¿Brexit a los Derechos Humanos? Así es la polémica ley antiterrorista de Boris Johnson

A plena luz del día y en una calle abarrotada de gente al sur de Londres, Sudesh Amman, de 20 años, acuchilló a tres personas el pasado domingo antes de ser abatido por la Policía. Hacía apenas diez días que acababa de salir de prisión por delitos relacionados con el terrorismo. El ataque ha tenido lugar mes y medio después de que Usmar Khan, de 28 años, otro expreso que acaba de salir de la cárcel por planear atentados yihadistas, matara dos jóvenes y acuchillara a otras tres personas antes de ser abatido a tiros por varios agentes en el turístico puente de Westminster.

El Gobierno de Boris Jonhson ha prometido ahora mano dura y, en los próximos días, presentará una nueva legislación antiterrorista que, entre otras medidas, elimina la liberación anticipada automática para los terroristas una vez han cumplido la mitad de su condena e incluso planea poder mantenerlos en prisión de manera "indefinida".

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Algunos abogados advierten que medidas como estas podrían sobrepasar los límites legales y de derechos humanos reconocidos por las convenciones y acuerdos internacionales de los que Reino Unido forma parte. Aunque, en este sentido, Downing Street está barajando la posibilidad de derogar la Convención Europea de Derechos Humanos (CEDH) y dejar de estar bajo la jurisdicción de sus tribunales (TEDH) en Estrasburgo.

Suspender la Convención Europea de DDHH

Tras la estrategia, está de nuevo Dominic Cummings, el oscuro asesor del primer ministro que fue el cerebro de la campaña euroescéptica en el histórico plebiscito de 2016. Tras el triunfo del Brexit, ya anunció que si volvía algún día a la política, su prioridad sería celebrar otra consulta sobre la pertenencia del Reino Unido en dicha convención. "La mayoría de las personas probablemente crean que ya estamos fuera [por haber salido de la UE], así que imaginen lo enfadados que van a estar cuando se den cuenta de que aún seguimos formando parte", señaló entonces.

La CEDH protege los derechos fundamentales de las personas en países que pertenecen al Consejo de Europa, una institución completamente diferente e independiente de la Unión Europea. Por lo tanto, aunque el Reino Unido haya abandonado el bloque, sigue inscrito en esta organización. Por ejemplo, países como Rusia, Noruega, Ucrania y Turquía también forman parte de la convención y pueden ser juzgados en el Tribunal de Estrasburgo, aunque no sean parte de la UE.

De momento, mientras se prepara la nueva normativa antiterrorista, el Número 10 no quiere "cerrar la puerta" a una posible derogación de la convención. Podría hacerlo simplemente informando al Consejo de Europa y explicando sus razones. La excepción podría estar abierta a impugnación legal, aunque varios países ya lo han hecho anteriormente sin cruzar los límites, incluido el propio Reino Unido.

Durante la década de los 70 y 80, en los años más sangrientos del conflicto entre católicos y protestantes en Irlanda del Norte, el Ejecutivo británico suspendió la convención para combatir lo que en ese momento calificó como "la campaña terrorista más violenta presenciada en cualquier parte de la isla de Irlanda". Esto abrió la puerta a decenas de acusaciones de violación de los derechos fundamentales de los detenidos y sospechosos de pertenecer al IRA, además de ciudadanos del Úlster.

Entre las medidas que se barajan ahora para la nueva ley antiterrorista está endurecer las sentencias, a fin de que los presos por estos delitos cumplan, al menos, 14 años de cárcel —y no el mínimo de tres actual—. Asimismo, se quiere dar a los oficiales de libertad condicional la posibilidad de que utilicen la prueba del polígrafo (detector de mentiras) para demostrar que los terroristas están realmente reformados antes de salir. Hasta ahora, este método solo se aplica a los condenados por violación y otros delitos sexuales. Esta ley de emergencia se aplicaría retrospectivamente a 220 terroristas. Alrededor de una decena se espera que salgan a la calle este mes.

