Europeos en el alambre: la Justicia de UK se carga el sistema de residencia post Brexit

Monedas de cambio, hijos indefensos en medio de un complejo divorcio e incluso rehenes. Hubo muchas expresiones para referirse a los ciudadanos de la Unión Europea residentes en el Reino Unido tras la victoria del Brexit. Millones de europeos afincados en suelo británico vivieron años de incertidumbre con las eternas y arduas negociaciones. Sus derechos quedaron supuestamente garantizados con el pacto alcanzado entre Londres y Bruselas antes de que los británicos abandonaran el bloque el 31 de enero de 2020. Pero los activistas rápidamente alertaron de la letra pequeña. Y el Tribunal Superior les ha dado este miércoles la razón asegurando que la interpretación del ministerio del Interior sobre el Acuerdo de Retirada es ilegal.

Según el sistema llevado a cabo por Downing Street, los que llevaban residiendo menos de cinco años tan solo tienen derecho a una residencia temporal. Para que sea permanente, una vez alcanzado el lustro, deben volver a realizar otra solicitud. Sin embargo, el juez Peter Lane ha dictaminado que "se trata de una norma errónea en su legalidad, y que convierte, por tanto, en ilegal todo el Esquema de Asentamiento", porque en última instancia, la regla de doble petición "pretende abolir el derecho a una residencia permanente".

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Se trata de un dictamen con implicaciones de largo alcance y que refleja el denominado 'ambiente hostil' que impera desde hace tiempo en el Reino Unido hacia los inmigrantes. En cualquier caso, el ministerio del Interior ya ha manifestado su intención de apelar.

La decisión afecta a 2,7 millones de personas, del total de 6,7 millones que solicitaron la residencia británica hasta el pasado 30 de septiembre. Lo que está en juego es el derecho a vivir en el país, trabajar, alquilar o comprar propiedad inmobiliaria, así como acceder a los servicios públicos, entre ellos la sanidad.

Luke Piper, abogado de la asociación The3million —que defiende los derechos de los comunitarios residentes— asegura que la forma "autoritaria en la que el Gobierno británico ha implementado el Acuerdo de Retirada significa que a las personas con derechos consagrados en la ley se les negarán si no completan otra solicitud antes de que expire su estado preestablecido". "Las primeras fechas de vencimiento comenzarán en agosto de 2023. Necesitamos que el Gobierno tome medidas rápidamente porque de lo contrario esto plantea una amenaza de un escándalo más allá del caso Windrush", añade.

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El Empire Windrush fue el primer barco que llegó en 1948 al Reino Unido con cientos de ciudadanos de países del Caribe, que permanecían entonces bajo dominio británico, respondiendo a un llamado en el que se ofrecía empleo y una nueva vida. Pero un endurecimiento de la ley migratoria en 2012 obligó a los caribeños de esta generación a probar con documentos originales todos los años de residencia, en un país donde no existe el empadronamiento o un sistema de registro como el DNI español. Fue un trámite burocrático que algunos de ellos no pudieron cumplir. A raíz de esa situación, algunos perdieron sus trabajos, recibieron amenazas de deportación o no pudieron regresar a sus hogares tras visitar su país de origen. Como pasó a los protagonistas de aquella generación, tras años o incluso décadas viviendo en suelo británico, los comunitarios que no regulen ahora su situación pueden quedar como inmigrantes ilegales, con todo lo que eso conlleva.

En un principio, se estimó que había tres millones de comunitarios viviendo en suelo británico. La cifra se elevó luego a más de cuatro millones, entre ellos, más de 300.000 españoles. Cuando se ejecutó el divorcio con la UE, algunos acaban de llegar, otros llevan afincados décadas. Pero unos y otros tuvieron que regularizar su situación.

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Debían hacerlo todos, sin excepción. Los casados con británicos y también los cónyuges no comunitarios de europeos. Porque, de otra manera, por poner un ejemplo, un americano casado con una española también quedaría en situación ilegal. Al fin y al cabo, su derecho de residencia estaba vinculado a la normativa de la UE. La situación, en definitiva, es más compleja de lo que parece.

Los derechos de los comunitarios residentes quedaron protegidos con el Acuerdo de Retirada firmado en octubre de 2019 entre Londres y Bruselas, que nada tiene que ver con el cerrado el 24 de diciembre de 2020 sobre relaciones comerciales. A pesar de que el 31 de diciembre de 2020 el Reino Unido salió ya a efectos prácticos del bloque, tras un periodo de transición, a los europeos residentes se les dio de plazo hasta el 30 de junio de 2021 para realizar los trámites.

Todo aquel que llevara cinco o más años en el Reino Unido debía pedir el llamado "Estatus de pre asentamiento". Eso sí, cada vez que cambie de dirección, renueve pasaporte o tenga cualquier cambio en tus datos personales, debe notificarlo a las autoridades. Y si está fuera del país durante cinco años, pierde todos sus derechos. En caso de que quisiera volver, tendría que hacerlo ya bajo los requisitos de la nueva ley de inmigración que entró en vigor el 1 de enero de 2021. Está inspirada en el modelo de puntos australiano, uno de los más estrictos del mundo.

Por su parte, todo el que hubiera llegado al Reino Unido antes del 31 de diciembre de 2020, y llevase residiendo menos de cinco años, tenía que solicitar el "Estatus de Pre Asentamiento" y esperar al lustro para finalizar los trámites. Eso sí, si está fuera del país durante seis meses (dentro de un periodo de un año) ya no son candidatos para conseguir la residencia permanente.

A día de hoy, hay más de 180.000 personas que aún no han recibido respuesta del ministerio del Interior a su solicitud, entre ellos, 7,190 españoles. Y, muchos de ellos, según aseguran desde The3million, están teniendo ya problemas para conseguir trabajo por esta razón. Asimismo, el plazo para los que quieren traerse a familiares directos —como cónyuges e hijos— que no son comunitarios pueden alargarse hasta un año.

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Una de las grandes preocupaciones que siempre ha denunciado The3million es que no se trata de un sistema de "registro" sino de "solicitud". "Los derechos de los comunitarios deberían quedar protegidos de manera automática, no sujetos a ninguna petición que puede aceptar o denegada por un Gobierno. Esto es sumamente importante", advierte el abogado Luke Piper. "Tampoco debería haber una fecha límite para realizar el trámite", apunta.

Asimismo, otra de las demandas de la organización es que aquellos que regulen su situación obtengan una prueba física para poder demostrarlo y no un simple email, como el que reciben ahora por parte de las autoridades. El Parlamento Europeo y el alcalde de Londres, Sadiq Khan, ya ha advertido que, sin ningún tipo de prueba física, esto podría generar problemas de "discriminación" a la hora de buscar, por ejemplo, trabajo o vivienda de alquiler. La propia Cámara de los Lores aprobó en su momento una enmienda solicitando algún tipo de "carné". Pero los Comunes —donde los 'tories' tienen una amplia mayoría— la desestimó.