Calviño prepara el terreno para una subida de impuestos que financie las ayudas europeas

En los próximos años España recibirá 70.000 millones en transferencias de la Unión Europea en el marco del programa de recuperación Next Generation EU, que en total repartirá 360.000 millones entre todos los países socios (el resto, hasta 750.000 millones, serán préstamos). Se trata del proyecto de estímulo fiscal más ambicioso nunca adoptado por la Unión Europea y permitirá acometer inversiones pospuestas durante más de una década. Estas transferencias se financiarán con deuda emitida por la Unión que tendrá que ser devuelta en el futuro. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, lo advirtió esta semana en su comparecencia en el Congreso de los Diputados: “Tenemos que trabajar en la generación de nuevos recursos propios para que sean esos nuevos ingresos los que devuelvan esa deuda común”.

Aunque sus palabras han pasado desapercibidas, la vicepresidenta sienta así las bases del futuro debate que tienen que realizar España y la Unión Europea: las ayudas europeas no saldrán gratis; al contrario, supondrán una deuda que habrá que devolver. Y su cuantía es suficientemente elevada como para que se diseñe con antelación. “Se va a tener que pagar esta deuda”, explica Miguel Otero, investigador principal para la economía política internacional en el Real Instituto Elcano, “hay una resistencia enorme de los países frugales a negociar esa refinanciación” de la deuda para evitar que se tenga que devolver.

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“Si asumimos que la deuda se va a pagar de una forma relativamente ordenada, podemos estimar que entre 2027 y 2038 se tendrán que devolver unos 12.000 millones al año”, explica Luis Garicano, jefe de la delegación de Ciudadanos en el Parlamento Europeo y vicepresidente y portavoz económico de Renew Europe. Esta cuantía equivale a toda la aportación que hizo España al presupuesto europeo en 2020. El reto es determinar cómo se reparten las contribuciones.

Entre 2027 y 2038 se tendrán que devolver unos 12.000 millones al año

Cada país no tendrá que devolver individualmente lo recibido, ya que se trata de transferencias sin contrapartida. El pago se hará con cargo al presupuesto de la UE, de modo que será necesario elevar la contribución de cada país para aumentar los fondos europeos. El debate en los próximos años girará en torno a la vía elegida para aumentar la contribución, ya sea con transferencias corrientes en función de la renta per cápita de cada país o mediante la creación de impuestos europeos específicos. “Aunque está por ver cómo se hará el reparto, el acuerdo entre el Consejo y el Parlamento es jurídicamente vinculante”, explica Garicano, y este incluye “una cláusula que determina que los nuevos recursos propios deberían ser suficientes para asumir el repago de los intereses y del principal”.

En ambos casos, España tendrá que aumentar su contribución. Ya lleva cinco años siendo contribuyente neto y previsiblemente esta situación se agravará por las nuevas necesidades de financiación europeas y por la salida del Reino Unido de la UE. La vicepresidenta Calviño mostró su preferencia por “encontrar nuevos recursos propios”; esto es, impuestos que vayan directamente al presupuesto europeo.

Esto significa que se avecina una subida de impuestos para repagar toda la deuda acumulada por la Unión Europea. España tiene un margen fiscal muy estrecho, con una deuda y un déficit disparados, y en los próximos años se jubilará la generación del ‘baby boom’ multiplicando la presión alcista sobre el gasto. Los gobiernos de turno no tendrán margen para compensar los nuevos impuestos europeos con rebajas en los nacionales, y las familias y las empresas se verán abocadas a un aumento de la presión fiscal. Además de devolver las ayudas europeas, España tiene el reto de corregir su déficit y asumir el coste del envejecimiento, lo que forzará una subida también de los impuestos nacionales.

Tenemos que trabajar en la generación de nuevos recursos propios para la Unión Europea (UE)

La vicepresidenta Calviño se lo advirtió esta semana a los diputados y senadores españoles y, aunque por el momento ha pasado desapercibido, en el futuro copará tertulias y titulares. “Lo digo específicamente en esta Comisión: en estos años tenemos que trabajar en la generación de nuevos recursos propios para la Unión Europea [...]; este es un tema que antes o después va a ser impulsado por las instituciones europeas”, señaló Calviño. Pocos como ella conocen los tiempos que se manejan en Bruselas y sabe que, si bien ahora no toca hablar de políticas fiscales contracíclicas, este será uno de los grandes retos de futuro para España.

Aunque todavía no hay un proyecto cerrado para incrementar los recursos propios de la UE, el Consejo Europeo ha propuesto diversas figuras fiscales que es probable que se activen en el futuro. La primera figura fiscal, que ya está aprobada, es un impuesto al plástico no reciclado, que permitirá recaudar unos 6.000 millones de euros al año. Además, el Consejo propuso otras tres figuras fiscales: permisos de emisiones contaminantes por valor de 10.000 millones; el denominado “ajuste en frontera” a las importaciones por emisiones contaminantes en terceros países, que podría recaudar 5.000 millones anuales; o el impuesto digital (‘tasa Google’) que España ya ha aprobado y que perdería en el futuro. El viernes EEUU anunció que volverá a sentarse en la mesa de la OCDE para negociar este impuesto y que eliminará la traba clave, lo que facilitará su aprobación a nivel comunitario.

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Además, existen otras dos propuestas más controvertidas que también podrían salir adelante. En primer lugar, la armonización del impuesto sobre sociedades para limitar la elusión fiscal y, la segunda, la ‘tasa tobin’ sobre transferencias financieras. Lo que tienen en común todas estas figuras es que el sujeto pasivo son las empresas. Sin embargo, una parte importante de estos impuestos terminará recayendo sobre los consumidores, ya que se trasladarán por la vía de subidas de precios.

Para que toda esta deuda a emitir sea rentable, la vicepresidenta advirtió que el reto es “invertir muy bien este dinero [...], para que esta deuda extraordinaria no suponga un lastre para nuestros hijos y nietos”. Si el impulso económico que se genera gracias a esta inversión supera a los intereses de la deuda, entonces su retorno para el conjunto del país será claramente positivo. Incluso aunque en el futuro sea necesario devolver esa deuda.

¿Cuándo se devuelve?

Mientras dure la crisis del coronavirus no se avanzará ningún plan para empezar a repagar la deuda. Este será un debate que llegará cuando la situación económica esté normalizada y avance el marco financiero plurianual de la UE. No será inminente –de hecho, la UE todavía no ha emitido la deuda–, pero tampoco habrá que esperar mucho tiempo.

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Para empezar, es necesario devolver una parte de esta deuda antes de que se termine el marco financiero plurianual actual; esto es, en 2027, aunque aún no está determinada la cuantía. Además, en 2026 ya no se podrá emitir deuda nueva, lo que excluye la posibilidad de hacer refinanciaciones. Eso significa que a partir del próximo marco financiero ya será necesario empezar con devoluciones cuantiosas de la deuda. El plazo máximo fijado para devolver los intereses y el capital es el año 2058.

Otra de las cuestiones importantes que abren este fondo de recuperación es el aumento del presupuesto europeo para hacer una verdadera política fiscal para la Unión. “Desde el punto de vista de la integración europea y de la sostenibilidad del euro, es absolutamente necesario crear una capacidad fiscal central para ser un mecanismo contracíclico o un mecanismo de convergencia macroeconómica”, explica Otero. Para el investigador de Elcano, una unión monetaria no puede sobrevivir sin una capacidad fiscal, de modo que este proyecto europeo puede sentar las bases para elevar sus recursos propios.