El decreto para bajar la luz en España obliga a más usuarios a pagar los costes que el de Portugal

Los consumidores españoles afrontan en este momento mayores costes que los portugueses por el pago del mecanismo ideado para bajar el precio de la luz en el mercado ibérico. En España, el decreto publicado en el BOE especifica que los contratos a precios fijos que se prorroguen pasarán a asumir el mecanismo de ajuste por el que se pagará el gas a las plantas de generación eléctrica, cuando Bruselas dé su plácet definitivo. Esto, sin embargo, no se incluye así en el caso de la normativa que se publicó simultáneamente en Portugal, ya que no incluye en el pago del ajuste las prórrogas de contratos a precio fijo en su decreto ley, lo que implicaría un sobrecoste de alrededor de 600 millones de euros más para los usuarios españoles, según las primeras estimaciones sectoriales.

Antes esta situación, fuentes al tanto de las negociaciones hispanolusas para sacar adelante su normativa, que aún está pendiente de que la Comisión Europea la apruebe de forma definitiva, aseguran que los Gobiernos de ambos países son conscientes de que la normativa ha sido redactada de forma distinta por ambos estados y la interpretación de que las prórrogas no se incluyen en el caso luso puede generar una asunción distinta de costes del mecanismo. En cualquier caso, el ministro de Medioambiente y Acción Climática de Portugal, Duarte Cordeiro, sale al paso de esta cuestión y señala en declaraciones a El Confidencial que "la normativa debe aplicarse a todos y para nosotros no hay excepciones".

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Las fuentes al tanto de la normativa portuguesa explican que mientras España aprobó un real decreto muy extenso (63 páginas) que contemplaba toda la complejidad que entraña esta normativa, en el caso de Portugal se hizo un decreto mucho más sencillo de sólo siete páginas y será ahora, una vez se desarrolle el plan a través de la Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), homólogo de la CNMC española, cuando se puedan hacer la matizaciones pertinentes para evitar discriminaciones entre los usuarios lusos y los españoles. Falta por ver hasta qué punto todo esto puede demorar aún más la entrada en vigor del plan para bajar la luz.

Las diferencias de los dos decretos

El Real Decreto-ley 10/2022, por el que se establece un mecanismo de ajuste de costes de producción para la reducción del precio de la electricidad en el mercado mayorista, contempla en España en su artículo 8 que "los instrumentos de cobertura a plazo firmados con posterioridad a dicha fecha, así como las renovaciones, revisiones de precio o prórrogas de los instrumentos de cobertura de fecha anterior al 26 de abril de 2022 que se produzcan con posterioridad a dicha fecha, no podrán emplearse como medio para que la energía asociada a los mismos pueda resultar exenta del pago del coste del ajuste".

A diferencia de lo anterior, el Decreto-ley 33/2022, firmado por el presidente y el primer ministro de Portugal, especifica en el punto 5 del artículo 7, dedicado a las exenciones, que se incluye en la contribución de costes del mecanismo de ajuste la renovación de contratos, así como aquellos que modifiquen sus condiciones. Pero el texto normativo no incluye las prórrogas, como sí hace España.

Expertos del sector explican que la diferencia técnica es clave, ya que una prórroga consiste en la extensión automática o tácita del contrato (es decir, se extiende la duración si ninguna de las partes se opone). Lo único que se hace es alargar la duración, pero se mantienen invariables el precio y el resto de condiciones. A diferencia de lo anterior, una renovación es cuando las dos partes se ponen de acuerdo explícitamente en prolongar el contrato, y ahí pueden incluir modificaciones del precio o de cualquier otra condición.

Esto afecta sobre todo a los clientes domésticos. Aunque técnicamente dichos contratos suelen tener una duración de un año, son tratados como si fueran de duración indefinida. Se van extendiendo hasta que el cliente diga que se quiere ir. Esto significa que los clientes y comercializadoras portuguesas que prorroguen sus contratos se librarán de pagar el ajuste al gas, algo que no ocurrirá con los clientes españoles, según se desprende de las diferencias entre los dos textos normativos aprobados.

