El Gobierno recorta 1.800 millones a las eléctricas para bajar la luz a 10 millones de hogares

El Gobierno recortará la retribución de las compañías eléctricas en alrededor de 1.800 millones de euros para bajar el recibo de los más de 10 millones de consumidores que están acogidos a la tarifa regulada PVPC gracias al tope al gas aprobado en Consejo de Ministros este viernes. Se trata del colectivo, junto con la gran industria, más perjudicado por el alza de precios en los mercados, ya que su tarifa está vinculada al mercado marginalista, que está en nivel récord desde el pasado otoño.

Pero, a su vez, también serán los que más noten —y de forma más intensa— el efecto de las medidas regulatorias aprobadas, aún pendientes del ok definitivo de Bruselas.

"La subida de precios del mercado diario e intradiario y su alta volatilidad han perjudicado especialmente a los pequeños consumidores domésticos con potencia contratada menor o igual a 10 kW, que se encuentran acogidos al precio voluntario para el pequeño consumidor, entre los que se encuentran los consumidores vulnerables con derecho a la aplicación del bono social", advierte el Gobierno en uno de los últimos borradores sobre el real decreto aprobado este sábado en el BOE.

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El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, calificó de "tontos" a los usuarios de esta tarifa que regula el Ejecutivo (de los que 3,3 millones son clientes de la propia Iberdrola), una declaración que a la vicepresidenta Tercera, Teresa Ribera, "produjo un profundo bochorno", según afirmó este viernes. La ministra "dudó de que fuera muy acertado" el comunicado de disculpa que emitió la eléctrica posteriormente.

Según el Ministerio para la transición Ecológica, el precio que se paga en el mercado marginalista —casi la mitad del recibo PVPC— pasará de un promedio de 210 euros por MWh del primer trimestre de 2022, a unos 130 euros por MWh durante el año en que se aplique el hachazo, que aún tardará en entrar en vigor al menos dos semanas más: la ayuda estará viva hasta después de las elecciones municipales y autonómicas de 2023. Teniendo en cuenta que el 20% de la generación eléctrica procede de las plantas de gas y carbón, que seguirán recibiendo el precio actual sin rebajar, hay hasta un 80% de tecnologías que verán una minoración de sus ingresos de entorno al 40%, esos 80 euros menos por MWh.

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En total, en España se generan unos 28 TWh al año para el consumo de los clientes del PVPC, con lo que estos pagarán 1.800 millones de euros menos a la hidráulica, la nuclear y el resto de renovables, cuya propiedad está en manos principalmente de Iberdrola, Endesa, Naturgy, EDP y Acciona. No obstante, el ahorro que obtendrán los consumidores es indeterminado, ya que dependerá del precio del gas en los mercados mayoristas y el volumen de uso de las plantas de generación con gas y carbón. Los clientes tendrán que pagar esa compensación, por lo que aún no se sabe cuánto ahorrarán en total.

Desde el departamento dirigido por Teresa Ribera no han cuantificado el ahorro ni si los 130 euros por MWh incluyen la compensación. El sector espera que el ahorro será inferior por el pago de la compensación.

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Las eléctricas no solo perderán esos 1.800 millones de euros que dejarán de pagarles los usuarios del PVPC, sino que también aminorarán la facturación a gran parte de la industria y otros clientes indexados a 'pool', lo que supondrá otros varios miles de millones de euros. Sin embargo, a día de hoy no se puede cuantificar el golpe total, ya que aún falta por saber cuántos contratos bilaterales a plazo, que están excluidos del recorte, se presentan en los próximos días.

El alivio a los clientes del PVPC tendrá que ir acompañado de la reforma de esta tarifa por exigencia de Bruselas, que ha permitido la excepción ibérica del tope al gas a cambio de que se implemente esta reforma. El Ejecutivo comunitario quiere desindexarlo del mercado mayorista, de extremada volatilidad. Transición Ecológica se ha comprometido a tener lista esa reforma para enero de 2023. Deberá tener diseñada para entonces una tarifa más estable que evite a los consumidores estar expuestos a los vaivenes actuales.