El Gobierno notifica a la UE un déficit en 2021 superior al previsto: 95.700 M y un 8% del PIB

El parón de la economía en el inicio del año por la tercera ola del virus y el retraso en la movilización de los fondos europeos provocarán que el déficit público al cierre del año sea del 8% del producto interior bruto (PIB), superior al 7,7% estimado inicialmente por el Gobierno tras la presentación de los Presupuestos Generales del Estado. Así se lo ha comunicado el Gobierno a Bruselas en el envío de la primera notificación de déficit realizada el pasado 30 de marzo en el marco del semestre europeo. Esto es, justo un día después de publicar los datos de déficit del cierre de 2020, que mejoraron sus previsiones iniciales.

El Gobierno comunicó a la Comisión Europea que el déficit en 2021 será de 95.700 millones de euros. Esta cifra es similar a la que estimó en el Plan Presupuestario remitido a Bruselas. Sin embargo, desde entonces, el Gobierno ha recortado drásticamente sus previsiones de crecimiento, lo que implica que la ratio de déficit sobre el PIB sería superior a la comunicada inicialmente. En octubre, estimaba que el crecimiento del PIB sería del 10,8%, del cual 9,9 puntos procederían del crecimiento real y otros 0,9 puntos se deberían a la inflación.

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Sin embargo, a principios de abril, el Ministerio de Economía reconoció que esa cifra era demasiado optimista y recortó el crecimiento del PIB en nada menos que 3,3 puntos. Las causas argüidas fueron dos: los rebrotes del virus estaban retrasando la recuperación y los fondos europeos se están retrasando. El resultado es que el PIB no crecerá un 10,8%, como comunicó el Gobierno a Bruselas, sino que la nueva previsión se sitúa en el entorno del 7,4%. La cifra exacta la publicará el Gobierno la próxima semana, cuando presente el nuevo programa de estabilidad, pero, con una estimación del 6,5% para el PIB real, la inflación difícilmente aportará más de un punto al PIB en precios corrientes.

Como consecuencia, los 95.700 millones de déficit que prevé el Gobierno y que comunicó a Bruselas hace tres semanas suponen el entorno del 8% del PIB, tres décimas por encima del dato estimado inicialmente. El Gobierno previsiblemente revisará estas cifras en el programa de estabilidad, sin embargo, será difícil que pueda mejorarlas. Por dos motivos: el primero es que algunas de las políticas de protección social se están teniendo que prolongar como consecuencia de la persistencia de la crisis.

Es el caso, por ejemplo, de los ERTE (expedientes de regulación temporal de empleo) y el cese de actividad de los autónomos, que el propio Gobierno ha mostrado su intención de prolongar hasta el otoño. En las estimaciones de déficit de octubre, el Ministerio de Hacienda solo contabilizó la duración de estas prestaciones hasta el 31 de enero, pero es muy probable que finalmente se prolonguen durante el resto del año, lo que implicará un mayor gasto público y menores ingresos de cotizaciones sociales.

En segundo lugar, la rebaja de las previsiones de PIB tendrá una incidencia negativa sobre la recaudación. La menor demanda tendrá un impacto sobre los impuestos de los productos, como el IVA o los impuestos especiales, mientras que la ralentización del empleo afectará al IRPF y a las cotizaciones sociales.

Reducir la deuda

Una de las metas importantes que se fijó el Gobierno con la presentación de los Presupuestos Generales del Estado era el inicio de la consolidación fiscal. Aunque el gasto público seguiría siendo elevado para responder a la crisis sanitaria y económica, el crecimiento del PIB permitiría reducir no solo el déficit público, sino también el endeudamiento de las administraciones públicas, esto es, la ratio de deuda/PIB. Sin embargo, con las nuevas previsiones de déficit enviadas a la Comisión Europea y la actualización del cuadro macroeconómico, este objetivo se complica.

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En concreto, el Gobierno estima que la deuda pública superará los 1,4 billones de euros al cierre del año, lo que implica un aumento de 110.000 millones de euros. Para que el PIB registre un crecimiento superior y, por tanto, se reduzca la ratio de deuda, tendrá que registrar un avance nominal (PIB real más inflación) superior al 9%.

Esta cifra se superaba de forma holgada con la previsión de crecimiento del 10,8%, lo que garantizaba que España empezaría a reducir su endeudamiento este año. Sin embargo, ahora que el Ministerio de Economía ha corregido a la baja esas cifras, el objetivo se complica drásticamente. Con un crecimiento del 7,5%, la deuda se iría hasta el entorno del 121% del PIB, un incremento de un punto respecto al cierre de 2020. Aunque no es un incremento muy abultado, gracias al fuerte repunte del PIB en la segunda mitad del año, implica que no se alcanzará la meta de empezar a reducir la deuda pública ya en 2021.