Podemos presiona para que Gobierno y CCAA asuman las ayudas directas al 50%

La forma de articular las ayudas económicas a los sectores más castigados por la crisis sanitaria y económica, principalmente hostelería, turismo y restauración, genera cada vez más divergencias en el seno del Gobierno. Se trata de un debate tanto cualitativo como cuantitativo, es decir, qué se entiende por ayudas directas, qué cantidad del paquete de 11.000 millones anunciado por Pedro Sánchez se destinará a reducir endeudamiento a través de quitas del ICO y cuánto se transferirá directamente a pymes, autónomos y resto de empresas. Si bien la última palabra la tendrá la vicepresidencia económica, Nadia Calviño, cuyo departamento está desarrollando el plan con el compromiso de llevarlo al Consejo de Ministros este mes de marzo, son varios los ministerios concernidos que pretenden influir con sus propuestas y desde Unidas Podemos han elevado la presión para que se produzcan transferencias directas desde el Estado.

La intención de Economía es que sean las comunidades autónomas quienes vehiculen las ayudas directas, entendidas como transferencias, a falta de concretar la fórmula para ello y definir en qué se tendrían que invertir dichas ayudas o qué tipo de costes cubrirían, según fuentes del Gobierno. Otras fuentes de este departamento, por su parte, defienden que "hay muchas formas de hacer ayudas directas", poniendo el foco, además de en reducir los niveles de endeudamiento de las empresas, en la reducción de costes, en aliviar la presión fiscal y en reforzar su solvencia. En esta línea, la propia Calviño calificaba esta semana como ayudas directas las recapitalizaciones o la conversión de créditos en otros instrumentos de capital. No se descarta complementar desde el Estado las ayudas que se den desde las comunidades autónomas.

Desde uno de los ministerios dirigidos por los morados, lamentan que para Economía "todo son ayudas directas menos las ayudas directas" y reconocen la falta de receptividad a sus propuestas. Unidas Podemos trasladó a sus socios un documento en el que proponía, como punto intermedio a las intenciones iniciales de Economía, articular el plan bajo un esquema de cooperación entre administraciones y repartiendo las cargas financieras: "Por cada euro que inyecte una comunidad autónoma, el Estado se comprometerá a aportar otro euro en forma de ayudas directas", recogía el texto.

Se planteaban asimismo moratorias por parte de la banca de obligaciones financieras por préstamos, arrendamientos financieros u otros productos bancarios vinculados a la actividad de pymes y autónomos, además de medidas dirigidas a luchar contra la morosidad en los pagos que grandes empresas adeudan a pequeñas empresas y autónomos.

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Según el esquema de los morados, las ayudas serían mensuales y con carácter retroactivo desde este 1 de marzo hasta final de año. Para aquellas empresas de menos de 50 empleados que acrediten una caída del 30% en el volumen de facturación con respecto al mismo mes de 2019, se destinaría una ayuda directa para cubrir el 75% de los costes fijos. En el caso de las micropymes, el porcentaje se elevaría al 90%. Para los autónomos, se proponía incrementar hasta el 70% de la base reguladora la cuantía de todas las ayudas por cese de actividad. Ayudas directas que, según insisten, toman como referencia las ya aprobadas en otros países de nuestro entorno, como Alemania o Francia.

Ni esta propuesta ni las elaboradas por otros departamentos han tenido respuesta hasta el momento. El plan de Calviño está bajo llave, desarrollándose con extremo celo, y no se han trasladado sus líneas maestras, ya no solo a los ministerios que han reclamado información, sino tampoco a la Oficina Económica de Moncloa. Con todo, y como ya ocurrió con las primeras medidas del escudo social por la pandemia, la división de criterios en el Ejecutivo de coalición no responde a la lógica de los dos partidos, sino que es más transversal a los distintos ministerios.

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Si con el anuncio de Sánchez realizado en el pleno del Congreso la pasada semana se pretendía relajar el debate interno en el Ejecutivo sobre las ayudas económicas, al poner cifras al plan de ayudas y plazos para aprobación, el efecto fue justo el contrario. La presión aumentó, sobre todo desde los ministerios morados, para que una parte de los fondos se otorgue a través de transferencias.

La respuesta por parte del secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, sobre falta de aclaración por parte de la vicepresidenta económica sobre si las ayudas serían directas o indirectas, durante una entrevista en TVE este lunes, da buena cuenta de ello. "Lo que el Estado no gaste ahora en ayudas directas a empresas para evitar aumentos de la deuda pública, se lo podría terminar gastando en subsidios por desempleo si quiebran las empresas en situación de fragilidad. Siempre es mejor prevenir que curar", advertía a través de su cuenta de Twitter.

Unas presiones que también se están trasladando por parte del resto de grupos parlamentarios que, de forma transversal, a derecha e izquierda, reclaman también que las ayudas no sean indirectas, como hasta ahora. Este martes, la portavoz del PP, Cuca Gamarra, hablaba abiertamente de recortes del Gobierno tras exigir que la mayor parte de los 11.000 millones de euros se destinase a ayudas directas. La portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, arremetía por su parte contra el Gobierno por "esconderse detrás de la Unión Europea o de las comunidades autónomas", y vaticinaba que el anuncio del presidente del Gobierno se quedaría en "humo".

Sánchez fue pretendidamente ambiguo al realizar su anuncio en la tribuna del Congreso, vinculando el destino de las ayudas a que las empresas “refuercen la solvencia de sus balances y que puedan así retomar su actividad económica, hacer las inversiones necesarias y contratar a los trabajadores y trabajadoras que requieren para iniciar en plenitud la actividad económica”.

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Desde Unidas Podemos, avanzan que seguirán insistiendo para llegar a un acuerdo y que el plan incluya la mayor cantidad posible de ayudas directas para la economía productiva, priorizando a autónomos y pymes. En su propuesta, establecían que se crease un fondo mixto con una dotación inicial de 8.000 millones de euros con dos tramos, uno estatal y otro autonómico, de 4.000 millones respectivamente.

El plan de Calviño se limitaría a habilitar a comunidades autónomas y ayuntamientos para cubrir una parte de los costes fijos de las empresas. El Estado ya tiene comprometida la transferencia de 8.000 millones de euros a las administraciones autonómicas procedentes de los fondos europeos, por lo que el paquete de 11.000 millones no supondría en un principio transferencias adicionales. En el Gobierno, además, apuntan a la máxima de que las ayudas a las empresas sirvan para mantener el empleo, evitar cierres y que los ERTE, que afectan a unos 900.000 trabajadores, se acaben convirtiendo en ERE. Y depositan buena parte de su confianza para una recuperación económica en el corto plazo en la vacunación.