El Gobierno sube las pensiones un 0,9% y las mínimas un 1,8% con un coste de 1.500 millones

El Gobierno ha aprobado este martes la revalorización de las pensiones prevista ya en los Presupuestos Generales del Estado de 2021. Las prestaciones subirán un 0,9%, cifra que es la del IPC previsto para el conjunto del año. La subida será lineal también para las clases pasivas, sólo se exceptúan las pensiones mínimas, con las que el Ejecutivo ha querido realizar un "esfuerzo adicional" y subirán un 1,8%, el doble de la inflación prevista. Así lo ha anunciado el ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Esta subida de las pensiones tendrá un coste de 1.500 millones de euros para las arcas públicas, cuantía que se pagará con deuda por el déficit que ya tiene la Seguridad Social. Esta subida de las pensiones acelerará el gasto de la Seguidad Social y su desequilibrio presupuesario. De hecho, este mismo martes ha publicado el ministerio los datos de pensiones en vigor a uno de enero de este año y que incluye la revalorización aprobada hoy. El gasto en pensiones contributivas ha superado por primera vez en la historia los 10.000 millones de euros en un mes, lo que significa un crecimiento interanual del gasto del 3,6%. Esta subida elevará las prestaciones de 11 millones de pensionistas, la mayor parte jubilados.

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Escrivá ha recordado que este será el último año en el que la subida de las pensiones se realice con un real decreto-ley 'ad hoc', ya que la intención de su departamento es aprobar una nueva reforma de pensiones que garantice el poder adquisitivo de los beneficiarios. El ministro está negociando con los agentes sociales y también con sus propios compañeros de Gobierno una nueva fórmula de revalorización. El objetivo es garantizar el poder adquisitivo pero evitando que se consoliden ganancias de poder adquisitivo cuando surjan circunstancias imprevistas que bajen la inflación por debajo de las previsiones.

El Gobierno también ha prorrogado la cláusula de salvaguarda de la jubilación para los trabajadores afectados por la crisis de 2008. En concreto, se trata de permitir a estos trabajadores expulsados del mercado laboral por la crisis de Lehman Brothers acceder a la jubilación utilizando la normativa laboral previa a la reforma de 2011. Esto es, básicamente se permite que adelanten su jubilación anticipada respecto a la edad exigida actualmente.

Prórroga del 'escudo social'

El Consejo de Ministros también ha aprobado la prórroga del 'escudo social' que vuelve a salir adelante con acuerdo en el diálogo social. En concreto, el Ejecutivo ha dado el visto bueno al real decreto-ley que extiende hasta el 31 de mayo las principales medidas de protección del empleo, principalmente los ERTE (expedientes de regulación temporal de empleo) y el cese de actividad de los autónomos. De esta forma, el Ejecutivo amplía todo este esquema de ayudas públicas para cubrir al grueso de los trabajadores afectados por la tercera ola del virus.

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El coste para las arcas públicas de esta extensión de los ERTE y del cese de actividad superará los 7.000 millones de euros, para cubrir el periodo de tiempo que va desde el mes de febrero hasta el 31 de mayo. Está por ver cómo afecta esta cuantía al déficit público estimado por el Gobierno con la presentación de los Presupuestos Generales del Estado, ya que estos no contenían la partida de la prórroga del esquema de protección de rentas.

El Ejecutivo también ha ampliado la moratoria hipotecaria y del pago de los alquileres, una medida que se puso en marcha al inicio de la crisis orientada a posponer algunos gastos de las familias más vulnerables durante la crisis. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha explicado que el Gobierno también está estudiando ampliar la moratoria en el pago de los créditos al consumo, aunque de momento no se ha abordado porque todavía no ha vencido el periodo de carencia.