La pandemia le dará un bocado de 420.000 millones al PIB entre 2020 y 2022

¿Cuánto costará la crisis para el conjunto de la economía española medida a través del PIB? La respuesta, lógicamente, dependerá de la evolución de la pandemia y de la capacidad de recuperación del sistema productivo durante los próximos años. Pero ya hay una primera aproximación. El coste será de unos 420.000 millones de euros, sumando los tres ejercicios que van entre 2020 y 2022. Es decir, la diferencia entre lo que hubiera crecido el PIB en términos tendenciales (un 3% nominal) y el nivel que finalmente se pueda alcanzar partiendo de un crecimiento nominal del 6% este año y el siguiente. Las pérdidas, en concreto, se sitúan en cerca de 170.000 millones el año pasado, unos 140.000 millones en 2021 y 110.000 millones un año después.

Es decir, alrededor del 34% del PIB de 2019, que se situó en 1,24 billones de euros, muy por encima de los 1,12 billones de 2020. España, por lo tanto, habrá perdido alrededor de un tercio de su riqueza generada en un año (2019) por no haber podido mantener la evolución tendencial del PIB previo a la pandemia.

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¿Y cuánto ha costado la crisis a las empresas en términos de valor añadido durante el año 2020? Nada más y nada menos que 105.743 millones, incluyendo en este epígrafe a las sociedades no financieras (sin bancos), a los trabajadores autónomos y a las empresas personales.

El coste es equivalente al 75% de lo que España recibirá en los próximos años con cargo a los fondos europeos Next Generation, lo que da idea de su relevancia, y se reparte de la siguiente manera. Mientras que la retribución del trabajo se ha reducido en 44.366 millones (-8,8 % con respecto al valor del año 2019), en el caso de de las rentas del capital, el quebranto es equivalente a 61.377 millones, lo que supone un 15,1% de descenso en el beneficio bruto. En términos de valor añadido, la central de balances del Banco de España ya estimó una caída del 20,9% en comparación con el año anterior.

Rentas del trabajo y del capital

Los datos proceden de un estudio realizado para Funcas por el catedrático Vicente Salas, exmiembro del consejo de gobierno del Banco de España y uno de los mayores especialistas del país en economía de la empresa, que ha calculado que las ayudas públicas han compensado el 62,8% de las rentas del trabajo perdidas por la pandemia. En total, 27.850 millones de euros, según la comunicación que hizo en su día el Gobierno en el Senado.

El colectivo de autónomos, por su parte, redujo sus ingresos el año pasado en 8.000 millones de euros, según una estimación preliminar, lo que significa que las ayudas públicas de 7.054 millones han cubierto el 88% de la pérdida de ingresos. Se trata, asegura el estudio, de una proporción sensiblemente mayor que la del colectivo de los asalariados.

Ahora bien, agregando todas las pérdidas por menores rentas laborales, las de los asalariados y las de los autónomos, el total de ayudas concedidas por el programa ERTE y similares asciende a 27.850 millones de euros, lo que supone que la compensación a los trabajadores y empresas representa el 63% del total de pérdidas de ingresos en 2020 con respecto a 2019. O lo que es lo mismo, 44.366 millones de pérdida en valor absoluto.

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La compensación por las pérdidas de rentas del capital está aún por determinar, sostiene Salas, quien, sin embargo, cita un artículo publicado por el autor junto a la catedrática de la Universidad de Zaragoza, Pilar Rivera Torres, en el que se concluye que los 11.000 millones aprobados por el Consejo de Ministros en ayudas directas "podrían ser insuficientes".

Según el catedrático Salas, esto quiere decir que la pérdida de valor añadido bruto (VAB) en el conjunto del sector empresarial no financiero en 2020 con respecto al año anterior se reparte en un 42% de pérdidas en rentas del trabajo y un 58% en el caso de las rentas del capital.

Ayudas desequilibradas

Lo que se pregunta Salas, sin embargo, no es solo si esas ayudas del Estado para paliar los efectos económicos de la pandemia han sido suficientes, sino también si han sido equilibradas. Y su respuesta es "no".

La equidad horizontal de las ayudas públicas, como recuerda el autor del artículo, obliga a que haya una proporcionalidad similar de ayudas en relación a las pérdidas que el Estado desea compensar entre todos los colectivos afectados. Pero según sus estimaciones preliminares, "las ayudas públicas en España podrían no haber cumplido el principio de equidad horizontal".

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Por un lado, las ayudas por pérdida de actividad a los trabajadores autónomos han cubierto una proporción de pérdida de rentas del trabajo mayor que la que cubren las ayudas que han recibido los trabajadores asalariados. Por otro, la pérdida de rentas del trabajo, es decir, la suma de asalariados y autónomos, que se compensa con ayudas públicas es mayor que la compensación por pérdidas de rentas del capital. Por último, las empresas que han cubierto sus necesidades financieras con fondos propios, ya sean por necesidad de liquidez o por inversión nueva, tienen menos probabilidades de recibir ayudas públicas que las empresas que cubren necesidades acudiendo a financiación bancaria con aval público.

Su conclusión es que "podrá argumentarse que el legislador ha primado el criterio de compensar a los distintos colectivos en relación inversa a la capacidad de soportar las pérdidas". Pero eso, sostiene el autor del estudio publicado por Funcas, debería aclararse por razones de transparencia. O expresado de otra forma, los anuncios de ayudas públicas deberían acompañarse de información sobre el montante de pérdidas que se pretenden compensar, y sobre los colectivos que las van a percibir.

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