Deuda récord a coste cero: España se financia gratis en 2021 por el respaldo del BCE

El incremento de la deuda pública es uno de los grandes lastres que ha dejado la crisis del coronavirus en España. Los últimos datos muestran que las administraciones públicas españolas acumulan ya un monto de deuda equivalente a más del 125% del PIB, cifras sin parangón en 140 años. Y las previsiones de que el Estado seguirá registrando abultados déficits en los próximos años hacen difícil atisbar una senda de reducción significativa de esta deuda.

Este escenario ha alimentado tenebrosos augurios sobre el futuro del país. La perspectiva de un futuro hipotecado por los costes de la abultada deuda pública ha sido una advertencia constante en las proyecciones que se han hecho sobre España en los últimos tiempos. Y las recientes presiones inflacionarias, que han azuzado el temor a un próximo viraje en las políticas monetarias, han venido dando pábulo a estas inquietudes.

Sin embargo, hasta la fecha, los números se alejan de esta idea lúgubre. Las últimas cifras publicadas por el Tesoro Público español evidencian que toda la deuda pública del Estado acumulada desde el inicio del año, que roza ya los 200.000 millones de euros, se ha colocado a un coste medio del 0%. Es decir, el incremento de la deuda pública a lo largo del año ha salido gratis a las arcas públicas.

Estos datos representan un nuevo hito en una dinámica de costes de la deuda que ha tendido constantemente a la baja a lo largo de la última década, reflejando el notable impacto que han tenido las políticas de estímulo del Banco Central Europeo (BCE). Las compras que la institución viene realizando para combatir los efectos de la pandemia (el programa PEPP) ya han supuesto la compra neta de más de 140.000 millones de euros de bonos públicos españoles.

Y la confianza en que este respaldo se mantendrá durante un tiempo prolongado —reforzada por el cambio estratégico del banco central— no solo ha permitido aplacar las preocupaciones por el repunte de la inflación, sino que ha conducido en las últimas semanas el coste de los bonos nuevamente cerca de sus niveles mínimos. El interés del bono español a 10 años cerró este jueves en el 0,22%, casi 40 puntos básicos por debajo del máximo anual, registrado a mediados de mayo. La caída de los costes también se ha visto favorecida por el anuncio reciente por parte del Tesoro de una reducción de 20.000 millones de euros de la deuda pública prevista para 2021.

De este modo, España logró cerrar las emisiones de julio a un coste medio negativo (es decir, los inversores pagaron a España por su deuda), después de tres meses consecutivos cerrados con rentabilidades positivas y llevando la rentabilidad media del año al 0%. Esta situación ha permitido seguir reduciendo los costes medios totales de la deuda del Estado, que actualmente se sitúan en el 1,66%, casi 30 puntos básicos menos que hace un año y casi un 60% menos de los niveles de hace una década, cuando la crisis de la deuda situó el país al borde del precipicio fiscal.

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España ha conseguido este hito, además, sin renunciar a seguir alargando la vida media de su deuda (por norma general, a mayor plazo de vencimiento, mayor es la rentabilidad que exigen los inversores). Al cierre de julio, el vencimiento medio de la deuda española en circulación alcanzaba la cifra récord de 8,14 años, tras cerrar el ejercicio anterior con una vida media de 7,75 años.

Este abaratamiento de los costes ha sido crucial para que España haya podido asumir el notable incremento de su deuda pública en los últimos años sin poner en cuestión su solvencia. De hecho, pese a duplicarse en la última década, al coste medio actual, el país asume una factura anual por su deuda casi un 20% inferior a la de 2011. Esta situación, que tiene su correlato en la práctica totalidad de los países europeos, ha dado pie a teorías que abogan por relativizar el problema de los niveles de deuda pública y medir esta más en relación con sus costes que con su montante total.

Una lectura no tan favorable

Es obvio que el abaratamiento de los costes hasta estos niveles resulta una noticia muy positiva para las arcas públicas. Sin embargo, esta realidad también encierra una lectura no tan favorable. Sobre todo si se atiende a cómo se ha llegado a esta situación, que es, principalmente, por la fuerte influencia de las compras del BCE. La institución que dirige Christine Lagarde concentra ya, según los últimos datos disponibles —correspondientes a mayo—, más del 30% de la deuda total emitida por España, tras elevar su cartera de deuda nacional en cerca de 38.000 millones de euros en el año.

El BCE es, de hecho, el único de los grandes grupos de tenedores de deuda española que ha incrementado su participación sobre el total de las letras y bonos del Tesoro, mientras que los inversores extranjeros han rebajado su cuota de títulos de deuda españoles a su nivel más bajo desde 2013. Esta situación plasma una creciente dependencia de España del respaldo del BCE y evidencia la vulnerabilidad del país ante un hipotético viraje de la política monetaria europea, por el que varios países de la región vienen abogando desde hace tiempo.