España se 'japoniza': El nuevo Gobierno encara un largo periodo de bajo crecimiento

No será una recesión, ni siquiera una crisis, pero España afronta un escenario de bajo crecimiento hasta el año 2022. El consenso de los analistas sitúa el avance del PIB hasta ese año en el entorno del 1,6%, por lo tanto, muy debajo —salvo los años de la Gran Recesión— de la media histórica de España, que en 18 de los últimos 25 años ha crecido claramente por encima del 2%. Y de ese cuarto de siglo, nada menos que 12 años (la mitad) el avance se ha situado por encima del 3%.

¿Las causas? El agotamiento de los vientos de cola (tipos de interés, petróleo barato...); el enfriamiento del mercado inmobiliario (que ha tirado de la economía durante la recuperación); el envejecimiento, que reduce la propensión al consumo, el contexto exterior y un comportamiento más prudente de los hogares pese al incremento de su renta disponible por los salarios y la creación de empleo. Y todo ello en un contexto de muy baja inflación (inferior al 1%) y de mayores incertidumbres vinculadas al populismo y a la inestabilidad política.

Se trata, por lo tanto, de un escenario inédito, salvo en las recesiones, que es justamente al que tendrá que enfrentarse el próximo Gobierno.

La noticia buena es que España encara el futuro con superávit exterior, lo que supone un hecho histórico (al menos desde 1959) en la economía, acostumbrada a generar cuantiosos déficit en la balanza de pagos por problemas de competitividad. Pero la mala es que después de la crisis, no ha sido capaz de eliminar los grandes desequilibrios acumulados durante los años de contracción de la actividad. Siguen ahí como una losa que pesará en la acción del próximo Ejecutivo.

En particular, el desempleo, que continuará por encima del 14% en 2020, como acaba de estimar la OCDE. O la deuda pública, que continuará muy cerca del 100% PIB durante los próximos años. Un nivel que, incluso, podría empeorar hasta el entorno del 133% del producto si se produce una normalización de los tipos de interés, como ha advertido la Airef. Algo que, en todo caso, a la vista de la curva de rendimientos de la deuda pública, parece poco probable a corto y medio plazo.

Déficit estructural

El otro gran desequilibrio, el déficit público, está en la senda de la corrección, pero el proceso se ha frenado en seco. Los servicios de la Comisión Europea estiman para el año próximo un desequilibrio equivalente al 2,2% del PIB, pese a que la economía española habrá acumulado (entre 2015 y 2019) cinco años creciendo por encima del 2%. Y lo que no es menor relevante, el déficit estructural, el que no tiene en cuenta el ciclo, empeorará una décima, hasta el representar el 3,2% del Producto Interior Bruto.

Este déficit es relevante porque incorpora gasto que hoy no es observable, como las transferencias sociales, que tenderán a subir (los llamados estabilizadores automáticos) en la medida en que se manifieste el deterioro económico (la ocupación es un indicador retrasado de actividad). Principalmente, el desempleo. Y eso ya está ocurriendo de una forma significativa.

Por primera vez desde la recesión, el gasto en la cobertura de los parados está aumentando de forma significativa. En concreto, un 11,6% hasta septiembre debido, sobre todo, a que el número de beneficiarios del nivel contributivo está creciendo un 7,8%. Y en la medida en que el ritmo de creación de empleo se ralentice, ahora está avanzando en términos EPA un 1,8% (un 3,2% al comenzar el año), las cosas tenderán a ir a peor, con el consiguiente efecto sobre el gasto público.

Los servicios de la Comisión Europea, de hecho, estiman que el gasto del Estado crecerá en 2020 hasta representar el 41,8%, una décima más que este año; mientras que los ingresos se situarán en el 39,6%, tres décimas más que en 2019.

Ambos niveles son muy parecidos a los observados en 2018, lo que significa que España apenas habrá avanzado en la corrección de los desequilibrios, tanto en cuanto a ingresos (alrededor de siete puntos por debajo de la media de la eurozona) como de los gastos, algo más de cinco puntos de PIB.

Potencial de crecimiento

Detrás de esta realidad se encuentran las dificultades de la economía española para ensanchar su potencial de crecimiento. Entre otras cosas, porque la parálisis parlamentaria ha frenado las políticas de oferta, que, en todo caso, y aunque se pusieran en marcha, tardarían varios trimestres en ser eficaces, como por ejemplo, la digitalización. Tampoco se ha reducido la temporalidad que, como ha dicho reiteradamente la Comisión Europea, es un freno para elevar el potencial de crecimiento, que sus servicios técnicos sitúan en el 1,5%. Es decir, ya muy cerca del incremento del PIB real. Más de la mitad de este aumento proviene del factor trabajo y no de la productividad, y no hay que olvidar que el envejecimiento lastra también el aumento del potencial de crecimiento, como los desajustes en términos de cualificación profesional.

Este escenario macroeconómico, amplificado por el riesgo geopolítico y la guerra comercial, es el que recibirá el próximo Gobierno, que, en el mejor de los casos, difícilmente podrá tener aprobados antes de la primavera los Presupuestos Generales del Estado de 2020. Y eso siempre que salve el escollo del Senado, al que la Ley de Estabilidad (que tiene el carácter de orgánica) le da derecho de veto en cuanto a los objetivos de déficit.

El artículo 15, en concreto, deja bien claro que si el Congreso de los Diputados o el Senado rechazan los objetivos, “el Gobierno, en el plazo máximo de un mes, remitirá un nuevo acuerdo que se someterá al mismo procedimiento”. El PSOE y Unidas Podemos, como se sabe, no alcanzan la mayoría absoluta en la cámara alta, pero parece improbable que suceda lo mismo que en la legislatura en la que el PP, por entonces con mayoría absoluta, bloqueó su tramitación. Ahora el partido de Pablo Casado no la tiene.

Riesgo geopolítico

En cuanto al riesgo geopolítico, un dato lo pone negro sobre blanco. Como este jueves ha revelado la Organización Mundial de Comercio (OMC), las restricciones en forma de aranceles, que son los impuestos que gravan las mercancías, suman ya, tan solo en el G-20, unos 460.400 millones de dólares (algo más de 420.000 millones de euros), lo que lastra el crecimiento del comercio mundial. Y hay que tener en cuenta que el sector exterior representa alrededor del 35% del PIB de España. La OMC, como se sabe, rebajó recientemente su previsión de crecimiento del comercio mundial de mercancías en 2019 hasta el 1,2%, lo que supone el ritmo más lento en una década, muy por debajo 2,6% estimado anteriormente.

El Brexit es el otro gran riesgo geopolítico, y hay que tener en cuenta que España, junto a Alemania, Irlanda y Países Bajos, es uno de los países más expuestos a una salida abrupta del Reino Unido. Lo es, incluso, aunque la exclusión sea pactada. No en vano, se trata del país con mayor porcentaje de inversión española directa en el exterior, nada menos que el 17,2% del total, por encima de países que históricamente han estado a la cabeza, como Brasil (15,5%) o México (8,6%).