Sánchez congeló la rebaja de pensiones a petición de Iglesias para preservar la coalición
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Pulso interno en el Gobierno

Sánchez congeló la rebaja de pensiones a petición de Iglesias para preservar la coalición

Economía no renuncia a cambiar los años de cotización porque considera que encaja con el Pacto de Toledo y porque es exigencia de Bruselas

placeholder Foto: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. (EFE)
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. (EFE)

"Un conflicto puede mantenerse abierto indefinidamente. De hecho, los llamados conflictos controlados son decisiones deliberadas de confrontación que no solo no ponen en jaque a un Gobierno, sino que incluso lo legitiman mientras dure porque le otorga identidad. En cambio, una crisis erosiona, deslegitima, fagocita, mata. Una crisis debe ser clausurada". Así lo explican Mario Riorda y Silvia Bentolilla en una especie de manual de gestión de crisis titulado 'Cualquiera tiene un plan hasta que te pegan en la cara. Aprender de la crisis'.

En Moncloa ya han aprendido a diferenciar entre conflictos controlados y crisis. Los primeros son casi escaramuzas en las que Unidas Podemos busca cómo diferenciarse o ponerse medallas sobre asuntos concretos y en Presidencia del Gobierno ya saben que deben darle una importancia relativa, aunque por acumulación provoquen cierto desgaste y creciente malestar. Las crisis son enfrentamientos de calado y con repercusión en los cimientos del Gobierno de coalición.

En este capítulo se sitúa claramente la reforma de las pensiones, probablemente el principal escollo que puede encontrarse el Gobierno. Sobre todo porque siempre que se habla de "reforma de pensiones" se habla en realidad de "recorte de pensiones", más ahora cuando todo procede de una exigencia de la Unión Europea de la que tanto dependemos en este momento. Además, influye el contexto en vísperas de unas elecciones catalanas que marcarán el horizonte de la legislatura. No es momento para anunciar recortes.

Foto: Los vicepresidentes del Gobierno Pablo Iglesias, Nadia Calviño y Teresa Ribera. (EFE)

Y hay precedentes de tensiones y rupturas en la izquierda por culpa de las pensiones. Por ejemplo, entre el PSOE y UGT en los años 80. En 1985, el entonces secretario general de UGT, Nicolás Redondo, amenazó con dejar su escaño en el Congreso en desacuerdo con la reforma impulsada por el Gobierno de Felipe González y, finalmente, en 1987 abandonó el acta de diputado junto a Antón Saracíbar, secretario de organización de este sindicato, para no tener que votar aquellos presupuestos.

El asunto es de tal calado que explicaría, aunque no justificaría, el enfado del ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, al ser entrevistado por Carlos Alsina este miércoles.

Por eso, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias han querido zanjarlo rápidamente. O, al menos, congelarlo y aplazarlo en lo posible dando la patada hacia adelante al balón a la espera de encontrárselo de nuevo dentro de unos meses, cuando la Unión Europea vuelva a plantearlo.

Foto: El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá.

Fuentes de Economía explican que el tema volverá a plantearse porque encaja en el Pacto de Toledo, aprobado en noviembre con amplio consenso, incluido el voto de Unidas Podemos, y porque lo exige Bruselas.

A finales de diciembre, el vicepresidente segundo le planteó al presidente del Gobierno su rechazo absoluto a la pretensión de elevar de 25 a 35 años el tiempo de cotización a tener cuenta para las pensiones. Unidas Podemos estaba dispuesto a rechazarlo en el Consejo de Ministros y luego en el Congreso de los Diputados.

No hubo respuesta inmediata de Sánchez a Iglesias, pero sí decisión en los siguientes días para eliminar esa propuesta concreta de la ficha o componente que había que enviar a Bruselas a principios de enero. Se sustituyó por una referencia genérica que permite abordarlo en el futuro.

Comprendió que era una crisis de las que hay que zanjar rápidamente, no es un conflicto controlado.

Foto: Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, en el Congreso. (EFE)

"Estoy muy satisfecho y contento de que en la propuesta final que va a Bruselas no haya ninguna propuesta de recortar las pensiones. Nosotros llevamos diciendo varias semanas, de manera muy nítida y muy clara –así se lo transmití, además, a Pedro Sánchez– que para nosotros sería inaceptable cualquier recorte de las pensiones en España", dijo el miércoles Iglesias, felicitándose de la retirada de la propuesta y jactándose de su victoria.

Con esa lectura del conflicto y la resolución, el ministro Escrivá queda muy desautorizado y tocado. Aunque la duda, según fuentes del Gobierno, es si Bruselas aceptará la falta de concreción. Las fichas –o componentes– enviadas deben ser discutidas y aceptadas en Europa.

El recorte concreto estaba en documentos oficiales, fue discutido en reuniones oficiales del Gobierno pero carecía de viabilidad política y parlamentaria, sin contar con el rechazo frontal de los sindicatos, que amenazaba con romper el clima de diálogo social. Aunque el 16 de noviembre la vicepresidenta tercera, Nadia Calviño, discutiera con el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, y le insistiera en que es parte de la condicionalidad de los fondos.

Miembros del Gobierno aseguran que a Escrivà en ocasiones le falta tacto político y capacidad para aterrizar las propuestas

La propuesta nació de Escrivá, de quien se dice que fue nombrado ministro, precisamente, para poner en marcha una reforma de las pensiones; luego fue apoyado por Calviño y asumido por la Moncloa, hasta que a principios de año fue eliminado y aparcado.

