los planes y deberes del gabinete socialista

El intenso calendario pone a prueba a Sánchez con la vista puesta en 2019

El Ejecutivo iniciará en breve la negociación para un acuerdo con casi todos los grupos para poder sacar adelante el llamado techo de gasto en julio

Foto: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, posa para la foto de familia con el resto del Ejecutivo tras la primera reunión del Consejo de Ministros. (EFE)
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, posa para la foto de familia con el resto del Ejecutivo tras la primera reunión del Consejo de Ministros. (EFE)

El único respiro para el Gobierno de Pedro Sánchez es que a finales de julio en teoría cierra el Parlamento y podrá cumplir solo una parte de los cien días de gracia en verano y sin periodo de sesiones y plenos ordinarios. Tiene por delante un duro calendario político como corresponde a un Ejecutivo que, por primera vez, se sube en marcha a una legislatura. Con circunstancias adversas como la falta de mayoría parlamentaria, un Presupuesto ajeno y una Presidencia del Congreso de otro signo político, entre otros, y el objetivo de llegar, al menos, hasta mayo de 2019.

No tiene tiempo ni para esperar formalmente los cien días y las primeras medidas empezarán a anunciarse en un Consejo de Ministros a finales de junio o principios de julio, que presentará un catálogo de medidas que pretenden actuar como guion o programa para los primeros meses.

Varios de los miembros del nuevo Gobierno explican que tras el primer Consejo de Ministros las ideas con las que salieron de La Moncloa fueron las de intentar mostrar iniciativas desde el primer día, dar impresión de nueva imagen y transparencia y, sobre todo, mucho diálogo. Todo eso, según explica uno de ellos, se resume en la expresión "hacer política". Y eso que muchos dedican este fin de semana a intentar formar equipos en sus departamentos para la avalancha de nombramientos del próximo viernes, algunos de los cuales comprondrán el segundo castillo de fuegos artificiales de la nueva etapa, mientras en la otra acera el PP vive su duelo, lame sus heridas y busca quien pueda coserlas.

Primero un Gobierno transversal y efectista que cierre el paso al discurso de PP y Ciudadanos y luego acciones que refuercen al electorado de izquierdas, como sucesión estratégica de la era Sánchez. Esa es la idea.

El primer castillo de fuegos artificiales que anuncia un tiempo nuevo le ha funcionado con éxito notable y, una vez disipado ese humo positivo, la primera decisión de las ya previstas debe ser la aprobación del techo de gasto para los Presupuestos de 2019 que el Gobierno pretende intentar sacar adelante. Fuentes del nuevo Ejecutivo admiten que la tarea es muy complicada desde su primer paso hasta el último, pero su voluntad es intentarlo en ambos casos. El techo de gasto fue aprobado en Consejo de Ministros el año pasado el 30 de junio, y se sometió a votación en Congreso y Senado en la segunda semana de julio. Para cumplir ese calendario, es necesario elaborarlo en tiempo récord, iniciando la preparación en las dos próximas semanas, y negociarlo con el resto de grupos parlamentarios en las siguientes. En ese fin se van a centrar las inminentes reuniones del Gobierno con todos los partidos.

No le basta al Gobierno la mayoría del Congreso que le ha dado la Presidencia del Gobierno, porque necesita también sacar adelante la votación en el Senado, donde el PP tiene mayoria para bloquearlo. Es decir, los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública que acompañan al límite de gasto no financiero para 2018, conocido como techo de gasto y primer paso para los Presupuestos, necesitan el triple acuerdo con Bruselas, el PP y los demás partidos. El PP para esas fechas estará descabezado y pendiente de su congreso extraordinario. El acuerdo debe incluir los objetivos de déficit y deuda de las administraciones central, autonómica y municipal y debe ser aprobado por el Gobierno en el primer semestre del ejercicio. Ayuda mucho que el primer equipo formado es el de María Jesús Montero, ministra de Hacienda, que ha incorporado ya a sus colaboradores en Andalucía.

Para ello, además, el Gobierno tendrá que pedir a la Presidencia del Congreso y el Senado que habiliten el mes de julio, al menos, para celebrar esos plenos y quizás para convalidar decretos en julio y agosto. Si el Gobierno lograra superar ese difícil escollo, trabajaría para presentar antes del 30 de septiembre un proyecto de Presupuestos. En caso contrario, tiene voluntad de prorrogar los de 2018 y trabajar con decretos o ampliaciones de crédito.

