El Gobierno ofrece a los sindicatos las tasas Google y Tobin para financiar las pensiones

El Ministerio de Trabajo y los dos mayores sindicatos, CCOO y UGT, necesitan lograr algún avance en materia de pensiones para no verse arrollados por las protestas de los jubilados, que vuelven a ganar fuerza por todo el país. Ante el bloqueo del Pacto de Toledo, que sigue sin conseguir ningún resultado tras más de un año de negociaciones, el ministerio busca en los sindicatos acuerdos parciales para lanzar un mensaje de confianza a los pensionistas.

En este contexto, la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, recibió el martes a los representantes de CCOO, Carlos Bravo, y de UGT, Adela Carrió, para avanzar en las negociaciones. En la reunión, la ministra ofreció a los sindicatos emplear los ingresos de dos nuevos tributos para financiar las pensiones. Esto es, dos tributos finalistas que se dedicarían a elevar los ingresos de la Seguridad Social y, así, rebajar su abultado déficit.

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En concreto, se trata de dos impuestos que ya casi tiene diseñados el Gobierno: la tasa Google y la tasa Tobin (una vez descartado el impuesto a la banca). Esto es: el tributo a los servicios digitales y a las transacciones financieras. El Gobierno de Pedro Sánchez está decidido a sacarlos adelante de cara a 2019, ya que son dos impuestos que se están impulsando desde la Unión Europea.

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El problema es que su capacidad de recaudación es muy limitada. El impuesto sobre transacciones financieras no generaría ni siquiera 1.000 millones de euros de recaudación, y el impuesto sobre actividades digitales rondaría los 1.500 millones. Una cuantía que no cubriría ni siquiera el 15% de todo el déficit del sistema, que este año se situará en el entorno de los 19.000 millones de euros.

El impuesto sobre transacciones financieras y el impuesto sobre servicios digitales no cubrirían ni el 15% del déficit de las pensiones

La ministra también ha prometido a los sindicatos que garantizará el poder adquisitivo de las pensiones este año. Esto significa que el Gobierno se compromete a cubrir cualquier posible pérdida de poder adquisitivo que pueda surgir al cierre del ejercicio, ya que la revalorización de las prestaciones se fijó en el 1,6%. En caso de que el IPC promedio del conjunto del año supere esta cuantía, la Seguridad Social cubriría la diferencia con una ‘paguilla extra’ en diciembre a todos los pensionistas.

Más ingresos

Los dos sindicatos quieren que el Gobierno dé una vuelta de tuerca más a los ingresos del sistema para garantizar su sostenibilidad. Las medidas propuestas supondrían un fuerte incremento de la recaudación de la Seguridad Social, una carga que recaería fundamentalmente sobre las empresas.

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La medida estrella es el destope de las cotizaciones, esto es, eliminar el tope de la base máxima. Actualmente, los asalariados solo cotizan por un máximo de 3.751,2 euros de salario (45.014,4 euros anuales en las 12 pagas ordinarias), lo que deja sin gravar a una gran bolsa de salarios. La eliminación de esta base máxima generaría unos ingresos próximos a los 4.500 millones de euros, según las estimaciones de la Seguridad Social. Unas cifras que servirían para acabar con algo más del 25% del déficit del sistema, pero que supondrían un elevado esfuerzo para las empresas, que abonarían la mayor parte de esta subida.

El destope de las cotizaciones aportaría casi 4.500 millones a la Seguridad Social, de modo que cubriría en torno al 25% del déficit actual

Los sindicatos también solicitaron al Gobierno elevar el salario mínimo interprofesional (SMI) al menos hasta 850 euros al mes en 2020 y la promoción de un marco de negociación colectiva que garantice un salario mínimo por convenio de 1.000 euros mensuales para todos los asalariados. Una medida que influiría en la recaudación de la Seguridad Social gracias a la existencia de mayores bases de cotización.

Además, CCOO y UGT han reclamado una reforma del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) para que coticen por sus ingresos reales y no por la base que ellos elijan. Una medida que afectaría a los trabajadores que más ingresos generan, pero que también reduciría la aportación de aquellos cuya facturación no alcanza la base mínima, esto es, 932,70 euros al mes.

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Estas propuestas de los sindicatos ya se están debatiendo en la Mesa de Pensiones tripartita, que está formada por el ministerio, los sindicatos y las patronales. El ministerio quiere lograr acuerdos con los agentes sociales para buscar posteriormente consensos en el Congreso que permitan aprobar reformas parciales en las pensiones para lanzar un mensaje positivo a los mayores. De esta forma, pretenden neutralizar las manifestaciones de jubilados, que están creciendo nuevamente y que también se escapan del control de los sindicatos, ya que el peso de la convocatoria lo tiene la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones.