COMPARECENCIA DE LA MINISTRA EN EL CONGRESO

El Gobierno revisará 56 conflictos pendientes ante el TC con las comunidades autónomas

Las impugnaciones cruzadas entre el Estado y la Generalitat son un total de 31. Ratifica que Torra hablará de lo que quiera con Torra y anuncia Conferencia de Presidentes antes de que acabe 2018

Foto: Meritxell Batet, el pasado 2 de julio en el acto de toma de posesión de altos cargos de su Ministerio de Política Territorial. (EFE)
Meritxell Batet, el pasado 2 de julio en el acto de toma de posesión de altos cargos de su Ministerio de Política Territorial. (EFE)

El Gobierno socialista ya tiene una cifra concreta que ejemplifica su voluntad de reducir los conflictos administrativos con las comunidades autónomas. Un número con el que remarcar ese deseo de "normalizar" las relaciones con los Ejecutivos regionales. Es este: 56. Son 56 las impugnaciones pendientes de resolución ante el Tribunal Constitucional, las que están aún faltos de sentencia, y los que el Gabinete de Pedro Sánchez revisará.

Fue uno de los compromisos expresados este miércoles por la titular de Política Territorial, Meritxell Batet, en su primera comparecencia monográfica en el Congreso destinada a exponer las directrices de su departamento. La ministra recordó que el Gobierno está firmemente convencido de que es necesario reducir la "conflictividad" e impulsar los "acuerdos" entre las administraciones. El problema, además se ha "intensificado" en los últimos años. Entre 2011 y 2015, la legislatura completa de Mariano Rajoy en el poder, y con mayoría absoluta, el número de conflictos ascendió a los 232, más del doble de los computados en el último Ejecutivo socialista, el de José Luis Rodríguez Zapatero (105).

Ahora mismo, dijo, hay pendientes de sentencia del Tribunal Constitucional un total de 56 conflictos. 42 de esas impugnaciones fueron presentadas por el Estado (37 recursos de inconstitucionalidad y 5 impugnaciones de disposiciones sin fuerza de ley y resoluciones de las CCAA) y 14 interpuestas por las comunidades (ocho recursos y seis conflictos). El Gobierno iniciará la negociación con cada autonomía afectada para "revisar y disminuir en lo posible la conflictividad acumulada". El trabajo de identificación previo está bastante "avanzado", aseguró. Fuentes del ministerio especificaron que de las 42 impugnaciones planteadas por el Estado, 23 están referidas a Cataluña, mientras que de las 14 presentadas por el conjunto de las CCAA, ocho fueron llevadas al TC por la Generalitat. Es decir, que entre el Estado y Cataluña hay un total de 31 litigios pendientes y que se están estudiando.

[Consulte aquí en PDF el discurso de la comparecencia de Meritxell Batet]

"Defender la Constitución no solo es instar a la actuacion del TC y obligar a su cumplimiento", subrayó Batet, quien explicó que aunque el Ejecutivo no va a "renunciar" a la defensa del marco constitucional, sí que tiene claro que la política territorial será a partir de ahora "proactiva". No se tratará, pues de una actitud "meramente defensiva", sino de recuperar "la iniciativa y el impulso político", y ahí dispone de un "amplio margen". "No se limita a cumplir y hacer cumplir la Constitución". La ministra enfatizó que la reivindicación y protección de la Carta Magna no ha de confundirse con la defensa de una política determinada, porque sería tanto como identificarla con el "Gobierno de turno", y eso solo contribuye a "debilitar" el texto de 1978.

"Defender la Constitución no solo es instar a la actuacion del TC y obligar a su cumplimiento", dice Batet, que liderará una política territorial "proactiva"


El mensaje de Batet se dirigía al conjunto de CCAA, en línea con el compromiso del Ejecutivo de disminuir la litigiosidad entre administraciones. Pero evidentemente ese anuncio conectaba con la oferta lanzada por ella misma y Sánchez a Quim Torra de revisar los recursos que el Gobierno de Rajoy interpuso contra medidas, algunas incluso de carácter social, aprobadas por el Parlament. Esa será una de las cartas que el presidente utilizará en su reunión del lunes en La Moncloa con el jefe del Govern. No obstante, si algunas de las normas chocan "frontalmente" con la Constitución, no se levantará esa impugnación, aclaró.

No al derecho de autodeterminación

La comparecencia de Batet estuvo preñada de gestos de distensión hacia Cataluña. En la dirección de mejorar el diálogo bilateral con la Generalitat y también para integrar al Govern en los mecanismos de cooperación y coordinación multilaterales, como la convocatoria de la Conferencia de Presidentes, que anunció para antes de que acabe el año.