María Jesús Montero será la primera ministra en comparecer en el Senado. (EFE)
María Jesús Montero será la primera ministra en comparecer en el Senado. (EFE)

En la última semana de junio o la primera de julio, La Moncloa prevé que se produzcan las tradicionales comparecencias de ministros en las diferentes comisiones del Congreso y el Senado para que expliquen sus planes. Y las cámaras tendrán que estudiar si modifican esas comisiones permanentes porque, normalmente, se configuran al inicio de las legislaturas casi como un espejo de los ministerios para poder controlar su actividad. Ahora ha cambiado la estructura y denominación de algunos ministerios. Si hubiera que cambiarlas sería precisa la negociación y elección de mesas y presidencias.

En julio también volverán al Congreso los Presupuestos desde el Senado. Fuentes socialistas y del PNV dan por hecho que no tendrán ningún problema para formar una mayoría que rechace en el pleno enmiendas que el PP pueda incluir en el Senado, aunque esa será la primera prueba de fuego del Gobierno y el Grupo Socialista.

No es previsible que en este periodo de sesiones, es decir, antes de agosto, las Cámaras puedan avanzar sobre proposiciones de ley en marcha, ni el Gobierno tendrá casi tiempo de remitir proyectos de ley. Solo puede avanzar un pequeño paso la ponencia de reforma de la ley mordaza o ley de Seguridad Ciudadana, como ya estaba previsto antes de la moción de censura, con acuerdo entre PSOE y PNV para refundir sus textos. En todo caso, si cabe la opción de decretos ley que precisan convalidación en el Congreso antes de 30 días y que podrían tener negociación previa con los grupos.

El Ejecutivo estudiará convocar una Conferencia de Presidentes en el último trimestre y antes del verano un Consejo de Política Fiscal y Financiera


Tampoco parece probable, según admite el Gobierno, que pueda haber un avance sustancial en financiación autonómica, que, de hecho, estaba frenada desde 2014, cuando caducó el actual sistema. El Ejecutivo estudiará la conveniencia de convocar una Conferencia de Presidentes en el último trimestre del año y antes del verano un Consejo de Política Fiscal y Financiera en el que participan todas las comunidades y que el Gobierno anterior tenía previsto para finales de junio. El inconveniente ahora es interferir en el diálogo bilateral que se va a iniciar con Cataluña.

El capítulo económico se completa, según fuentes de distintos ministerios, con el anuncio las medidas sociales apuntadas por el nuevo Gobierno, como la negociación con los agentes sociales para modificar la reforma laboral de Mariano Rajoy, la universalización de la sanidad y un acuerdo para la modificación del sistema de pensiones. También la agenda feminista, con la ley de igualdad salarial. Todo ello, al menos, en fase de anuncio, aunque es tradicional que las reformas laborales se hagan por decreto para evitar que se ralenticen o congelen contrataciones.

Sede del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en Madrid
Sede del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en Madrid

Para septiembre, caduca el mandato del actual Consejo General del Poder Judicial. La renovación corresponde estrictamente al Congreso y al Senado, es decir, a los grupos parlamentarios, pero el Gobierno tiene capacidad para liderarlo. Curiosamente, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, fue elegido en la anterior renovación por el Parlamento a propuesta de los populares. El PP puede bloquearlo con su mayoría y su posición dependerá de quien lidere entonces el partido y su estrategia. Y la novedad puede ser la entrada al acuerdo de los nuevos partidos, Podemos y Ciudadanos, y si alguno de ellos logra imponer un nuevo modelo de elección o de selección diferente, como se hace con el consejo de RTVE. Junto a ese nombramiento hay otros pendientes como el del Defensor del Pueblo, entre otros.

Puede ocurrir, según explican fuentes socialistas, que de pronto los principales partidos consideren que, después de lo que ha ocurrido en los últimos años en la política española, el diálogo y el acuerdo puedan ser valores que busquen los partidos y premien los electores, antes que la confrontación, la crispación y el desacuerdo. El PSOE prevé que Ciudadanos y Podemos prefieran inicialmente sumarse a acuerdos. La meta que lo determinará será mayo de 2019, cuando haya que volver a las urnas. Después de todo lo que ha ocurrido en estas dos semanas, nadie sabe qué puede pasar la próxima, si Alberto Núñez Feijóo será el líder de la oposición y cómo operará que no tenga escaño.

