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El argumento legal de Reino Unido para declararle la guerra (comercial) a la UE
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Crónica de una muerte anunciada

El argumento legal de Reino Unido para declararle la guerra (comercial) a la UE

Londres quiere romper unilateralmente partes claves del acuerdo cerrado con la UE, escudándose en proteger la paz en el Ulster. Washington toma cartas en el asunto

Foto: El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson. (EFE/Andy Rain)
El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson. (EFE/Andy Rain)

En diciembre de 2019, a pocos días de que se celebraran las elecciones generales que acabaron dando a Boris Johnson una mayoría absoluta no vista desde los tiempos de Margaret Thatcher, BBC y 'Financial Times' publicaron unos documentos internos del Gobierno donde se advertía del “serio impacto” a nivel “económico, social y de seguridad” que provocarían los controles aduaneros en los puertos norirlandeses que Londres había firmado con Bruselas en el acuerdo del Brexit.

Los problemas del Protocolo de Irlanda del Norte no solo eran predecibles, sino que los funcionarios los detallaron con todo lujo de detalles, alertando al Ejecutivo de las consecuencias que aquello provocaría en una región fuertemente dividida entre católicos y protestantes. Pero Johnson llamó a la calma porque siempre tuvo un plan: iba a saltarse a la torera el tratado internacional cerrado con la UE. Es más, en septiembre de 2020, a menos de cuatro meses para que los británicos salieran ya a efectos prácticos del club comunitario, lo admitió públicamente asegurando que lo iban a violar, “pero solo un poco”.

Foto: El primer ministro británico, Boris Johnson. (EFE)

Así que ahora no se le puede culpar de no ir de cara. Todo el mundo sabía lo que iba a ocurrir. Incluida la propia UE. Pero dicen que no hay más ciego que el que no quiere ver. De ahí que se sentara en los últimos meses a renegociar, ofreciéndose incluso a eliminar hasta el 80% de los controles sobre alimentos, en un último intento para salvar la situación.

Pero el Protocolo de Irlanda del Norte siempre fue la crónica de una muerte anunciada para el Gobierno de Johnson. Al igual que García Márquez tomó elementos del realismo mágico para contar el fin de Santiago Nasar, asistimos ahora a otro tipo de creatividad para violar la ley. Porque otra cosa no, pero Johnson siempre ha sido de lo más original, incluso para inventarse citas en sus tiempos de periodista que forzaron su despido de The Times.

Anular al Tribunal de la UE

Todo apunta a que esta semana el Gobierno presentará un proyecto de ley en la Cámara de los Comunes para que las empresas de Irlanda del Norte se puedan acoger, a la carta, a la normativa comunitaria o británica, se suspendan los controles que ahora hay que realizar a las mercancías que llegan desde Gran Bretaña (Escocia, Inglaterra y Gales) y se eliminen los poderes del Tribunal Europeo de Justicia.

La Fiscal General del Estado, Suella Braverman, ya ha advertido que los planes del Ejecutivo británico serían legales porque la interpretación de UE sobre los controles es "desproporcionada e irrazonable".

El Protocolo deja a Irlanda del Norte oficialmente en el territorio aduanero del Reino Unido. Pero, para evitar frontera dura con la República de Irlanda (miembro de la UE), la provincia británica queda al mismo tiempo alineada con códigos aduaneros comunitarios, sobre todo lo referido a bienes.

Católicos y protestantes

El hecho de dejar a la provincia británica con un estatus diferente al del resto del Reino Unido vaticinaba tensiones entre católicos y protestantes desde hace tiempo. Y los pronósticos se han cumplido. El triunfo histórico de los republicanos del Sinn Féin en la Asamblea de Belfast ha creado una crisis política. Los unionistas del DUP se niegan ahora a formar gobierno de coalición —que ambas comunidades deben respetar— hasta que el Protocolo no se modifique.

