La tercera ola obligará al Estado a aprobar una nueva ronda de ayudas a las empresas

Ya existen pocas dudas de que la tercera ola de la epidemia ha frenado en seco la recuperación económica iniciada en el tercer trimestre de 2020. Hay más sombras, sin embargo, sobre si las medidas de estímulo aprobadas hasta el momento por el Gobierno —más allá de los ERTE y de las ayudas a los autónomos— son suficientes. Y la impresión que existe en algunas instancias oficiales es que la vicepresidenta Calviño deberá poner en marcha nuevas medidas destinadas a impedir la quiebra de miles de empresas. Incluyendo la entrada en el capital de pymes mediante préstamos participativos, un producto híbrido que remunera al prestamista en función de la marcha de la empresa, sin que ello suponga alterar su propiedad, ya que los derechos políticos están limitados.

Esto es así, como dijo ayer mismo la jefa de economía del FMI, Gita Gopinath, porque mucho de lo que ocurra en los próximos trimestres dependerá del resultado de la carrera entre un virus que muta y las vacunas concebidas para acabar con la pandemia, pero también de la capacidad de las políticas para proporcionar un respaldo eficaz hasta entonces. El principal riesgo de la economía española, de hecho, es que caiga en un estado de “encefalograma plano”, que es el peor de los escenarios para un país que en 2020, según acaba de estimar el FMI, verá cómo su PIB se hunde un 11,1%, la tasa más elevada de las economías avanzadas.

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Lo que preocupa es que los problemas de liquidez de las empresas que se manifestaron al principio de la pandemia, y que se resolvieron con la línea de avales del ICO, acaben por convertirse en un problema de solvencia por escasez de recursos propios, y de ahí que se consideren insuficientes las ayudas desplegadas hasta hoy. Entre otras razones, porque la liquidez sirve para crisis cortas, pero a largo plazo lo relevante es fortalecer el capital para acometer nuevos ciclos de inversión. Y de ahí que en el debate económico se hable cada vez con más fuerza de ayudas directas. Si las empresas se comen su capital, no tendrán capacidad para sobrevivir.

Exoneraciones fiscales

Uno de los instrumentos más utilizados en otros países para ayudar a las empresas han sido las exoneraciones fiscales (aunque España es de los países que menos las han utilizado), pero esta vía está prácticamente cegada debido a que muchas están en pérdidas y, por lo tanto, no están en condiciones de presentar beneficios, por lo que no deben pagar nada a Hacienda.

El Gobierno, como se sabe, ha congelado la obligatoriedad de presentar concurso de acreedores en caso de insolvencia hasta el próximo 14 de marzo, pero la realidad es que España es el país de los cuatro grandes, según el BCE, con mayor riesgo de quiebra de sus empresas.

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El Banco de España ha estimado, en concreto, que un 15% de las empresas (con picos más elevados en comercio, hostelería y automóvil) corren el riesgo de ser insolventes, aunque es probable, según fuentes oficiales, que ese porcentaje alcance el 20% en los próximos meses. Una empresa es insolvente cuando su deuda neta supera en más de 12 veces los resultados esperados a largo plazo, según la definición que hace el banco central.

La conversión de un problema de liquidez en un problema de solvencia es un viejo problema de la economía española, como lo demuestra el hecho de que más del 90% de las sociedades que se acogen a un concurso de acreedores acaba quebrado. Para evitarlo, lo que se propone desde el Banco de España es cambiar el actual marco normativo de las insolvencias, que se considera obsoleto y no ayuda a resolver los problemas de las empresas en dificultades.

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Por el momento, lo que ha aprobado el Gobierno son medidas con las que se ha intentado ganar tiempo, como el real decreto-ley del pasado 17 de noviembre, que amplió el vencimiento de los avales públicos o potenció el acceso de las pymes a los mercados de financiación alternativos (en los que se negocian pagarés de empresa), pero con un claro sesgo hacia la gran empresa.

Préstamos participativos

El Gobierno, como se sabe, creó a mediados del año pasado el llamado Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, dotado con 10.000 millones de euros, cuyo objetivo es aportar apoyo público temporal para reforzar la solvencia de empresas no financieras afectadas por la pandemia. En ese decreto, articulado a través de la SEPI, ya se planteó la concesión de préstamos participativos, la adquisición de deuda subordinada o la suscripción de acciones u otros instrumentos de capital.

Ahora bien, ese fondo no tiene un carácter general, sino que se destina a financiar empresas (normalmente grandes) que sean consideradas estratégicas para el tejido productivo nacional o regional, ya sea por su impacto social y económico, su relevancia para la seguridad, la salud o las infraestructuras. Y solo se aplicará “cuando el crédito o las medidas de apoyo a la liquidez no fuesen suficientes para asegurar el mantenimiento de su actividad”.

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Es decir, se excluye a las pymes no consideradas estratégicas, lo que supone dejar fuera la inmensa mayoría del tejido productivo. De hecho, el importe mínimo de las operaciones son 25 millones de euros, cantidad muy superior a las necesidades de capital de muchísimas pequeñas empresas. El plazo inicial de concesión de ayudas acaba el 30 de junio, y la tramitación se iniciará el próximo 1 de febrero.

Fondos europeos

El Gobierno, como se sabe, ha depositado su confianza en los fondos europeos Next Generation para relanzar la economía en 2021 —ha presupuestado unos 27.000 millones de euros—, pero lo cierto es que su impacto sobre la economía real, que es lo que preocupa ahora de forma inmediata ante el aumento de las restricciones a la movilidad, no se dejará notar, en el mejor de los casos, hasta el segundo semestre de este año.

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En las últimas previsiones realizadas por Economía, se estimó que esos fondos añadirían 2,6 puntos de crecimiento del PIB, pero entonces no se contaba ni con una tercera ola tan intensa como la actual ni con el deterioro de las economías europeas, en particular Francia e Italia, dos de los principales socios comerciales de España. Incluso en Alemania, los indicadores IFO de expectativas de los gestores de compras han defraudado en enero y han generado dudas respecto de la recuperación.

El marco legislativo para nuevas ayudas ya existe, y como ha señalado la propia presidenta del BCE, Christine Lagarde, los Estados miembros “no necesitarán terminar de manera abrupta su apoyo fiscal”. Es más, ha aclarado, “cualquier estrategia de retirada de estímulos se debe de llevar a cabo de manera gradual y una vez que la economía se haya recuperado”.

El comercio mundial de servicios, en concreto, se contrajo un 24% durante el tercer trimestre

De momento, el planeta, a consecuencia de la pandemia, ha metido en la economía alrededor de 12 billones de dólares, sin tener en cuenta lo que han inyectado los bancos centrales, y la recuperación que se adivina es en W, según CIMD, salvo en China. Es decir, una abrupta caída como la que sucedió en 2020, a continuación una recuperación intensa, aunque muy desigual por países, para dar paso, de nuevo, a un descenso brusco, hasta acabar con una reactivación integral que no llegará hasta 2023. Es decir, algo parecido a una doble recesión.

Entre otras razones, porque el comercio mundial de servicios, lejos de recuperarse, como reveló ayer la Organización Mundial de Comercio (OMC), apenas se reactiva. El comercio mundial de servicios, en concreto, se contrajo un 24% durante el tercer trimestre de 2020 respecto a un año antes, lo que representa apenas un ligero repunte con respecto al descenso interanual del 30% registrado en el segundo trimestre, en acusado contraste con la recuperación experimentada por el comercio de mercancías, que fue mucho más contundente. Y no hay que olvidar que el comercio de servicios tiene cada vez mayor peso en las exportaciones españolas.