El intenso calendario pone a prueba a Sánchez con la vista puesta en 2019

El recién nombrado Gobierno ya ha situado como prioridad Cataluña y, por eso, el titular de su primer Consejo de Ministros tiene que ver, precisamente, con la agenda territorial. En el calendario que maneja Moncloa aparece este asunto de manera destacada y prolongada, con reuniones en las próximas semanas y una negociación que se prolongará hasta final de año. Se trata de enfríar el conflicto como primera medida o, si se prefiere, estabilizar al enfermo antes de aplicar un tratamiento. Y un escollo difícil que escapa en gran parte del control del Gobierno: los tres procesos penales y, especialmente, el del Tribunal Supremo que mantiene presos y huidos a líderes independentistas.

Antes de que el nuevo fiscal general pueda estudiar el caso e intervenir, la Justicia alemana podría decidir entregar a Puigdemont por ese delito

El nuevo fiscal general del Estado que sea propuesto el viernes y que tome posesión en tres semanas tiene capacidad limitada para cambiar en breve de posición y retirar la acusación de rebelión. Sobre todo porque antes de que pueda estudiar el caso e intervenir, la Justicia alemana podría decidir entregar a Carles Puigdemont por ese delito. Si, por el contrario lo denegara, sí tendría más margen de actuación, aunque la retirada de esa acusación haría posible que los encarcelados y procesados asumieran cargos públicos.

“Tras valorar los extensos expedientes existentes no hay duda de que concurre el requisito de doble incriminación, en relación con ambos delitos de rebelión y de malversación de caudales públicos o de corrupción. El material o información complementaria facilitada por las autoridades españolas no es contradictorio, sino que acredita de manera bastante obvia que la amplitud de los disturbios violentos en Cataluña en el día de la votación del referéndum pueden ser atribuidos al procesado reclamado. Que la persona del procesado reclamado es responsable de los disturbios violentos del día del referéndum como iniciador y promotor o postulante de la realización de dicho referéndum fue ya declarado por el Tribunal Superior de Schleswig-Holstein en su primera decisión de 5 de abril de 2018", asegura la Fiscalía alemana a instancias de la española.

Carles Puigdemont posando en Berlín en mayo. (EFE)
Carles Puigdemont posando en Berlín en mayo. (EFE)

"El reclamado, en su condición de expresidente del Gobierno Regional de Cataluña creó la situación de peligro propiciatoria de la comisión de dichas conductas delictivas, especialmente los disturbios violentos contra los integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, al haber convocado el referéndum en contra de su responsabilidad como tal. Por ello, él podría ser considerado responsable de los disturbios cometidos en el día de las votaciones como promotor de la realización de dicho referéndum", concluye con claridad y haciendo difícil la rectificación inmediata de la Fiscalía General del Estado. En todo caso, cualquier cambio podría llegar al final del procedimiento, en las conclusiones de la vista oral, como deja abierto el casi cesado fiscal general del Estado en entrevista en El Confidencial.

Hasta la próxima semana el nivel de presiones, cábalas y rumores sobre el candidato a ocupar el cargo en el que se mantiene Julián Sánchez Melgar puede llegar al infinito. De momento, el PSOE ha demostrado que es capaz de reclutar cientos de altos cargos en pocos días, en una prueba de fuerza y de demostración de partido de Gobierno, en lo que claramente supera a Podemos, según cuentan en Ferraz.

En todo caso, ese juicio en el Tribunal Supremo se prevé para otoño y el Gobierno debe gestionar y combinar el diálogo con la Generalitat con la imagen de ese procedimiento judicial.

Sánchez tiene en marcha el proceso de primarias en el partido hasta que, a principios de 2019, sea designado también el cabeza de las europeas

La agenda política del Gobierno concluye con el calendario electoral y, por eso, el objetivo de máximos es llegar hasta mayo de 2019, cuando se celebren las elecciones europeas y las municipales y autonómicas. Solo habría elecciones generales antes de final de este año en caso de catástrofe o imposibilidad material de gobernar y desde verano de 2019 todo dependería de los resultados de esa triple cita con las urnas. Y de las alianzas que obliguen esos resultados en comunidades y ayuntamientos.

El intenso calendario pone a prueba a Sánchez con la vista puesta en 2019

Sánchez ha transmitido que da tanta importancia a esas elecciones como que ha evitado incluir en el Gobierno a más miembros de la Ejecutiva del PSOE o de la estructura de Ferraz que los imprescindibles. Tiene en marcha el proceso de primarias en el partido hasta que, a principios de 2019, sea designado también el cabeza de las europeas y la llegada al Gobierno ha alterado casi todo, incluida la opción de apuestas de independientes, porque algunos de ellos ya están en el Ejecutivo.

Ese calendario puede variar si, en Andalucía, Susana Díaz decide celebrar elecciones este otoño o si espera a 2019.

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