Calviño aísla a Iglesias entre dos fuegos: Bruselas y los sindicatos

La pandemia lo ha cambiado todo (o casi todo), pero lo que no cambia es una vieja costumbre de todos los gobiernos: la instrumentalización de Bruselas para uso político interno. Cuando hay que justificar ajustes o determinadas políticas económicas impopulares, se culpa a la Comisión Europea, que, al fin y a la postre, y en el marco del llamado semestre europeo, es quien examina los planes que presentan los gobiernos (esta fue la última evaluación para España antes de la pandemia).

Pero cuando se trata de hacer políticas expansivas (aumentando los salarios públicos, revalorizando las pensiones o incrementando el gasto en aras de estimular la demanda), son los gobiernos quienes lo cacarean, aunque sea, en muchos casos, desoyendo las demandas anteriores de la Comisión Europea. El resultado, como no puede ser de otra manera, es una imagen deformada de la UE, que suele aparecer como el cuervo que en la mitología griega daba malas noticias a los dioses, y de ahí su color negro (antes eran blancos).

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La vicepresidenta Calviño, que conoce bien el paño, no se ha apartado del guion, y ha llevado a Bruselas un documento que responde a un doble objetivo. Por un lado, cumplir con la obligación de España de dar cuenta de sus planes de reformas en aras de ensanchar el raquítico potencial de crecimiento de la economía para aumentar la maltrecha productividad; pero, por otro, dejar en evidencia a los ministros de Unidas Podemos, a quienes cada día —después de haberse aprobado los Presupuestos de 2021— se les hace más largo estar en el Gobierno. Básicamente, porque afloran sus contradicciones, ya sea por la reforma eléctrica, los desahucios y, por supuesto, la reforma de las pensiones o la derogación de la reforma laboral.

Esto lo sabe muy bien el presidente del Gobierno, y por eso respalda sin fisuras a Calviño, ya que así aísla la capacidad de influencia de Iglesias. De esta manera, Bruselas aparece como la línea roja que no se puede traspasar. La coartada es útil, y Sánchez, de paso, cubre su flanco izquierdista. Son los burócratas quienes obligan a endurecer las jubilaciones anticipadas o quienes impiden la derogación de los puntos más discutidos de la reforma laboral. Unai Sordo, el secretario general de CCOO, lo dijo ayer con precisión: “El Gobierno busca [en Bruselas] una condicionalidad que no existe”.

Al rescate

Exista o no, lo cierto es que los hombres de negro —o de gris, como se prefiera— son la mejor coartada de todos los gobiernos. Sin duda, porque el sistema político ha sido desde hace años incapaz de abordar algunas de las reformas estructurales que el país necesita, lo que explica que Bruselas sea una especie de prestamista de última instancia, como les gusta decir a los banqueros centrales cuando las empresas o los Estados están con el agua al cuello y ellos acuden, solícitos, al rescate.

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La estrategia, en sí misma, es ganadora, y todos los presidentes la han utilizado desde que en 1986 España ingresó en la UE. Solo hay una diferencia, y no es pequeña. Hay un Gobierno de coalición, y eso puede tensar la cuerda más de lo razonable. Entre otras razones, porque Unidas Podemos corre el riesgo de quedar doblemente aislado. Por un lado, frente a la alianza entre Bruselas y la parte socialista del Gobierno, pero, por otro, ante los sindicatos, que tradicionalmente han sido compañeros de viaje en sus reivindicaciones. Y ayer, tanto Sordo como Pepe Álvarez, el secretario general de UGT, anunciaron las primeras movilizaciones contra el Gobierno. Todavía de escaso recorrido —concentraciones ante delegaciones oficiales—, pero movilizaciones al fin y al cabo, y que son más significativas en términos cualitativos que cuantitativos.

Ser Gobierno y ser oposición

Este escenario es el que más puede poner en peligro la estabilidad del Gobierno en un año muy difícil desde el punto de vista económico a causa de los rebrotes. Hasta ahora, la estrategia de Iglesias ha sido ser Gobierno, cuando había que capitalizar determinadas medidas, y, al mismo tiempo, ser oposición cuando pintaban bastos. Pero ahora, con los sindicatos enfrente, será algo más que difícil que pueda seguir actuando de doctor Jekyll y de Mr. Hyde.

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No parece, sin embargo, que la sangre pueda llegar al río. Y no solo porque tanto Sánchez como Iglesias saben que una ruptura sería una catástrofe para la izquierda en medio de una galopante crisis económica que va a durar más de lo que se preveía inicialmente a causa del lento despliegue de las vacunas, sino porque una cosa es lo que se envíe a Bruselas y otra muy distinta lo que se apruebe en el Parlamento. Y hoy por hoy, parece poco probable que el PP (y, casi seguro, ni siquiera Ciudadanos después del desplante de los PGE) complete una mayoría suficiente en el Parlamento para sacar adelante una reforma en profundidad de las pensiones o del mercado laboral. No parece que ERC, Más Madrid o Bildu se vayan a sumar a un recorte de las pensiones futuras, que para eso se hará la reforma.

Y esta es la paradoja. Bruselas puede decir lo que quiera, que es lo que ha sucedido en los últimos años, instando al Gobierno de turno a acabar con la dualidad en el mercado de trabajo o a reformar la Seguridad Social para que deje de financiarse con deuda pública, pero nadie le ha hecho caso. Obviamente, al contrario que en los tiempos de Rajoy, porque desde 2015 las mayorías absolutas se han esfumado, y eso hace que pasar de las musas (el papel que se envía a Bruselas) al teatro (lo que al final se recita en el BOE) sea una quimera. Este es, en realidad, el pegamento que une al PSOE y Unidas Podemos. Bruselas amenaza con su condicionalidad o sus hombres de negro, pero poner el bozal al perro de las reformas se antoja hoy imposible.