Moncloa se asegura un fuerte crecimiento hasta 2023 y mete en apuros a Casado

No está claro que la situación económica, por sí sola, sea capaz de ganar unas elecciones —hay conclusiones en ambos sentidos tanto en la democracia española como en la experiencia internacional—, pero es seguro que una buena coyuntura ayuda, y mucho, a ganar votos. Y ese es, precisamente, el horizonte que se le presenta al Gobierno, y, por lo tanto, en sentido contrario, pone en dificultades al Partido Popular de Pablo Casado, que debe contrarrestar una situación económica netamente favorable para los intereses de Moncloa. Sin contar aspectos más formales, pero que tienen indudable trascendencia mediática, como es que España tendrá la presidencia rotatoria de la Unión Europea durante el segundo semestre de 2023. Por lo tanto, coincidiendo con las elecciones generales.

Un primer dato así lo acredita. Todo indica, a partir de la información que se conoce sobre la evolución de la afiliación a la Seguridad Social en julio y la primera mitad de agosto, que ya en el tercer trimestre de este año se recuperarán los niveles de empleo existentes antes de la pandemia en términos EPA (faltan 295.300 puestos de trabajo), lo que significa que España volverá a rozar los 20 millones de puestos de trabajo (otra cosa es la calidad del empleo). Se trata de un nivel no alcanzado desde el cuarto trimestre de 2008. Es decir, desde la anterior crisis económica.

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Esta cifra tiene algo de simbólica porque es la que esgrimió en repetidas ocasiones el expresidente Rajoy durante la última campaña electoral a la que se presentó para avalar la estrategia económica de su Gobierno, pero ahora será Sánchez quien la podrá capitalizar políticamente. De hecho, si se cumplen las previsiones de todos los institutos de coyuntura y de los organismos económicos multilaterales, es muy probable que a lo largo de 2023 —en principio, el año electoral— se alcance el nivel máximo de empleo logrado por la economía española en su historia.

Objetivo probable

En el cuarto trimestre de 2007, en concreto, antes de que estallara la burbuja inmobiliaria, la Encuesta de población activa (EPA) mostró la existencia de 20,7 millones de ocupados, lo que significa que, al finalizar el segundo trimestre de este año, todavía faltarán alrededor de 700.000 empleos para superar el récord histórico de empleo en la economía española. No parece un objetivo improbable o inalcanzable teniendo en cuenta que la economía tiene por delante al menos cinco trimestres (hasta acabar el año 2022) de intenso crecimiento económico. En 2023, también crecerá, pero ya de una manera más moderada.

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Hay que tener en cuenta que en 2021, según la media de las previsiones de los 20 institutos de coyuntura que participan en el Panel de Funcas, el PIB avanzará un 6,1%, y el próximo una tasa similar. Teniendo en cuenta la estrecha correlación entre crecimiento del producto interior bruto y el empleo (los avances en productividad siguen siendo modestos), eso significa un fuerte aumento de la ocupación. La productividad, en concreto, apenas avanzó, según el Banco de España, apenas un 0,2% durante la anterior fase expansiva (entre 2014 y 2019), lo que da idea de la dependencia que tiene la economía española de la evolución del mercado de trabajo. El aumento del PIB depende casi exclusivamente del empleo.

Aunque para 2023 las previsiones todavía contienen muchas incertidumbres (exteriores e interiores), para ese año —con una doble cita electoral— el Gobierno prevé un aumento del PIB real equivalente al 3,5%, lo que significa que la economía seguirá creando puestos de trabajo de forma intensa. Eso llevaría la tasa de paro al 13,2%, que es el nivel más bajo desde el tercer trimestre de 2008, al comienzo de la anterior recesión.

Opinión

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La economía española, no hay que olvidar, es fuertemente procíclica en términos de empleo. Tiende a sobreactuar cuando el ciclo es alcista y destruye empleo con fuerza cuando cambia de signo. Esto se explica porque muchos de los puestos de trabajo creados durante la expansión (fundamentalmente por los contratos temporales y la precarización del empleo) son de baja productividad, lo que hace que los empresarios, cuando vienen mal dadas, opten por prescindir de la ocupación menos cualificada para enfrentarse a la caída de la actividad, algo a lo que sin duda ayuda la legislación laboral, marcada por la dualidad.

La evolución del empleo, en todo caso, depende de otros factores que también muestran un horizonte despejado hasta las próximas elecciones. En particular, tres factores: la llegada de los fondos europeos, con una enorme capilaridad sobre el tejido productivo, la política monetaria ultraexpansiva por parte del Banco Central Europeo (BCE) y, por último, el enorme ahorro acumulado por los hogares durante la pandemia, que se sitúa en niveles históricamente elevados, lo que favorece el consumo y da alas a la economía.

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Según Eurostat, el exceso de ahorro en la UE se sitúa en torno a los 600.000 millones de euros, lo que favorece, como es nuestro caso, a países muy dependientes del turismo y del comercio. En el caso de España, el exceso de ahorro, tanto por el llamado efecto precaución como por el forzoso (al existir restricciones en la movilidad), se situaría en torno a los 60.000 millones de euros, según las estimaciones de Funcas. Dinero dispuesto a ser gastado tras las restricciones de los últimos 18 meses.

Reglas fiscales congeladas

El BCE, por su parte, se ha comprometido, hasta finales de marzo de 2022, a seguir comprando deuda pública y privada. En todo caso, “hasta que se considere que la fase de crisis del coronavirus ha terminado”, lo que, unido al hecho de que las reglas fiscales de la Unión Europea permanecerán congeladas durante 2022, es un claro aliciente para que los gobiernos puedan seguir haciendo políticas de estímulo de la demanda. Y la prueba del nueve es que la deuda pública española se ha disparado hasta el 122% del PIB. Entre otras razones, porque las nuevas emisiones tienen coste cero y las compra directamente el BCE.

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Los primeros ajustes en el gasto público, por lo tanto, no llegarían hasta 2023, pero no hay que olvidar que el cumplimiento del nuevo escenario de consolidación fiscal que se vaya a pactar en su día con Bruselas no se haría hasta 2024. Es decir, ya pasadas las elecciones generales. Antes, en teoría, deben celebrarse las municipales y autonómicas, que históricamente han influido de una forma muy relevante en el resultado de los comicios generales.

El horizonte, en todo caso, en el plano económico, no está exento de cisnes negros, como también sucede en el político. En particular, por el efecto que tiene el alza de las materias primas sobre la inflación, que merma el poder adquisitivo de los salarios. Este año, sin ir más lejos, mientras que los salarios pactados en convenio están creciendo a un ritmo del 1,6%, el IPC aumenta un 2,9% en términos anuales. Igualmente, la Reserva Federal tenderá a relajar los estímulos de su política monetaria, lo que normalmente es una fuente de tensión en los mercados que tarde o temprano se traslada a la economía real. Sin contar, lógicamente, el efecto que puede tener la evolución de la pandemia. O el hecho de que se pueda producir una crisis de Gobierno si abandonan a Sánchez sus socios parlamentarios. En particular, Unidas Podemos y ERC.