"Vamos a violar el tratado internacional, pero solo un poco": último rizo de Boris y el Brexit

Imaginemos el siguiente escenario: tras un referéndum histórico, se crea una situación política internacional sin precedentes que obliga al equipo A y B a negociar un tratado para evitar el caos. El acuerdo se cierra “in extremis”. Ambos equipos cantan victoria. Sin embargo, a la hora de llevarlo a la práctica, el equipo B plantea que hay que realizar “pequeñas matizaciones” para evitar ambigüedades que quedaron sobre el papel. Actuando ambas partes de buena fe, sería algo entendible. No chirriaría. Pero no es el caso. Porque el escenario que nos ocupa es el Brexit y el equipo B en cuestión está capitaneado por Boris Johnson, amigo de prácticas poco ortodoxas, el mismo que, según la máxima autoridad judicial del Reino Unido, actuó ya de manera ilegal el año pasado al derogar la actividad en Westminster para que los propios diputados no se interpusieran en sus planes.

A menos de cuatro meses para que los británicos salgan ya a efectos prácticos del club, lo que plantea ahora el inquilino de Downing Street es violar el Acuerdo de Retirada que el año pasado garantizó al Reino Unido una salida ordenada de la UE. En otras palabras, Johnson quiere dinamitar un tratado internacional.

El rizo ya se riza tanto que el propio responsable del departamento legal del Gobierno británico, Jonathan Jones, ha presentado su dimisión. Se trata de la sexta salida de un alto funcionario este año por sus diferencias con el Número 10. Y la lista podría incrementarse en las próximas horas.

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EFE

Ante la falta de avances en las actuales negociaciones para intentar cerrar un pacto comercial antes de diciembre -cuando termina el periodo de transición-, el Gobierno británico dice ahora que quiere cubrirse las espaldas. Y, en este sentido, este miércoles presentará en la Cámara de los Comunes -donde los 'tories' tienen una aplastante mayoría- la controvertida legislación denominada “Proyecto de Ley del Mercado Interno” que puede llegar ahora a anular aspectos clave del Acuerdo de Retirada, en concreto el Protocolo de Irlanda.

Evitar frontera dura entre la República de Irlanda y la provincia británica de Irlanda del Norte fue precisamente el principal escollo de las negociaciones de divorcio. Fue una cuestión que se miró con lupa. Es más, Johnson llegó a cambiar la solución planteada por su predecesora Theresa May. La nueva redacción del texto especifica de manera explícita que el nuevo Protocolo de Irlanda se aplicaría en todas las circunstancias.

Por lo tanto, cuando Downing Street defiende ahora que está “comprometido” con el Acuerdo de Retirada y que tan sólo busca “pequeñas modificaciones técnicas” para dar “claridad” a los empresarios… Sencillamente no cuadra.

Hasta el miércoles no se conocerá en detalle el “Proyecto de Ley del Mercado Interno” – planteado para asegurar un funcionamiento sin contratiempos del comercio entre Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte-. Pero el propio ministro británico para Irlanda del Norte, Brandon Lewis, admitió este martes en el Parlamento que el plan del Gobierno de alterar ciertas disposiciones “viola el derecho internacional”.

“Diría que sí, que esto [los planes del Gobierno] viola el derecho internacional de una forma muy específica y limitada”, señaló al ser preguntado al respecto. Ante las caras de estupefacción de los propios diputados conservadores, Lewis matizó que “hay claros precedentes para el Reino Unido y, sin duda, otros países con la necesidad de reconsiderar sus obligaciones internacionales a medida que cambian las circunstancias”.

Diría que sí, que esto [los planes del Gobierno] viola el derecho internacional de una forma muy específica y limitada

El problema es que en este caso las circunstancias no han cambiado. Nada más lejos de la realidad. Y en todo momento además, el Protocolo de Irlanda recogido en el Acuerdo de Retirada preveía la posibilidad de que Londres y Bruselas no alcanzaran un pacto comercio.

Por lo tanto, si el Gobierno británico quiere ahora apelar al Artículo 62 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados internacionales -que acepta modificaciones, si las circunstancias cambian- tendría todas las de perder si finalmente este asunto termina en los tribunales.

¿Teatro o intención real?

Nadie puede obviar que, en las negociaciones, gustan muchos los teatrillos (especialmente a Johnson). Hasta ahora, con el Brexit siempre se ha podido salvar el acantilado en el último minuto. Por estas mismas fechas el año pasado, el 'premier' aseguraba que preferiría “antes muerto en una zanja” que pedir extensión de plazos y su oscuro asesor Dominic Cummings recalcaba que habría Brexit duro. Diez días más tarde, hubo acuerdo y Johnson pidió extensión para celebrar elecciones generales.

En cualquier caso, las circunstancias ahora son distintas y, con la pandemia, los “brexiteers” más radicales están animando al Gobierno para que salga de “manera limpia”, sin pactos comerciales, porque se podrá echar luego al virus la culpa de todo el caos económico garantizado, al menos, a corto y medio plazo.

Lo que está claro es que la nueva ronda de conversaciones que tiene lugar esta semana en Londres no goza del ambiente más cordial. Michel Barnier, negociador de la UE, ya ha advertido a su homólogo, David Frost, que si se viola el tratado internacional, el Reino Unido tendrá que atenerse a las consecuencias.

A diferencia de Olly Robbins (el negociador británico durante la era de Theresa May, odiado por los “tories” más euroescépticos), Frost no está viajando por las capitales europeas para conocer sus preocupaciones, no le interesa saber lo que piensa la otra parte. En los corrillos de Westminster dicen que Johnson “le tiene atado en corto” y que, más que negociador, se limita puramente a trasladar las demandas de Londres.

El 'quid' de la cuestión

Y metidos en faena, ¿cuáles son ahora las demandas? El Protocolo de Irlanda -recogido en el Acuerdo de Retirada- fue redactado de tal manera que ambas partes, pese a lo delicado de la situación, pudieron cantar victoria, aunque aquello terminó con el breve romance entre los conservadores y los unionistas norirlandeses del DUP.

Con todo, como muchos acuerdos internacionales que se concluyen cuando existe voluntad política, cuando están a punto de entrar en vigor llegan los problemas a la hora de ponerlos en práctica.

El Protocolo en cuestión deja a Irlanda del Norte oficialmente en el territorio aduanero del Reino Unido. Pero, para evitar frontera dura con la República de Irlanda (miembro de la UE), la provincia británica queda al mismo tiempo alineada con códigos aduaneros comunitarios, sobre todo lo referido a bienes.

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Desde que se aprobó el Acuerdo de Retirada en octubre del año pasado, el llamado Comité Conjunto (formado por los “sherpas” británicos y comunitarios) ha estado tratando de analizar cómo las palabras redactadas en el papel pueden luego funcionar en la práctica.

Pero, en vez de esperar las conclusiones, Downing Street dar el primer paso unilateralmente. Nunca mejor dicho. El Gobierno parece decidido a otorgar a los ministros más poder para analizar qué podría estar sujeto a aranceles o impuestos comunitarios, y quiere dejar en claro que los requisitos de ayuda estatal de la UE, donde los Gobiernos brindan apoyo financiero a las empresas locales, solo se aplicarían en Irlanda del Norte.

Con todo, cuando se conozcan los detalles del Proyecto de Ley, es muy probable que contenga otros planes que sean aún más controvertidos, sobre todo en la forma en que establece las relaciones posteriores al Brexit entre Inglaterra, Gales, Irlanda del Norte y Escocia, donde los ánimos independentistas van “in crescendo” de cara a las elecciones del Parlamento de Edimburgo el próximo mes de mayo.