La propia Calviño admitió el 21 de diciembre en La Sexta que esa ampliación de tiempo de cotización estaba siendo estudiada por el Gobierno. Y el propio Sánchez insistió en la reforma de las pensiones en su rueda de prensa del 29 de diciembre, vinculándola al diálogo con Europa.

Escrivá es reconocido como un experto en econometría, pero otros miembros del Gobierno aseguran que en ocasiones le falta tacto político y capacidad para aterrizar las propuestas y los números a la realidad y la práctica. Por ejemplo, le ocurrió con el ingreso mínimo vital, que él quiso demorar durante meses; y cuando accedió a precipitarlo ha tenido tantos problemas de aplicación como que se han llevado a cabo hasta tres cambios diferentes de los requisitos y procedimientos para hacerlo efectivo y a estas alturas ha llegado a muchos menos ciudadanos de los previstos. Casi como si no se encontrara a los que necesitan esa aportación pública. Por cierto, los gráficos e interpretaciones de datos de Escrivá sobre la pandemia son celebrados por miembros del Gobierno. Uno de los últimos se refiere al ritmo de vacunación en España en comparación a otros países europeos y deja muy bien parado a nuestro país.

Foto: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. (EFE)

El 10 de diciembre el texto con la ampliación de plazo de cotización hasta los 35 años fue colgado en la intranet de los miembros de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos y recibió objeciones escritas detalladas del Ministerio de Empleo que dirige Yolanda Díaz. Y en las reuniones de esa comisión quien ha llevado la voz cantante en contra ha sido Alberto Garzón, ministro de Consumo.

A esa discusión siguieron reuniones de tres secretarios de Estado: Israel Arroyo (Seguridad Social), Manuel de la Rocha (secretario general de Asuntos Económicos y G-20) y Nacho Álvarez (Derechos Sociales). En esas reuniones se discutió expresamente sobre los 35 años de cotización y no hubo acuerdo. Sí lo hubo sobre las reformas del mercado laboral que se comunican a Bruselas, según un catálogo de medidas elaborado por Yolanda Díaz y acordado con el resto del Gobierno, que prácticamente coincide con las propuestas del acuerdo del Gobierno de coalición de diciembre de 2019.

La comunicación sobre mercado laboral, una especie de hoja de ruta de reformas, es considerada por fuentes de diferentes sectores del Gobierno como fundamental para el futuro de la coalición. Lo es porque marca un camino más allá del debate casi artificial sobre derogación o no de la reforma laboral.

Foto: El secretario general de UGT, José María Álvarez (d), y el secretario general de CCOO, Unai Sordo (EFE)

"La propuesta es consensuada en el seno del Gobierno y todo el Gobierno la avala. Los agentes sociales la conocen, y ya les hemos emplazado para que ellos se organicen y se planifiquen esas 17 reformas”, ha asegurado Díaz en La Sexta este viernes.

Sobre pensiones, el sector de Unidas Podemos invoca el acuerdo de coalición y el otro el propio Pacto de Toledo que, según explican, se refiere al cambio del periodo de cómputo aunque no establezca cifras concretas. En concreto, el punto 11 del Pacto señala que "en línea con contenidos anteriores del Pacto de Toledo y con experiencias del entorno europeo, la Comisión constata la necesidad de preservar y reforzar el principio de contributividad. Este objetivo debe combinarse con el principio de solidaridad en su triple dimensión generacional, sectorial y territorial y evitar las consecuencias negativas sobre la brecha de género. Respecto al concreto periodo de cálculo que esté vigente en cada momento, la Comisión ya puso de relieve en 2011 que el principio de contributividad también ampara que los trabajadores de mayor edad que vean extinguida su relación laboral no vean mermados sus futuros derechos de Seguridad Social como consecuencia del reparto desigual de sus cotizaciones en el tiempo. Sin perjuicio del objetivo de mantener una proporcionalidad adecuada entre el esfuerzo contributivo como cotizante y la pensión como jubilado, la Comisión insiste en la recomendación de arbitrar en cada momento las medidas transitorias oportunas que salvaguarden esa proporcionalidad, mediante el pertinente diálogo social y preservando el principio de suficiencia". Ese punto, según Economía, permite sostener el aumento del periodo de cálculo de pensiones.

Para Unidas Podemos el único referente es el acuerdo de Gobierno que habla de garantizar "la sostenibilidad y suficiencia del sistema público de pensiones” y de actualizar “las pensiones conforme al IPC real mediante ley de forma permanente" y aumentar "el poder adquisitivo de las pensiones mínimas y las no contributivas".

El asunto volverá; y de todas las crisis dentro del Gobierno, es probable que sea la más seria. Casi todas las demás son conflictos controlados, que desgastan pero no rompen.

"Un conflicto puede mantenerse abierto indefinidamente. De hecho, los llamados conflictos controlados son decisiones deliberadas de confrontación que no solo no ponen en jaque a un Gobierno, sino que incluso lo legitiman mientras dure porque le otorga identidad. En cambio, una crisis erosiona, deslegitima, fagocita, mata. Una crisis debe ser clausurada". Así lo explican Mario Riorda y Silvia Bentolilla en una especie de manual de gestión de crisis titulado 'Cualquiera tiene un plan hasta que te pegan en la cara. Aprender de la crisis'.

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