La receta de Reino Unido: un gigantesco barco para 'encerrar' a los refugiados en mitad del mar

El Bibby Stockholm, un barco de tres pisos con 222 camarotes, ha atracado este martes en el puerto de Portland (Dorset, Inglaterra) para convertirse en los próximos meses en el hogar de 500 solicitantes de asilo. La barcaza fue recibida entre grandes protestas de residentes locales y grupos de derechos humanos. Los primeros temen que la afluencia de cientos de personas a la comunidad de la isla ejerza presión sobre los servicios locales. Los segundos consideran que es un trato “inhumano”.

Por su parte, Downing Street defiende que este “alojamiento alternativo” será más barato que los hoteles que se utilizan ahora para albergar a los alrededor de 51.000 solicitantes de asilo, con un coste al contribuyente de cerca de seis millones de libras por día.

La llegada del Bibby Stockholm —construido en 1976 y utilizado ya por Países Bajos hace dos décadas con el mismo propósito— se produce apenas horas después de que el Gobierno de Rishi Sunak haya conseguido sacar adelante su polémica ley de migración ilegal, con la que, a partir de ahora, se detendrá y expulsará a cualquier persona que llegue al Reino Unido por rutas ilegales.

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Sin duda alguna, se trata de la medida más polémica de la era Brexit, reflejo del simbolismo que tuvo la inmigración durante la campaña del histórico referéndum de 2016, cuando los euroescépticos repitieron cual mantra la importancia de recuperar “el control de las fronteras”.

La normativa era una de las grandes promesas del primer ministro de cara a las próximas elecciones previstas para 2024, a fin de terminar con la crisis migratoria del canal de la Mancha. Más de 45.000 personas llegaron en pequeñas embarcaciones el año pasado por esta vía hasta las costas británicas. Comparado con otros países europeos, no es desmesurado. Pero en la Global Britain pos-Brexit son cifras cargadas de simbolismo político.

Durante semanas, el Ejecutivo ha estado enfrascado en una batalla sobre la forma final del proyecto de ley con la Cámara de los Lores, donde los representantes de todos los partidos presentaron varias enmiendas. En los últimos días, la normativa pasó hasta tres veces entre la Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lores, en un proceso conocido como ping-pong parlamentario.

La ex primera ministra Theresa May encabezó una serie de rebeliones en la Cámara Baja, asegurando que “permitirá que más redes de esclavos operen y ganen dinero con la miseria humana”. Pero Downing Street argumenta que cualquier persona identificada como víctima potencial de la esclavitud moderna sería devuelta a su hogar o a otro “país seguro, lejos de quienes los traficaron”.

Desde el inicio, la normativa ha estado cargada de controversia. No en vano, la ONU emitió este martes una declaración inusualmente crítica, afirmando que infringe las obligaciones de Reino Unido en virtud del derecho internacional. En una declaración conjunta, el jefe de derechos humanos de la ONU, Volker Turk, y el jefe de refugiados de la ONU, Filippo Grandi, aseguraron que “tendrá profundas consecuencias para las personas que necesitan protección internacional”. “Esta nueva legislación erosiona significativamente el marco legal que ha protegido a tantos, exponiendo a los refugiados a graves riesgos en violación del derecho internacional”, dijo Grandi.

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Todos los partidos de la oposición consideran los planes "inviables", "inmorales" y "poco éticos". Por su parte, los principales representantes de la Iglesia de Inglaterra, 23 obispos que ocupan escaño en la Cámara de los Lores, llegaron a enviar el año pasado una carta al diario The Times en la que denunciaban una práctica "que debería avergonzarnos como nación".

Lo cierto es que no está muy claro qué sucederá con las personas que lleguen al Reino Unido en botes pequeños en los próximos meses, ya que los planes del Ejecutivo fueron declarados ilegales el pasado mes de junio por la Justicia británica. En concreto, la Corte de Apelación recalcó que “las deficiencias en el sistema de asilo de Ruanda son tales como para admitir que existen bases sólidas para creer que haya un riesgo real de que las personas enviadas a aquel país sean devueltas a sus países de origen y acaben sufriendo persecución o trato inhumano, cuando de hecho tendrían argumentos para recibir asilo”.

A finales del año pasado, el Tribunal Superior dio luz verde a la medida, pero los afectados —respaldados por diferentes ONG como el Alto Comisionado para los Refugiados de Naciones Unidas (Acnur)— recurrieron y la Corte de Apelaciones les dio la razón. No obstante, el Gobierno ha recurrido ante el Supremo.

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Downing Street —que ha pagado al país africano 140 millones de libras para albergar a inmigrantes— argumenta que, si bien Ruanda fue escenario de un genocidio que mató a más de 800.000 personas en 1994, desde entonces se ha forjado una reputación de estabilidad y progreso económico. Pero los críticos denuncian que la estabilidad se logra a costa de la represión política.

El verano pasado debía haber salido el primer avión rumbo a Ruanda. Pero solo 30 minutos antes del despegue, se quedó sin pasajeros gracias a la intervención del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Se trata de una corte que nada tiene que ver con la Unión Europea y a la que Reino Unido sigue dando cuentas, al ser miembro de la Convención Europea de Derechos Humanos. El núcleo duro del Partido Conservador presiona ahora para que en el manifiesto para las próximas generales se plantee un referéndum sobre la salida de este organismo.

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Fue precisamente para contentar al núcleo duro de sus filas por lo que el pasado mes de abril el Gobierno presentó una enmienda a la polémica ley para que los ministros puedan decidir de modo discrecional si obedecen o no una orden de suspensión de deportación que proceda del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

En una carta mandada a las filas tories, la ministra de Interior, Suella Braverman, reconocía que existe “algo más de un 50%” de posibilidades de que “las disposiciones de la nueva ley sean incompatibles con los derechos de la Convención Europea de Derechos Humanos”. “Estamos poniendo a prueba los límites, pero confiamos en que el nuevo texto sea compatible con el derecho internacional”, matizaba en la misiva.

En concreto, lo que Londres quiere cambiar es la Regla 39 de las reglas procesales del tribunal, que permite imponer una medida cautelar urgente a la decisión de cualquier Estado miembro de la Convención Europea de Derechos Humanos (y Reino Unido, hasta ahora, lo sigue siendo) “ante la posibilidad de un riesgo inminente o de un daño irreparable”.