ERC cambia finalmente su posición sobre RTVE: apoya la lista de consejeros pactada por PSOE, Podemos y PNV y refrenda el real decreto ley

En cuanto a lo primero, la ministra siguió la senda marcada ayer martes por la vicepresidenta, Carmen Calvo. La número dos aseguró que el Gobierno impulsa un diálogo "franco", "abierto", "democrático" y sobre todo "sin cortapisas" con la Generalitat. Después de que varios grupos, entre ellos ERC, le pidiera aclaraciones sobre esa expresión, Calvo subrayó que eso significaba "libertad para hablar". O sea, que Torra podía comentar y pedir a Sánchez en su encuentro del lunes aquello que quisiera. Pero aunque plantee el referéndum de autodeterminación, el presidente no lo aceptará, porque "no existe en ninguna Constitución del mundo". Es más, "no hay ninguna pretensión" de que ese derecho exista en España, añadió este miércoles Batet.

ERC celebró las palabras de Calvo, pero quería que las ratificase este miércoles Batet en sede parlamentaria, puesto que es ella la encargada de preparar la reunión Sánchez-Torra con la portavoz del Govern y 'consellera' de Presidencia, Elsa Artadi. La ministra lo hizo. "Asumimos no solo la posibilidad sino la necesidad de respetar el derecho de cada uno de los presidentes a exponer todo aquello que considere conveniente, como dijo ayer [martes] la vicepresidenta y como hemos defendido siempre". Batet, no obstante, recordó que para el restablecimiento del diálogo es necesario actuar "desde la reciprocidad y lealtad entre gobiernos".

El Gobierno revisará 56 conflictos pendientes ante el TC con las comunidades autónomas

El apoyo a la Constitución en Cataluña

A ERC le bastaron las palabras de la ministra. Son casi "una victoria". El portavoz republicano, Joan Tardà, como hiciera la víspera, se congratuló de que el lunes se pueda hablar del referéndum en La Moncloa "sin prejuicios", sin límites. No para negociar nada, porque ya asume que no habrá jamás acuerdo en ello. Pero para ERC es muy significativo que la consulta entre el menú del encuentro. La ratificación de Batet sirvió para formalizar el cambio de posición de los republicanos respecto a RTVE. ERC finalmente apoyará la lista de consejeros consensuada entre PSOE, Unidos Podemos y PNV y refrendará la convalidación del real decreto ley esta tarde. Ese apoyo es fundamental, porque el PP finalmente queda fuera de todo consenso. También el PDeCAT se suma. Su portavoz, Jordi Xuclà, celebró esa oferta de diálogo sin condiciones ni cortapisas.

Batet insiste en mirar al futuro y no lanzar reproches sobre el pasado, e insta a las fuerzas a explorar la reforma constitucional

"Después del referéndum del 1-O nada será igual", subrayó Tardà para evidenciar que la consulta pactada es un elemento clave. "Después del 6 y 7 de septiembre nada será igual", respondió la ministra, aludiendo al pleno en el Parlament en el que los soberanistas aprobaron con su mayoría las leyes de ruptura. Pero ella insistió en que ahora no toca hacer "reproches", ni mirar al pasado, sino afrontar el presente y el futuro y detenerse en la voluntad del Gobierno de tender puentes de diálogo.

La ministra de Política Territorial y Función Pública, este 4 de julio en su comparecencia en el Congreso. (EFE)
La ministra de Política Territorial y Función Pública, este 4 de julio en su comparecencia en el Congreso. (EFE)

El Gobierno no se engaña y advierte siempre de que la reunión del lunes ha de ser el inicio de un proceso "largo y complejo" de resolución de la crisis en Cataluña. Es el punto arranque, pero el final del túnel. "Recuperar el apoyo social de la Constitución en Cataluña es una prioridad de este Gobierno y me atrevo a decir que debería serlo de todo Gobierno responsable", aseguró Batet. En todo caso, en el horizonte está la reforma de la Carta Magna. La ministra apeló a las fuerzas a intentar el acuerdo, y para ello es básico que se sumen a la comisión territorial del Congreso, concebida por los socialistas como la antesala de la revisión del texto de 1978.

En respuesta a José Manuel Villegas, el portavoz de Ciudadanos, indicó que el Gobierno no va a hacer uso de "subterfugios" ni a modificar la Carta Magna "por la puerta de atrás". De hecho, dijo, en el pasado, cuando PSOE y los naranjas pactaron el acuerdo de investidura de Sánchez —en 2016—, ambos acordaron cambiar partes de la Constitución, y había y hay puntos de coincidencia como la reforma del Senado, la clarificación de competencias o la ampliación de derechos". Así que sí hay "margen" para el consenso si hay voluntad, defendió.

