SI EL SENADO LO RECHAZA, DEBERÁ ENVIAR OTRO PROYECTO EN UN MES

El Gobierno busca fórmulas para ningunear al Senado y evitar un no al techo de gasto

El Senado se ha convertido en una pesadilla para Sánchez. El Ejecutivo busca fórmulas para aprobar el techo de gasto sin contar con el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta

Foto: La ministra de Hacienda, María Jesús Montero (d), durante su intervención en el pleno del Congreso. (EFE)
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero (d), durante su intervención en el pleno del Congreso. (EFE)

Un monumental lío jurídico está a punto de nacer. El Gobierno está buscando argumentos legales para impedir que el Senado —siempre que lo apruebe previamente el Congreso— vete el reciente Acuerdo del Consejo de Ministros en el que se fijan para 2019 tanto los objetivos de déficit como el llamado techo de gasto. Está previsto, en principio, que el próximo viernes el Congreso vote el texto remitido por el Gobierno, y esa misma tarde, si sale adelante, lo haga el Senado.

El Ejecutivo teme que los senadores del Partido Popular, que son mayoría en la Cámara Alta, tumben el texto remitido por el Congreso, lo cual supondría, ni más ni menos, que bloquear sine díe la tramitación parlamentaria del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado de 2019. La Ley de Estabilidad, en concreto, deja bien claro que “si el Congreso de los Diputados o el Senado rechazan los objetivos, el Gobierno, en el plazo máximo de un mes, remitirá un nuevo acuerdo que se someterá al mismo procedimiento”.

Es decir, la norma da plenos poderes a la Cámara Alta para vetar la ley, lo que puede interpretarse como un caso singular en el sistema constitucional español, donde se ha configurado al Senado como cámara de segunda lectura, pero no como un instrumento de control político con plena capacidad para vetar leyes que no puedan ser rehabilitadas posteriormente en el Congreso.

El artículo 90 de la Constitución, de hecho, establece que, “en caso de veto”, como muy probablemente ocurrirá por la mayoría absoluta del PP en el Senado, el Congreso tiene la última palabra, ya sea por mayoría simple o absoluta. A esta norma es a la que se agarran como un clavo ardiendo algunos miembros del Gobierno para evitar el veto del Senado. Y eso es, precisamente, lo que ha ocurrido desde 2004. Desde entonces, han sido numerosos los proyectos de ley de Presupuestos remitidos por gobiernos socialistas vetados por el Senado, aunque sin ningún éxito final. En todos los casos, la mayoría del Congreso de los Diputados tumbó los vetos de la Cámara Alta.

La Ley de Estabilidad deja bien claro que “si el Congreso o el Senado rechazan los objetivos, el Gobierno, en un mes, remitirá un nuevo acuerdo”

Es más difícil, sin embargo, que esto suceda en el caso de la tramitación del Acuerdo de Consejo de Ministros. Entre otras cosas, porque la ley deja bien claro que el Senado tiene competencia plena sobre este asunto. Ese artículo, según fuentes de toda solvencia, fue introducido personalmente por el anterior ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para dar mayor poder al Senado, donde desde hace décadas tiene mayoría absoluta el Partido Popular.

Argumentos jurídicos

Las amplias competencias del Senado en esta materia son coherentes con su teórica función como cámara territorial, y, de hecho, la propia Ley de Estabilidad Presupuestaria (artículo 26) encarga a la Cámara Alta el cumplimiento de las medidas coercitivas en caso de que una comunidad autónoma incumpla obligaciones como la no disponibilidad de créditos. Incluso es el Senado quien debe aprobar por mayoría absoluta las medidas previstas por el Gobierno en aplicación del artículo 155 de la Constitución. Es decir, al Senado se le han concedido medidas de control de las CCAA y este es el argumento jurídico que se da para justificar la capacidad de veto de la Cámara Alta.

Algunos juristas, por el contrario, entienden que prevalece el artículo 90 de la Constitución, que da mayor jerarquía al Congreso frente al Senado. En todo caso, todo dependerá de lo que pase en el Congreso, y hoy por hoy el Gobierno no cuenta con las suficientes garantías de que el Acuerdo del Consejo de Ministros salga adelante.

Al previsible rechazo del Grupo Popular y de Ciudadanos se ha sumado Unidos Podemos, que ha avisado de que el techo de gasto —el límite de gasto no financiero del Estado— es insuficiente. Según Rafael Mayoral, diputado de la coalición, la política económica que plantea el Ejecutivo socialista se queda "muy corta" y "desgraciadamente no va por el camino de un Presupuesto más expansivo".

En la misma línea se ha manifestado el portavoz de Compromís, Joan Baldoví, que ha reiterado que su formación sigue planteando una abstención en la votación de los nuevos objetivos de déficit tal como hizo la semana pasada en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). El diputado de ERC Joan Margall, otro de los apoyos de Pedro Sánchez en la moción de censura, ha supeditado la posición de su grupo parlamentario respecto del techo de gasto y las metas de déficit a la negociación que se dé en la comisión bilateral Generalitat-Estado. Medidas que podrían tener un impacto presupuestario.

Al rechazo del PP y Cs, se ha unido Podemos, que ha avisado de que el techo de gasto -el límite de gasto no financiero del Estado- es insuficiente

Aunque en el Acuerdo del Consejo de Ministros se hace mención tanto al techo de gasto como a los objetivos de déficit público, lo que realmente se vota es este último punto. Máxime cuando el Gobierno acaba de modificar los objetivos pactados previamente con Bruselas. Si no los hubiera modificado (hasta el 1,8% del PIB en 2019) no hubiera sido necesario, ya que previamente estaban aprobados. Pero ahora se trata de una nueva senda.

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