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Por otra parte, los ministros también están examinando planes para reintroducir las "órdenes de control", que imponen el arresto domiciliario virtual a los terroristas liberados, con restricciones sobre dónde pueden vivir, sus movimientos y con quién pueden verse. Lo que más preocupa a los abogados, y que choca frontalmente con la CEDH, es la posibilidad de la "prisión indefinida".

Desde el Ejecutivo consideran que se actúa dentro de la legalidad porque la clave es cambiar la "administración" de las condenas, no tanto su duración. Pero algunos expertos en derechos humanos lo ponen en duda.

Los planes gubernamentales han creado un gran debate en una sociedad que, aparte de los dos últimos recientes, en 2017 sufrió hasta cinco atentados. En este sentido, mientras que lord Carlile de Berriew —un exanalista independiente sobre legislación antiterrorista— considera que "puede que el Gobierno esté yendo demasiado lejos", lord Macdonald de River Glaven —ex director de enjuiciamientos públicos— considera que se está "haciendo lo correcto".

"Es contradictorio, incluso perverso, que un estado otorgue libertad anticipada a los presos terroristas en circunstancias en las que se cree que representan aún un riesgo público", ha matizado.

Vigilados 24 horas

Sudesh Amman, el terrorista que acuchilló a varias personas el pasado domingo, se convirtió en el objetivo de una de las principales investigaciones antiterroristas del MI5 cuando salió de la cárcel a fines de enero.

El servicio de seguridad y las unidades policiales antiterroristas fueron informados sobre la conducta volátil que presentó dentro de la cárcel de Belmarsh, en el sureste de Londres, donde llegó contar a otros presos sus planes inmediatos de asesinar a un diputado.

Los expertos sabían que constituía un peligro público. Pero, a pesar de la dura evaluación, las autoridades no pudieron evitar su excarcelación en libertad condicional, después de haber cumplido la mitad de sus tres años y cuatro meses de condena por difundir material terrorista.

Cuando salió de prisión, los servicios de inteligencia llevaron a cabo un plan de vigilancia las 24 horas del día para poder actuar de inmediato. Tras robar un cuchillo y empezar a atacar a la gente —no hubo que lamentar muertos porque no llegó a quitar el plástico de seguridad—, Amman fue abatido a tiros en cuestión de dos minutos por los agentes que iban vestidos de paisano. Este tipo de vigilancia puede llevarse a cabo durante semanas o meses, pero supone un coste de miles de libras.

3.000 personas identificadas como posible amenaza yihadista

La Policía y Servicios de Inteligencia se reúnen todos los lunes en el MI5 para decidir cuáles son los objetivos de máxima prioridad (P1). Por debajo de este grupo hay hasta otros tres niveles de peligrosidad, que engloban a alrededor de 3.000 personas identificadas como parte estratégica de una posible una amenaza yihadista.

En cualquier caso, David Merrit, el padre de Jack —el joven de 25 años que trabajaba por la reinserción de presos y fue asesinado en el atentado del pasado mes de noviembre— asegura que los planes que quiere ejecutar ahora el Gobierno no son la solución al problema. "Alargar las penas no sirve de nada, ya que eso permitirá a los presos radicalizarse unos a otros y generar un mayor resentimiento. Lo importante es luchar contra la radicalización en las cárceles", matizó.

En la actualidad, solo una de las tres "cárceles dentro de la cárcel" que se crearon en su momento en el Reino Unido para aislar a los presos islamistas más peligrosos permanece activa. Este tipo de unidades especiales —que tienen una capacidad máxima para ocho presos— fue la propuesta clave de la revisión elaborada en 2016 por Ian Acheson, en su momento responsable de prisiones, para intentar contener el extremismo islamista en las cárceles.

El servicio penitenciario se resistió a llevarlas a cabo y en 2018 un comité parlamentario de Inteligencia y Seguridad, citando evidencias de agentes antiterroristas, advirtió que podían acabar convirtiéndose en "academias del terror".