencial energético e investiguemos nuestros recursos naturales. El 'fracking' es viable técnica y medioambientalmente", declara el decano del ICOG, Manuel Regueiro.

La Ley de Cambio Climático y Transición Energética impide la exploración y explotación de hidrocarburos no convencionales y de minerales radioactivos como el uranio. El radio de acción, según el artículo 9, es en el "territorio nacional, incluido el mar territorial, la zona económica exclusiva y la plataforma continental". "Avanzar en una economía descarbonizada y segura implica aceptar un uso responsable de los recursos, por lo que la ley, con carácter general, limita los nuevos proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos, minerales radioactivos y carbón en territorio español", señala en su exposición de motivos.

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Los expertos consideran que la aplicación de la ley no solo es excesivamente restrictiva, al eliminar también cualquier tipo de investigación, sino un ataque a los intereses propios de España, evidenciado con la crisis energética actual, con una constante escalada de precios. "Se han primado, entre comillas, los intereses medioambientales, pero digo entre comillas porque no son tales. Europa ya ha dado marcha atrás y ha metido el gas natural como energía verde. Precindir de ello es una barbaridad", argumenta el decano de los mineros, quien, no obstante, considera que ya es "demasiado tarde".

España destinó en 2021 casi 9.000 millones de euros a la compra de gas, con Argelia y EEUU como principales proveedores

España extrae gas en pequeñas cantidades de modo convencional en La Rioja, en la planta de Sotés. La necesidad de importar esta energía se traduce en miles de millones de euros cada año. Según cifras de Datacomex (dependiente de la Secretaría de Estado de Comercio), en 2021 se destinaron casi 9.000 millones de euros a la compra de gas natural y gas natural licuado. El principal proveedor fue, como en los últimos ejercicios, Argelia, que supone cerca del 32% de las importaciones, seguido por Estados Unidos, con el 20%. Los acuerdos contractuales con el país africano significaron un desembolso de 2.591.679.161 euros, mientras que con los norteamericanos fueron de 2.448.938.687, exclusivamente en estado líquido. Los datos registrados por Comercio reflejan, además, que el año pasado el Gobierno de Pedro Sánchez cerró acuerdos para gas licuado con Rusia por valor de 1.216.027.549, y con Nigeria, por 1.010.070.416 euros.

El regreso del 'fracking'

La guerra de Ucrania y sus consecuencias económicas han resucitado el debate sobre el 'fracking' como alternativa energética para contrarrestar la dependencia de Rusia. Si bien ya se ha planteado en países como Reino Unido, la realidad es que en España, a pesar de los argumentos de los científicos, perduran las resistencias. La prueba más evidente es que ninguno de los partidos políticos con representación en el Congreso lo ha puesto sobre la mesa, conscientes de su impopularidad y de que hace años ya fue rechazado. Vox, el primero en utilizar el término de soberanía energética, centra su discurso en la energía nuclear y exige elaborar un plan urgente con la instalación de nuevas centrales. Tampoco el PP, aunque sí defiende una reforma de la ley para explorar nuevas vías que reduzcan las importaciones.

Aunque los partidos políticos urgen a explorar nuevas vías y recuperar la energía nuclear, ninguno ha puesto sobre la mesa el 'fracking'

Como ha informado El Confidencial, los populares ultiman un plan de presión contra el Gobierno para "replantear" el aprovechamiento de minerales considerados críticos, como el uranio, o recuperar planes de tierras raras, suspendidos en ambos casos. No quieren ni oír hablar de la fractura hidráulica, pero insisten en que el gas debe ocupar un papel capital, con la decisión de la UE de catalogarlo como energía verde como principal argumento. "Estudiaremos todas las posibilidades a nuestro alcance para ampliar nuestra capacidad extractiva, siempre y cuando se cumplan las debidas medidas de seguridad", aseguran fuentes de la formación, que además estudian cómo impulsar nuevos proyectos para avanzar en la extracción de gas propio en Andalucía y Murcia.

No es la primera vez que en el Partido Popular hay un conflicto en torno al 'fracking'. En 2015, fruto de la enorme polémica social en torno a esta cuestión, el entonces alcalde de Vitoria, Javier Maroto, se alineó con la izquierda para impedir que se implantara en el País Vasco, contra el criterio del Gobierno de Mariano Rajoy. No era algo particular de la capital vasca. Antes de que el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos aprobara la Ley de Cambio Climático, varios parlamentos autonómicos ya legislaron en contra de esta técnica, como el propio País Vasco, Castilla-La Mancha o Cantabria. El rechazo a la fractura hidráulica procede mayoritariamente de colectivos ecologistas y vecinos, que hace años organizaron multitudinarias manifestaciones en contra de esta fuente de energía.

En el caso español, Ecologistas en Acción ha denunciado sistemáticamente el enorme impacto que tiene en el medio natural, habida cuenta de que requiere de enormes cantidades de agua para su ejecución, supone un riesgo sísmico en la zona de extracción y es altamente contaminante. Esta organización no solo se opone al 'fracking', también al uso del gas como fuente principal y su consideración como energía verde. Alianza por el Clima, la plataforma en que se ubican estos ecologistas, considera que su fomento es un obstáculo "para el despliegue de las renovables y de las medidas de ahorro y eficiencia energética". "Es fundamental que el Gobierno de España mantenga su posición de no calificar de inversiones verdes la energía nuclear ni el gas y contemple un marco de financiación pública en el que exclusivamente encuentren cabida las actividades que sean viables en un escenario de neutralidad climática en 2050", exponen en un comunicado.

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Sea como fuere, no parece que el escenario vaya a cambiar en los próximos meses. Los recursos en el subsuelo seguirán sin explotarse y la exploración de vías alternativas también parece descartada. Fuentes del Ministerio de Transición Ecológica aseguran a este diario que la modificación de la ley es algo que ni siquiera se ha barajado, pese al contexto actual. "No nos planteamos modificar la ley. La apuesta es acelerar la transición energética, el despliegue de renovables, el ahorro y la eficiencia, para electrificar la economía", indican desde la cartera que dirige Teresa Ribera.

España como 'hub' gasístico

Aunque los partidos políticos comparten la idea de defender y propulsar las energías renovables, también existe cierto consenso en que España debe convertirse en una referencia en el almacenaje y distribución de gas en el sur de Europa, desde el PP al PDeCAT, como respuesta al veto a Rusia. En este punto, la postura del Gobierno sí coincide con la oposición y con los científicos que afean haber renunciado siquiera a la investigación sobre los hidrocarburos no convencionales. En principio, la situación de nuestro país es óptima, ya que cuenta con seis plantas de regasificación, que suponen un porcentaje muy alto respecto al número total en la Unión Europea, que asciende a 20. "Esta es otra buena oportunidad, pero habría que ampliar esa capacidad y aumentar la red de distribución, esperemos que tampoco la perdamos", apunta Cámara, que defiende la necesidad de invertir en esta cuestión porque, además, podría aprovecharse en el futuro para la distribución del hidrógeno.

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Como ha informado El Confidencial, sin embargo, posicionarse como el 'hub' gasístico de Europa también tiene sus complicaciones y el horizonte en este momento no es el mejor. La principal razón tiene que ver con el giro de Pedro Sánchez en la cuestión del Sáhara, que afecta, y mucho, a la cuestión energética. El cambio de parecer del Gobierno de España ha enfadado al principal proveedor, Argelia, que ya ha señalado que privilegiará a Italia por delante de España en esta cuestión. Las próximas semanas servirán para cuantificar hasta qué punto esta amenaza es real y si el Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos se abre a nuevas fórmulas. Aunque sean impopulares.