Por lo tanto, el argumento que utiliza ahora Downing Street es que sería legal invalidar algunas disposiciones, ya que amenazan la estabilidad en Irlanda del Norte y la paz firmada entre católicos y protestantes en 1998 debe primar ahora sobre el acuerdo del Brexit con la UE.

Foto: La presidenta de Sinn Féin, Mary Lou McDonald. (Reuters/Lorraine O'Sullivan)

Si el Reino Unido decidiera actuar de manera unilateral, Bruselas podría reactivar el proceso legal que había iniciado contra el proyecto de Ley de Mercado Interno que el Gobierno británico presentó en su día en la Cámara de los Comunes (el mismo con el que ya avisaban que violaría el acuerdo del Brexit "pero solo un poco") y que quedó frenada en la Cámara de los Lores.

Bruselas también podría imponer aranceles sobre productos británicos, lo que amenazaría con iniciar una guerra comercial entre ambas partes, e incluso suspender por completo el Acuerdo de Comercio y Cooperación que fija los términos en los que el Reino Unido abandonó el bloque. En definitiva, se podría suspender todo tipo de relación entre ambas partes, salvo asuntos derivados de la guerra de Ucrania.

La ministra de Exteriores, Liz Truss, mantuvo la semana pasada una tensa conversación telefónica con el vicepresidente comunitario, Maros Sefcovic, donde advirtió que su Gobierno "no tendrá más remedio que actuar" si el bloque no muestra "la flexibilidad necesaria" para mejorar la situación. La Comisión Europea considera que la acción unilateral por parte del Reino Unido "simplemente no es aceptable".

La agresividad de la responsable de la diplomacia británica está creando incluso divisiones dentro del propio Gabinete del Ejecutivo conservador. En plena crisis económica, ante la subida del coste de la vida, algunos ministros, como el responsable del Tesoro, Rishi Sunak, consideran que no es precisamente el mejor momento para jugar el órdago. Pero Truss está jugando su particular partida interna posicionando su liderazgo en el sector más a la derecha del partido, por si finalmente Johnson se ve obligado a dimitir por el escándalo del Partygate.

Foto: Boris Johnson sale de Downing Street. (Reuters/Toby Melville) Opinión

La tensión ha llegado a unos extremos que, en los próximos días, se espera la llegada de una delegación de influyentes representantes del Congreso de los Estados Unidos para mantener una serie de reuniones en Bruselas, Dublín, Londres y Belfast. En su día, Washington —donde el 'lobby' irlandés es poderoso— estuvo muy implicado en las negociaciones de paz entre católicos y protestantes y teme ahora que todo se derrumbe.

Joe Biden ya ha advertido que si finalmente Londres lleva a cabo una acción unilateral sería una provocación. El presidente norteamericano siempre ha hablado con orgullo de sus raíces irlandesas y en más de una ocasión ha advertido a Downing Street que, de no cumplir el Protocolo de Irlanda, esto tendría repercusiones para un futuro acuerdo comercial entre Reino Unido y Estados Unidos.

En medio del nerviosismo por las consecuencias para las relaciones transatlánticas, Downing Street ha enviado a los Estados Unidos a Conor Burns, un secretario de Estado nacido en Belfast y católico, para intentar limar asperezas. "Todavía queremos una solución negociada. Pero si Bruselas considera que no hay más de lo que hablar, entonces tenemos la obligación moral de tomar medidas para proteger a nuestros ciudadanos en Irlanda del Norte", matiza.

En diciembre de 2019, a pocos días de que se celebraran las elecciones generales que acabaron dando a Boris Johnson una mayoría absoluta no vista desde los tiempos de Margaret Thatcher, BBC y 'Financial Times' publicaron unos documentos internos del Gobierno donde se advertía del “serio impacto” a nivel “económico, social y de seguridad” que provocarían los controles aduaneros en los puertos norirlandeses que Londres había firmado con Bruselas en el acuerdo del Brexit.

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