El Gobierno condicionará las ayudas directas a las empresas al pago de gastos fijos

El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes el paquete de 11.000 millones de euros con ayudas a los sectores más castigados por la crisis, especialmente turismo y hostelería. Una parte de este nuevo plan se destinará, por primera vez desde el inicio de la crisis del coronavirus, a ayudas directas a empresas y autónomos, entendidas como transferencias. Ayudas que se vehicularán a través de las comunidades autónomas, y estarán condicionadas al pago de gastos fijos, desde alquileres o facturas a salarios, según avanzan fuentes del Ministerio de Economía, que dirige Nadia Calviño. Se diferenciará así de la prestación para los autónomos, que cobraron 510.000 el mes pasado y para lo que se destinaron 400 millones en ayudas directas, ya que en este caso no están condicionadas y se pueden gastar libremente.

El Gobierno transferirá a las comunidades autónomas una cantidad de este paquete de ayudas para que sean estas administraciones quienes las repartan, de forma adicional a los 2.000 millones que percibirán de los fondos europeos para el mismo fin. Sin embargo, todavía está por definir qué porcentaje de los 11.000 millones se destinará a ayudas directas. Este capítulo estaba pendiente de desarrollo cuando se presentó el jueves en la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios. El resto se destinará a reestructurar las deudas por los créditos del ICO y a recapitalizaciones.

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Jorge Zuloaga

La decisión de destinar ayudas directas para el pago de gastos fijos supone un salto cualitativo en la estrategia seguida hasta ahora por Economía y responde a una demanda transversal por parte de otros ministerios concernidos en el plan. El socio minoritario del Ejecutivo había presionado para que el Estado asumiese junto a las comunidades autónomas las ayudas directas. Se supera por tanto el debate terminológico, ya que Calviño siempre había defendido como ayudas directas los ERTE, las recapitalizaciones o la conversión de créditos en otros instrumentos de capital.

El objetivo del plan pasa por reducir los niveles de endeudamiento de las empresas y reforzar su solvencia, pero también por facilitar el pago de los costes fijos. A ello se suman otros planes en marcha, como las extensiones de plazo por tres años y carencias de los créditos por 12 meses adicionales, hasta un total de 24 meses, que están en vigor desde noviembre.

Las bases del proyecto llevado el pasado jueves a la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, paso previo para su aprobación en el Consejo de Ministros, han sonado bien en el resto de los ministerios. Incluidos los de los morados, que habían trasladado por su cuenta propuestas a Economía con la insistencia de que una parte de estos 11.000 millones se destinase a ayudas directas. Todo ello a pesar de que habían elevado las críticas ante la falta de respuesta a sus propuestas, advirtiendo de que "lo que el Estado no gaste ahora en ayudas directas a empresas para evitar aumentos de la deuda pública se lo podría terminar gastando en subsidios por desempleo si quiebran las empresas en situación de fragilidad".

Su planteamiento pasaba por un esquema de cooperación entre administraciones y repartiendo las cargas financieras: "Por cada euro que inyecte una comunidad autónoma, el Estado se comprometerá a aportar otro euro en forma de ayudas directas", recogía el texto de la propuesta.

Para los autónomos, se proponía incrementar hasta el 70% de la base reguladora la cuantía de todas las ayudas por cese de actividad

Las ayudas serían mensuales y con carácter retroactivo desde este 1 de marzo hasta final de año. Para aquellas empresas de menos de 50 empleados que acrediten una caída del 30% en el volumen de facturación con respecto al mismo mes de 2019, se destinaría una ayuda directa para cubrir el 75% de los costes fijos. En el caso de las micropymes, el porcentaje se elevaría al 90%. Para los autónomos, se proponía incrementar hasta el 70% de la base reguladora la cuantía de todas las ayudas por cese de actividad. Ayudas directas que, según insisten, toman como referencia las ya aprobadas en otros países de nuestro entorno, como Alemania o Francia.

Se planteaban asimismo moratorias por parte de la banca de obligaciones financieras por préstamos, arrendamientos financieros u otros productos bancarios vinculados a la actividad de pymes y autónomos, además de medidas dirigidas a luchar contra la morosidad en los pagos que grandes empresas adeudan a pequeñas empresas y autónomos.