El PSOE estudia reformas parciales de las pensiones por el bloqueo del Pacto de Toledo

El Partido Popular y Ciudadanos confirmaron el martes que no facilitarán la gobernabilidad a Pedro Sánchez en el Congreso. Los dos partidos se unieron para rechazar la reforma exprés de la Ley de Estabilidad que había propuesto el PSOE, de modo que se ralentizará todo el trámite presupuestario. La debilidad de los socialistas, con 84 diputados, hace que sus opciones para liderar cualquier iniciativa en el Parlamento sean muy limitadas.

Es por este motivo que los socialistas buscan alternativas al bloqueo del PP y Ciudadanos. Uno de los temas más urgentes que tiene el Gobierno de Pedro Sánchez sobre la mesa es el problema de las pensiones. El secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, reconoció el martes que este año habrá “tensiones presupuestarias” para pagar las pensiones.

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El Ejecutivo necesita aprobar una serie de reformas urgentes para evitar el colapso del sistema y para generar confianza entre la población. Para hacerlo, necesitaría un gran consenso en el Pacto de Toledo, pero PP y Ciudadanos no le servirán el acuerdo en bandeja al PSOE. El Pacto de Toledo lleva más de dos años bloqueado y no será fácil arrancar un acuerdo con la oposición pensando en el calendario electoral; al menos no en el corto plazo.

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Esto deja a los socialistas con dos alternativas: aceptar los ritmos que marquen el PP y Ciudadanos o abordar reformas parciales del sistema. Fuentes del partido optan por la segunda vía: acelerar las medidas. “El PSOE no debe estar a la defensiva, al contrario, tenemos que tener la iniciativa para mejorar el sistema de pensiones”, explica un alto responsable del partido.

El PSOE no debe estar a la defensiva, al contrario, tenemos que tener la iniciativa para mejorar el sistema de pensiones

Esto significa que los socialistas buscarían reformas concretas del sistema ante la ausencia de un gran acuerdo global. El partido considera que existe una mayoría suficiente en el Congreso de los Diputados y un acuerdo generalizado con los agentes sociales para realizar modificaciones en la Seguridad Social que apuntalen el sistema. "Lo más importante es recuperar la confianza en el sistema, y la mejor forma de hacerlo es adoptar medidas para sanear el déficit", explica Mercé Perea, portavoz del PSOE en el Pacto de Toledo.

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De lo contrario, el Ejecutivo corre el riesgo de mostrar la misma imagen inmovilista del Gobierno de Mariano Rajoy y sufrir la ira de los jubilados. Desde la moción de censura, las movilizaciones de los pensionistas han sido puntuales (especialmente intensas en Bilbao), en parte como consecuencia de la revalorización aprobada en los Presupuestos Generales del Estado de 2018. Sin embargo, la tregua no será indefinida, ya que la modificación de los PGE era un parche y no un acuerdo permanente. “Si no queremos ir a contrapié con las movilizaciones, tenemos que tomar la iniciativa”, explican esas mismas fuentes.

Más ingresos y gastos

Los socialistas se marcan dos retos prioritarios en cuanto a las reformas del sistema de pensiones. El primero es mejorar las pensiones que se están pagando y el segundo, elevar los ingresos del sistema.

Para el primero de ellos, el camino que se fijan los socialistas pasa por eliminar la reforma introducida por Rajoy en 2013. Esto es, recuperar la indexación de las pensiones al IPC para garantizar el poder adquisitivo y derogar el factor de sostenibilidad para que los nuevos pensionistas no vean mermada su paga.

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Estos dos puntos ya los ha tratado el Ministerio de Hacienda con sus socios de Unidos Podemos en el seno de la negociación presupuestaria. Las dos partes acordaron recuperar el IPC como fórmula única para la revalorización de las pensiones y eliminar el factor de sostenibilidad, al menos, de forma temporal. Este acuerdo contaría con el respaldo de la mayor parte del Congreso y de los agentes sociales, por lo que nada impediría al PSOE ponerlo en marcha.

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El segundo de los puntos es el de los ingresos. Es evidente que el sistema de pensiones necesita más recursos para cubrir su déficit de 18.000 millones de euros anuales. Entre las medidas que están sobre la mesa se encuentra el impuesto a las transacciones financieras, que financiaría una parte muy pequeña de este enorme agujero. Además, el Gobierno podría aprobar nuevas transferencias del Estado a la Seguridad Social en los Presupuestos Generales del Estado que está negociando.

Por último, el PSOE podría plantear convertir reducciones de la cuota en bonificaciones, para que sea el Estado quien financie las políticas activas de empleo y no la Seguridad Social. Esta sería una decisión que podría adoptar de forma unilateral el Gobierno, por lo que no tendría que pasar por el Congreso. Serviría para eliminar una parte del déficit del sistema y así calmar a los pensionistas y a los cotizantes que temen por su futura pensión.