Fallos en el control de fronteras

La 'crisis de pateras' en el Canal de la Mancha sorprende a UK en el verano pre Brexit

En la última semana, centenares de personas han cruzado el mar desde Francia a Reino Unido, evidenciando la incapacidad de "controlar las fronteras" con el Brexit a la vuelta de la esquina

Foto: Una lancha retenida por la patrulla costera en Dover este 11 de agosto. (Reuters)
Una lancha retenida por la patrulla costera en Dover este 11 de agosto. (Reuters)

"Recuperar el control de las fronteras" fue el mantra que acabó garantizando la victoria del Brexit, donde la inmigración fue la cuestión protagonista del histórico referéndum de 2016. Sin embargo, mientras Westminster prepara ahora una nueva y estricta normativa inspirada en el sistema de puntos australiano, a poco más de cuatro meses de que el Reino Unido abandone en la práctica la UE, los cientos de miles de británicos que abarrotan estos días las playas están siendo testigos de la llegada a centenares de afganos, africanos, iraquíes e iraníes que llegan a través del Canal de la Mancha hacinados en precarias botes de remos, piscinas de plástico para niños o incluso embarcaciones flotantes construidas con botellas de limonada.

En lo que va de año, 4.100 inmigrantes ilegales han cruzado el Canal, más del doble del total registrado en 2019. El pasado jueves, hubo un récord con la llegada de al menos 235 personas. A día de hoy, el condado de Kent tiene a su cargo más de 500 menores no acompañados y las autoridades locales 'tories' piden explicaciones al Gobierno. Los centros de detención están desbordados, la Policía está sobrecargada, los funcionarios de salud están aterrorizados por los nuevos brotes de coronavirus y los residentes locales están furiosos.

En definitiva, en el verano previo a recuperar la ansiada libertad que durante cuatro décadas han estado demandando con tanto tesón los euroescépticos, Boris Johnson, castigado en los sondeos por su gestión ante la pandemia, se ha topado con una inesperada crisis de pateras que deja en evidencia cómo el “control de las fronteras”, al menos a día de hoy, es puro espejismo.

Con las mafias incrementando su actividad en el Canal de la Mancha, a Downing Street no le queda otra opción que negociar con Francia algún tipo de acuerdo para combatir el tráfico ilegal. Chris Philp, secretario de Estado para Inmigración, ha viajado esta semana a París para discutir diferentes opciones.

Un barco de la guardia costera con inmigrantes en Dover, este 10 de agosto. (Reuters)
Un barco de la guardia costera con inmigrantes en Dover, este 10 de agosto. (Reuters)

Las autoridades galas defienden que están poniendo todos sus esfuerzos para evitar que se lancen estas embarcaciones en el Canal de la Mancha, brazo de mar del océano Atlántico. Según el ministerio del Interior francés, en lo que va de año se han interceptado al menos a 810 indocumentados, lo que supone una cifra cinco veces mayor en comparación con el mismo período del año pasado. En concreto, el total del mes de julio fue diez veces superior al registrado el mismo mes de 2019.

El Gobierno francés señala que el acuerdo con Londres “está cerca”, aunque asegura que necesitan más recursos y, en este sentido, según filtraciones de los funcionarios británicos a la prensa local, estarían reclamando ahora 30 millones de libras.

David Miliband, que en su día fue visto como el sucesor de Tony Blair, recalca que la necesidad de la cooperación francesa en cualquier esfuerzo por detener la llegada de inmigrantes ilegales expone los límites del famoso eslogan de la campaña “Vote Leave” (Voto por salida de la UE). "Su frase era 'recuperar el control'. Pero ahora dicen 'tenemos que conseguir que los franceses hagan más'. De modo que estás inmediatamente en la realidad del mundo moderno... Te das cuenta de que dependes de una colaboración internacional", asevera el que fuera diputado laborista, convertido hoy en el responsable de la famosa ONG International Rescue Committee.

