Los refugiados que lleguen en patera no recibirán asilo en el Reino Unido pos-Brexit

Aquellos que busquen protección como refugiados en Reino Unido verán su solicitud evaluada, por primera vez, en función de cómo hayan llegado al país. Si lo han hecho a través de rutas ilegales, no tendrán derecho a permanecer en suelo británico. Esta es la piedra angular del nuevo sistema de asilo presentado este miércoles por el Gobierno de Boris Johnson en la era pos-Brexit. Las líneas siguen a las establecidas ya por la nueva ley de inmigración, donde se ha impuesto un estricto modelo inspirado en el régimen australiano.

La titular de Interior, Priti Patel, ha sido la responsable de presentar en la Cámara de los Comunes “la mayor reforma en décadas”. La ministra conservadora, que es hija de inmigrantes, señala que Reino Unido se está “desbordando”, por lo que se ha apostado por un nuevo modelo “justo, pero firme”.

“Si las personas llegan de manera ilegal, no tendrán los mismos derechos que aquellos que lo hacen legalmente, y les resultará más difícil quedarse”, apuntó. “Hay que acabar con las rutas ilegales, facilitadas por delincuentes que trafican con personas para introducirlas por métodos que con frecuencia terminan en muertes”, añadió.

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El objetivo sería disuadir, según ha sostenido, las mafias que operan en el Canal de la Mancha, para evitar que los traficantes de personas exploten a migrantes desesperados y pongan sus vidas en riesgo. Pero la nueva medida ha causado gran polémica. La oposición laborista asegura que carece de “compasión y competencia” y los abogados de derechos humanos dudan incluso de su legalidad porque, a su parecer, ignora las obligaciones internacionales de Londres bajo la Convención de Refugiados.

Bajo las nuevas normas —que serán sometidas a consulta pública hasta el 6 de mayo, tras lo cual se impulsaría el llamado “proyecto de Ley de Fronteras Soberanas”—, los refugiados que lleguen a suelo británico por vías legales obtendrán un permiso para quedarse a vivir de manera indefinida. Sin embargo, aquellos que lo hagan por rutas ilegales, aunque logren conseguir asilo, no tendrán los mismos derechos. En su lugar, se les otorgará un estatus de protección temporal, que se revisará cada 30 meses. No tendrán acceso a ayudas sociales ni tampoco derecho traer a su familia, aunque se les permitirá trabajar.

Asimismo, se reforzará el derecho a apelar y verificar la edad de los menores para “evitar que las personas sin escrúpulos abusen del sistema haciéndose pasar por niños, introduciendo valoraciones de la edad más duras y más precisas”.

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Patel también recalcó que aquellos que “hayan viajado a través de un país seguro como es Francia para llegar aquí, no tendrán una entrada inmediata en el sistema de solicitud de asilo, que es lo que ocurría antes”.

Tensiones con la UE

Más de 800 personas han cruzado por vías ilegales el Canal de la Mancha este año, tres veces más que durante el mismo periodo en 2020. Un récord de 8.420 migrantes cruzaron en pequeñas embarcaciones el año pasado. El Ejecutivo sostiene que muchos emprenden el peligroso viaje después de rechazar la oportunidad de solicitar asilo en los países de la UE.

El problema que se plantea ahora para Downing Street es que, tras haber salido del bloque, ya no forma parte del convenio de Dublín, por lo que no puede transferir refugiados y migrantes al país de la UE que llegaron primero.

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De momento, Londres y Bruselas no han llegado a ningún nuevo acuerdo sobre la materia. Aunque Patel señaló que el Gobierno estaba tratando de “cerrar pactos bilaterales”. “Es importante recordar que, si uno está huyendo de la persecución, puede solicitar asilo en el primer país seguro al que llegue. Francia, Alemania, Italia, Bélgica o España son países seguros, pero nos encontramos con que muchas personas vienen desde allí hasta el Reino Unido. Los países de la UE también tienen el deber moral y la responsabilidad de ser parte de esta solución”, aseguró.

Bajo el nuevo sistema que quiere implementar el Gobierno, los delincuentes que fletan barcas por el Canal de la Mancha (entre Francia e Inglaterra) podrían enfrentarse a penas de cadena perpetua y los inmigrantes con antecedentes penales deportados que regresen al Reino Unido podrían ser castigados con cinco años de cárcel, frente al máximo actual de seis meses.