Respecto a los ámbitos de cooperación multilaterales, Batet se detuvo en la necesidad de retomar las reuniones periódicas de las Conferencias de Presidentes. La última cumbre se celebró en enero de 2017, con Mariano Rajoy en el Gobierno, y entonces se acordó que se convocaría una de manera anual. El Ejecutivo socialista pretende cumplir con ese pacto y organizará una nueva cita antes de que se cierre este 2018, convencido de que este foro es la "piedra angular" de la cooperación territorial. La ministra denunció que las reuniones de la Conferencia han sido "discontinuas", pues solo han tenido lugar seis desde que Zapatero alumbró esta figura, cuatro bajo mandatos socialistas y dos con el PP en La Moncloa (2012 y 2017). Lo importante, reseñó, no es tanto el volumen de acuerdos, sino la misma imagen de normalidad institucional que arroja su celebración.

También reactivará las comisiones bilaterales entre el Estado y las distintas comunidades autónomas y reforzará las conferencias sectoriales, en las que se sientan al tiempo los representantes del Ejecutivo central y las CCAA. Asimismo, quiere dar más empaque a la figura de los delegados del Gobierno, con vistas a aumentar su coordinación, a potenciar su contacto con las autoridades autonómicas y a modernizar la Administración periférica del Estado.

Nueva ley para los ayuntamientos

Batet descendió al nivel local para anunciar la elaboración y presentación de una Ley de Medidas Urgentes para devolver a los ayuntamientos las competencias que el Gobierno del PP les arrebató con su LRSAL (Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local) de 2013, una norma muy cuestionada por la oposición a los populares y por los propios municipios, que la llevaron ante el TC. El texto que prepara el ministerio busca modificar los artículos competenciales hurtados de la Ley de Bases y que suavice los efectos de la regla de gasto impuesta a los entes locales.

La ministra convocará a Colau y Carmena para poner "en común sus necesidades" y las "perspectivas de colaboración con el Gobierno"

"Queremos que los alcaldes recuperen la posición preminente que siempre han tenido y que la Constitución les reconoce para la definición y aplicación de las prioridades políticas en sus municipios", esgrimió. Y aunque el mundo local está necesitado de una "reforma en profundidad", el Gobierno sí desea impulsar una ley de mínimos que devuelva poder a los ayuntamientos y permita a los que tienen superávit presupuestario que lo dediquen "no solo a gastos de inversión, sino también a la mejora de los servicios públicos esenciales para la ciudadanía". También Batet tiene intención de convocar "de modo inmediato" a las alcaldesas de Madrid y Barcelona, Manuela Carmena y Ada Colau, para poner "en común sus necesidades" y las "perspectivas de colaboración con el Gobierno de España".

Cobro del 100% de las bajas médicas, impulso a la transparencia y vuelta de Jordi Sevilla

La ministra de Política Territorial fue pródiga en anuncios en su primera comparecencia monográfica en el Congreso. También aludió a algunos cambios en la otra parte de su departamento, en la función pública. Así, adelantó el "inmediato restablecimiento" del derecho de los empleados públicos a cobrar el 100% de las retribuciones desde el primer día por incapacidad temporal, "eliminando los descuentos en la retribución de los primeros veinte días que se introdujeron en el año 2012", con el Gobierno del PP.

Meritxell Batet apuntó que, una vez aprobados y publicados este partes los Presupuestos del Estado de 2018, es de "justicia" esta medida y por eso, "sin esperar un día más", ha dado las instrucciones al director general de la Función Pública "para que convoque con carácter inmediato a los representantes de los trabajadores para negociar el correspondiente acuerdo". El objetivo es que el 16 de julio, cuando ella mantendrá su primer encuentro con los sindicatos, les pueda hacer entrega de un "documento consensuado para la implantación de la medida sin mayor demora".

 

Mantuvo asimismo que es prioritaria la convocatoria de la oferta de empleo público para 2018 tras la aprobación de los PGE. "Con ello vamos a dar un gran paso en la atracción al empleo público del mejor talento de nuestra sociedad, en el rejuvenecimiento de las plantillas públicas, con destino prioritario en la prestación de servicios públicos esenciales para la ciudadanía: educación, sanidad, apoyo a la dependencia y seguridad pública".

La ministra abogó por reforzar la transparencia, el control y la rendición de cuentas dentro de la Administración y el impulso de la digitalización. Se mejorará el Portal de la Transparencia para hacer más accesible su información y se buscará recuperar la "eficacia y autoridad" de la fallecida presidenta del Consejo de la Transparencia, Esther Arizmendi

 

Batet ha pedido al exministro de Administraciones Públicas Jordi Sevilla que asuma la dirección de una comisión encargada de "proponer medidas concretas de modernización de la Administración, tanto en su funcionamiento interno como en su relación con los ciudadanos". La comisión pilotada por el dirigente socialista contará "con expertos procedentes de la academia y la Administración y con representantes de los sindicatos y de los colectivos de representación de los ciudadanos en su relación con la administración", según desgranó. 

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