La UE ya no puede ayudar a UK

Le guste o no, Johnson no está ahora en una posición en la que tenga especial margen de maniobra con Francia. Al fin y al cabo, necesita de nuevos pactos, ya que, cuando el 31 de diciembre, el Reino Unido salga a efectos prácticos del bloque, quedará fuera de la Convención de Dublín de la UE, cuyo fin es determinar qué estado miembro se hace cargo de cada solicitud de asilo realizada por una persona en suelo comunitario. Se firmó en 1990 y su última versión, Dublín III, fue aprobada en 2013. El Convenio no es ni mucho menos perfecto. No está exento críticas. Con todo, supone un tipo de cooperación respecto a refugiados e inmigrantes de la que Londres ahora queda huérfana.

En virtud de la Convención de Refugiados de las Naciones Unidas de 1951, una vez que una persona que busca refugio está en la jurisdicción de un país -como, por ejemplo, sus aguas jurisdiccionales-, las autoridades están obligadas a rescatarla, llevarla a puerto y autorizarles a solicitar asilo.

No es asunto baladí. El Ejecutivo de Johnson recibió el año pasado 49.000 solicitudes de asilo. No obstante, la cifra es muy inferior a los 165.600 registradas en Alemania; 129.000 en Francia o 118.000 en España.

Estadísticamente, las 4.100 personas que han llegado este año a través del Canal de la Mancha a las costas británicas equivalen a menos del 1% del total de inmigrantes que llegaron el año pasado al país.

Pero en política muchas veces valen más las imágenes que los números. Y, en este sentido, la creciente llegada de pateras a las abarrotadas playas del país en pleno verano pre Brexit está perjudicando sobremanera al inquilino de Downing Street, al que acusan de estar realizando una gestión caótica.

Y es que, para afrontar la situación, al Ejecutivo está barajando usar la Royal Navy para bloquear e interceptar las embarcaciones cuando salgan de las aguas francesas. La radical ministra de Interior, Priti Patel, hija de inmigrantes, realizó una solicitud formal de asistencia militar la semana pasada y ha confirmado el nombramiento de Dan O’Mahoney, un ex Royal Marine, como “comandante de amenazas del Canal clandestino”. Desde el lunes, un avión de la Real Fuerza Aérea británica está haciendo las labores de vigilancia.

En este sentido, el Gobierno está adoptando la llamada política de “retroceso” de Australia, que utiliza a la Marina para recoger a los inmigrantes en aguas frente a Indonesia y llevarlos a centros de detención en islas alejadas del continente australiano. El objetivo Johnson, evidentemente, es mostrar a la opinión pública que el Reino Unido está usando sus fuerzas armadas para "defender su soberanía".

Sin embargo, la posibilidad de utilizar buques de guerra ha levantado críticas incluso a nivel interno. Fuentes de Defensa consideran que resulta “inapropiado e innecesario” y matizan que “los recursos militares no deben utilizarse para abordar errores políticos”. ¿Cuáles son las barreras legales para devolver a los migrantes a Francia, especialmente si París se niega a aceptarlos? ¿Cómo puede la Royal Navy protegerse de las demandas de los grupos de campaña de derechos humanos y solicitantes de asilo? Amnistía Internacional ya ha advertido que sacar al Ejército sería “ilegal”.

Fuentes de Defensa consideran que "los recursos militares no deben utilizarse para abordar errores políticos"

Ante la crisis, Johnson recalca que quiere un nuevo “marco legal” para facilitar el regreso de los inmigrantes a Francia, ya que reconoce que “una vez llegan a Reino Unido es muy difícil mandarlos de vuelta”. Efectivamente, al no ser ya parte de la Unión, Francia no tiene ninguna responsabilidad (ni moral, ni legal) de recibir a los inmigrantes que quisiera expulsar Reino Unido. “No hay duda de que sería de gran ayuda trabajar con nuestros amigos franceses para evitar que los inmigrantes realicen por el Canal este recorrido estúpido, peligroso y delictivo”, matizó.

Muchos de los que llegan por esta vía a suelo británico provienen de Afganistán, Irak, Siria y países de África, huyendo de la pobreza, la persecución o la guerra. Algunos tienen posibilidades de que se les conceda asilo, mientras que a otros, considerados inmigrantes económicos ilegales, probablemente no se les permita permanecer en el país.

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