La distinta redacción de los dos países para los que Bruselas ha aprobado la intervención del mercado eléctrico tiene una fuerte diferencia a la hora de asumir los costes de este plan, pese a que el mercado de ambos países es común y dicho mercado marginalista se verá igual de afectado a los dos lados de la frontera. Además, los expertos en regulación consultados confirman que la definición de prórroga y renovación es la misma en ambos países.

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Las primeras estimaciones del sector llevan a que, de no haber cambios, los consumidores españoles asumirían alrededor de 600 millones de euros más que los portugueses. Este cálculo sale de considerar que el total del ajuste al gas estará en alrededor de 3.000 millones de euros. Los consumidores domésticos de España y Portugal con precios fijos, proclives a que se prorroguen sus contratos, suman alrededor de 73 TWh. De ellos, en torno a 10 TWh son de clientes portugueses, que se escaparían de financiar el mecanismo de ajuste. Como la financiación del mismo es gradual, se considera que hay más de 31 TWh de demanda española que financiarían la medida, cosa que no harían sus equivalentes portugueses. Y tomando en 20 euros la compensación, supondría unos 600 millones de euros que pagarían de más los usuarios españoles.

Desde el Gobierno español, ya se admitió antes de lograr el plácet definitivo de Bruselas a este plan que había diferencias con sus homólogos portugueses, razón por la que el proceso de aprobación se habría demorado en el tiempo. Entre las razones, están las fuertes diferencias que hay entre la estructura de contratos en España y Portugal. La idea inicial del departamento liderado por Teresa Ribera era que todos los contratos, sean a plazo o indexados al mercado mayorista, pagaran el ajuste al gas. Eso hace que al dividirse entre más consumidores, la compensación sea menor para los 10 millones de usuarios adscritos a la tarifa regulada (PVPC), la que más ha subido y que está disparando el dato de IPC en España.

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Sin embargo, la mayoría de usuarios en el mercado portugués tienen un contrato a largo plazo, por lo que no se han visto tan sacudidos por la subida de precios a nivel mayorista. Esto llevó a sus técnicos a pelear por que los consumidores con contratos a largo plazo no financiaran el mecanismo de ajuste. Ahora, dejar de pagar el ajuste por las prórrogas de los contratos sería un segundo peaje para España, que también está pagando parte de esta bajada de la luz a los consumidores franceses.

El hecho de que Portugal haya excluido del pago del ajuste los contratos que decidan no cambiar sus condiciones previas a la entrada del nuevo mecanismo cuando se prorroguen tiene sentido, según fuentes del sector, ya que no se estarían beneficiando del propio sistema de ajuste. Lo que tendría menos sentido, de nuevo a ojos de fuentes expertas del sector, es que en España los usuarios que prorroguen su contrato sin modificar condiciones sí entren a pagar el mecanismo, tal y como aparece en la redacción de la normativa. Pero eso podría llevar de nuevo a que el ajuste se pague entre menos usuarios, quedando cada vez más en cuestión el potencial ahorro.

Sea como fuere, la diferencia entre ambos decretos, por ahora, corre a favor de los usuarios del país vecino, cuyas urgencias para bajar la electricidad eran menores, dado que están más cubiertos, con la mayoría de clientes residenciales protegidos con contratos a precio fijo. El Banco de España ya advirtió la pasada semana de que España es uno de los países del mundo donde más han aumentado los costes energéticos desde septiembre de 2021. Bruselas ha obligado a España a cambiar la tarifa regulada española, que recoge hora a hora la volatilidad del mercado mayorista, en nivel récord: ronda los 200 euros por MWh (aunque ha llegado a estar en determinadas horas de marzo en 700 euros por MWh) cuando la media de los últimos años era de 50 euros MWh.