El Gobierno incumplirá la Constitución, la ley y la norma europea al retrasar los PGE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el lunes, en el inicio del nuevo curso político, que su intención es “presentar el anteproyecto de los Presupuestos Generales del Estado a finales noviembre o inicios de diciembre”. Sánchez hizo público su calendario en una entrevista en la Cadena SER, donde advirtió de que se saltaría todos los plazos legales que tiene fijados el Gobierno.

Sánchez se une así a una tendencia que se ha consolidado en los últimos años, la de los gobiernos que se saltan las leyes sin ningún reparo, como la Ley de Dependencia, la regla de gasto o la senda de déficit. El presidente anunció que superaría el plazo legal para presentar el anteproyecto de Presupuestos sin justificar su decisión de saltarse la Ley General Presupuestaria, la Constitución española y la regulación de la Unión Europea.

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El artículo 134 de la Constitución establece que la tarea de elaborar los Presupuestos Generales del Estado le corresponde en exclusiva al Gobierno y que “deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los PGE al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior”. En otras palabras, antes de que acabe septiembre.

Una vez presentados, es labor del Congreso aceptarlos, rechazarlos o enmendarlos, en lo que forma parte del juego de la separación de poderes. La Constitución no admite ninguna excepción para que el Gobierno no presente los PGE, y la prórroga presupuestaria se limita únicamente a las situaciones en las que el partido del Gobierno no consiga los apoyos suficientes en el Congreso para aprobarlos. Pero presentarlos lo tiene que hacer bajo cualquier circunstancia.

Hasta 2017, todos los gobiernos habían cumplido el calendario que marca la Constitución, hasta que Montoro decidió saltárselo

El mejor ejemplo se lo puede dar a Sánchez el expresidente Felipe González, que presentó los PGE de 1996 sabiendo que no contaba con el respaldo del Congreso. No por ello renunció a la obligación constitucional de llevar una propuesta a las Cortes. Y su fracaso precipitó la disolución de las Cámaras y la convocatoria de elecciones anticipadas.

Hasta el año 2017, todos los gobiernos habían cumplido el mandato de la Carta Magna, pero Cristóbal Montoro, ministro reprobado por saltarse la Constitución con la amnistía fiscal de 2012, decidió que sería el primero en incumplirlo. En su caso, es cierto que existía una excusa de peso: España se enfrentaba a un desafío rupturista como no había vivido en décadas con la celebración del referéndum del 1-O. Montoro tenía todo preparado para presentar las cuentas, pero el clima político de entonces hizo imposible que lo hiciera.

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Su sucesora al frente de Hacienda, María Jesús Montero, repetirá este año el incumplimiento constitucional. Y en su caso, lo hará sin tener ninguna excusa. Simplemente no tiene los apoyos presupuestarios y quiere ganar tiempo para mantener las negociaciones. La semana pasada también incumplió los plazos de la Ley de Estabilidad, al negarse a remitir al Congreso una nueva propuesta de la senda de estabilidad. La ministra está intentando modificar esa ley, pero ya sabe que PP y Ciudadanos bloquearán su reforma por lectura única y vía de urgencia en la Mesa del Congreso, lo que pone todavía más obstáculos en la negociación de los PGE.

“¿Necesitamos al Gobierno?”

El Gobierno no solo incumplirá la Constitución, también se saltará la Ley General Presupuestaria y la normativa comunitaria. El calendario del semestre europeo determina que los estados de la UE tienen que “presentar sus proyectos de planes presupuestarios a la Comisión y al Eurogrupo a mediados de octubre a más tardar”.

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Sin embargo, el Ejecutivo no tendrá listo el anteproyecto de Presupuestos hasta “finales de noviembre o inicios de diciembre”, lo que significa que remitirá a Bruselas un plan presupuestario que no se ajustará a la realidad.

El PSOE criticó con dureza a Montoro y a Rajoy cuando estaba en la oposición por saltarse la Constitución con los plazos presupuestarios. Sánchez llegó a afirmar que lo que realmente quería Rajoy con la prórroga presupuestaria era “consolidar los recortes que se vienen sufriendo en el Estado del bienestar”. También dijo que “un Gobierno que no tiene Presupuestos es un Gobierno que no puede gobernar porque no puede hacer nada, ¿de verdad lo necesitamos?”.

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No fue el único en criticar a Rajoy por el retraso en los plazos. Javier Lasarte, diputado del PSOE y portavoz del grupo en la comisión de Presupuestos, exigió a Montoro “que haga los deberes y presente en el Congreso los proyectos de ley que tiene que presentar por obligación: los Presupuestos y el modelo de financiación autónomica y local”. El Gobierno de Sánchez también ha desistido de presentar una propuesta de reforma de la financiación autonómica y local.

Un Gobierno que no tiene Presupuestos es un Gobierno que no puede gobernar porque no puede hacer nada, ¿de verdad lo necesitamos?

“Señor Montoro, ustedes han incumplido la ley”, reprochaba hace poco menos de un año Lasarte al exministro, “el Gobierno está para hacer cumplir la ley. ¡Y cumplirla!”. También el ex responsable económico del PSOE en el Congreso y hoy secretario de Estado de Infraestructuras reprochaba a Montoro el retraso en la presentación de los PGE. “El Gobierno de España debería haber elaborado un plan presupuestario para Europa y también para este Parlamento que pusiera encima de la mesa, ante las vulnerabilidades de nuestra economía, los planes del Gobierno de cara a ese corto, medio y largo plazo”, algo que tampoco hará Sánchez. “Insisto, ustedes no están en funciones”, repetía.

Ahora será el PP el que tome este discurso que antes empleaban los socialistas para atacar al Gobierno. Por su parte, Montero, como antes hacía Montoro, mira para otro lado sin dar importancia al incumplimiento de la Constitución.