¿Enviarlos a Gibraltar?

Por otra parte, en una entrevista con Sky News, la ministra no negó las informaciones publicadas en los últimos días por los medios locales que apuntan a que el Ejecutivo baraja enviar a otros territorios a los demandantes de asilo mientras se examinan sus solicitudes. Entre los destinos se citaban Gibraltar, territorio británico de ultramar, y la Isla de Man, una dependencia de la Corona británica.

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“Todo el tiempo que se trafica con personas a través de rutas ilegales, nosotros, como Gobierno, tenemos el deber y la responsabilidad de considerar todas las opciones, y ese es el propósito de nuestra consulta”, matizó la titular de Interior. “Países como Dinamarca ya están explorando opciones como esta y nosotros continuaremos valorando, de manera bilateral, vías para expulsar a las personas que han llegado al Reino Unido ilegalmente”, añadió.

Ante las preguntas del periodista, Patel no descartó explícitamente Gibraltar. Pero el ministro principal de la Roca, Fabián Picardo, se apresuró a publicar un comunicado donde se mostraba “sumamente satisfecho” de haber recibido “la garantía” por parte de la propia ministra de que “Gibraltar ni siquiera se ha considerado como parte de ningún plan”.

“Esta aclaración resulta de gran utilidad y pondrá fin a la especulación de que Gibraltar podría haberse considerado a los efectos de procesar a personas solicitantes de asilo en el Reino Unido. Las circunstancias de Gibraltar nos impiden ser de ayuda, como parte de la familia de naciones británicas, a este respecto. Estoy deseando reunirme con la ministra británica de Interior en Londres cuando se levanten las restricciones a los viajes”, añade el comunicado.

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La semana pasada, cuando comenzaron a filtrarse los detalles del nuevo régimen de asilo a la prensa local, Picardo ya escribió a Downing Street para recordarle que “las cuestiones relacionadas con la inmigración hacia y desde Gibraltar son responsabilidad” de los ministros del Peñón, en virtud de la Constitución de 2006.

“Gibraltar está siempre listo para ayudar al Reino Unido como parte de la familia británica de naciones. Desempeñamos un importante papel en materia de defensa y estamos dispuestos a valorar cualquier otra forma en la que podamos trabajar con el Reino Unido —matizaba—. No obstante, nuestra ubicación geográfica dificulta algunos aspectos, y tramitar en Gibraltar los casos de solicitantes de asilo en el Reino Unido sería uno de ellos”.

'Externalizar' la gestión de refugiados

El Ejecutivo británico cree que enviar a inmigrantes a terceros países para su procesamiento sería compatible con la Convención Europea de Derechos Humanos, a la que sigue perteneciendo independientemente del Brexit. No obstante, los expertos advierten que, pese a que no existe ninguna ley que prohíba explícitamente que las personas sean trasladadas a un país tercero, sin duda alguna sería una medida polémica, que seguramente requeriría de “revisión judicial al respecto”.

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El año pasado, Downing Street ya ordenó a los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores que investigaran la construcción de centros de detención para procesar a los solicitantes de asilo en países como Moldavia, Marruecos o Papúa Nueva Guinea. Esas ubicaciones han sido rechazadas por ser poco realistas. Otras opciones consideradas incluyeron la conversión de portaaviones en desuso en centros de procesamiento, algo considerado como “inhumano”, según diversas ONG.

El Gobierno argumenta que actualmente el “generoso” sistema británico de asilo está al borde del colapso, con 109.000 peticiones pendientes, debido a que a las solicitudes legítimas se suman las de personas llegadas “por rutas paralelas ilegales”.

El portavoz de la oposición laborista de Interior, Nick Thomas-Symonds, atribuyó este retraso “a la mala gestión del Ejecutivo” y añadió que las nuevas medidas “no harán nada” para desmantelar las redes organizadas. Por su parte, el director del Consejo de Refugiados, Enver Solomon, criticó que las autoridades quieran diferenciar entre inmigrantes “con base en la ruta por la que llegan”, mientras Tim Naor, de Acción para los Refugiados, consideró “crueles y desalmadas” las propuestas.