El BCE acapara un 30% de la deuda española mientras el inversor internacional se repliega

A estas alturas parece fuera de discusión la importancia que tiene el BCE para la estabilidad de la economía española. Desde que en el verano de 2011 la institución que por entonces presidía Jean-Claude Trichet intervino en los mercados para aplacar una oleada de tensión en torno a la deuda de España (y de Italia) en el contexto de la crisis que se extendía por la periferia de la eurozona, el papel que ha ido jugando para garantizar la viabilidad financiera del país no ha hecho sino incrementarse. Una realidad que la crisis del coronavirus ha agudizado de forma ostensible.

Aunque son muchas las vías por las que el BCE ha prestado soporte a la economía nacional, las compras de deuda han representado la fórmula más destacada de ayuda, permitiendo a España financiar unos niveles crecientes de deuda a unos costes mínimos, que difícilmente se podrían justificar sin la intervención del supervisor. Según los últimos datos del Tesoro, la deuda del Estado en circulación al cierre de junio superaba los 1,2 billones de euros, que ha sido colocada a un tipo medio del 1,657%, lo que, 'grosso modo', supone que el país asume hoy un coste anual por su deuda algo inferior a los 20.000 millones de euros.

La montaña actual de deuda estatal drenaría de las arcas públicas cerca de 49.000 millones de euros

Este dato contrasta de forma marcada con la realidad a términos de 2011, cuando la deuda del Estado era menos de la mitad de la actual, pero el tipo medio superaba el 4%, lo que arrojaba un coste anual por encima de los 24.000 millones de euros. A los intereses de entonces, la montaña actual de deuda estatal drenaría de las arcas públicas cerca de 49.000 millones de euros, alrededor del 70% de los fondos que recibirá el país en forma de transferencias en el marco del programa europeo Next Generation EU.

De este modo, España ha ido cayendo en una creciente dependencia de las actuaciones del BCE para financiarse en los mercados. Una realidad que se plasma en el hecho de que la institución con sede en Fráncfort acaparaba al cierre de abril (último dato disponible) casi el 30% de la deuda española en circulación (y alrededor de un tercio si solo se tienen en cuenta los bonos y obligaciones), una cifra que se ha elevado en más de ocho puntos desde el estallido de la crisis del coronavirus en febrero de 2020.

Al término de aquel mes, el BCE mantenía en su cartera 212.717 millones de euros de deuda soberana española, lo que representaba un 21,4% del total. Pocas semanas después, la presidenta del supervisor monetario, Christine Lagarde se vio forzada a poner en marcha un programa de emergencia de compra de deuda (el PEPP), ante la constatación de que las tensiones generadas por el 'shock' pandémico estaban reabriendo las grietas de la eurozona, lo que se manifestaba en un acelerado repunte de las primas de riesgo de países como España, Italia o Grecia. Desde entonces, la cartera de deuda estatal española bajo control del banco central se ha incrementado hasta los 331.268 millones de euros, un 29,73% del total.

Entre los distintos grupos de tenedores de deuda que distingue el Tesoro en sus estadísticas ninguno sigue, ni de lejos, el ritmo de incremento del BCE. De hecho, solo dos grupos más han visto crecer su participación en la deuda nacional: uno es la banca española —que, precisamente, ha podido emplear parte de la liquidez facilitada por el propio BCE para ejecutar estas inversiones—, que supera actualmente los 160.000 millones de euros, un 14,42%, 67 puntos básicos más que el pasado febrero, pero lejos del 16,21% que alcanzó el pasado verano; el otro grupo es el de las empresas no financieras, que apenas representan el 0,09% del total, con poco más de 1.000 millones de euros en su posesión.

Por el contrario, los inversores internacionales, tradicionalmente el grupo más relevante entre los poseedores de la deuda española, mantienen desde el inicio de la crisis una tendencia decreciente que les ha llevado de una cifra récord del 50,35% en febrero de 2020 al 43,98%, el porcentaje más bajo desde 2014. En términos nominales, este recorte representa una reducción superior a los 10.000 millones de euros, a poco más de 490.000 millones de euros.

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Los expertos sugieren que esta pérdida de apetito internacional por la deuda española cabe achacarla más a la caída de la rentabilidad real de la deuda nacional (aunque los intereses de letras y bonos se encuentran hoy prácticamente en los mismos niveles que al inicio de la pandemia, el repunte de las tasas de inflación aja su atractivo) que a una muestra de desconfianza sobre la economía nacional. Sin embargo, admiten que algunas cuestiones relacionadas con la inestabilidad política, las incertidumbres regulatorias y los persistentes problemas independentistas en Cataluña pueden haber jugado algún papel secundario en esta situación. De hecho, la evolución de la deuda de países como Grecia, Italia o Portugal ha sido mejor, en términos relativos, que la de la española.

Recientemente, un informe de JPMorgan ponía sobre la mesa el hecho de que los inversores japoneses, una de las fuerzas más reseñables de inversión en deuda internacional, han invertido desde 2020 el triple en la deuda italiana que en la de España.

Con tal nivel de dependencia de las compras del BCE, España puede leer como un éxito el giro estratégico anunciado este jueves por el BCE. En los últimos meses han sido recurrentes los episodios de preocupación ante la posibilidad de que la institución decida una próxima reducción de sus compras de deuda, a medida que algunos miembros de la institución han sugerido que el ritmo de recuperación de la economía hace innecesario el nivel de estímulos actualmente en marcha.

Como apunta Ricard Murillo, economista de CaixaBank Research, no hay razones para que estas presiones vayan a menos y, si los recientes brotes del virus no frustran las expectativas de recuperación, tendría sentido que en septiembre se estableciera un calendario más claro de retirada del PEPP, un plan lanzado para dar respuesta a un 'shock' extraordinario y que está llamado a concluir el próximo marzo.

Sin embargo, son muchos los expertos que consideran que, al cambiar su objetivo de inflación a un 2%, con tolerancia a subidas puntuales por encima desde ese nivel (desde el anterior objetivo de cerca, pero por debajo, del 2%), el BCE se ha dotado de un mayor margen para mantener sus políticas de estímulo por más tiempo de lo que actualmente asume el mercado. "La noticia es sin duda favorable porque implica que el BCE podrá seguir con sus programas de compra de activos, y eso quiere decir que a partir de marzo de 2022, cuando acabe el programa de compras especial para la pandemia, podría volver a su programa habitual de compra de deuda (el existente antes de la pandemia) sin presiones para retirar el mismo", considera Rosa Duce, economista jefe de Deutsche Bank España.

España podría seguir contando, de este modo, con el soporte del BCE para financiarse en los mercados por un tiempo prolongado, mientras explora la manera de volver a resultar atractivo para los inversores internacionales.