Náufragos del Brexit: la cuenta atrás para los españoles en UK acaba este miércoles

Josefa, que está cerca de cumplir los 80 años, recibió recientemente una carta de la Embajada española en Londres. Se trataba de un aviso recordándola que con el Brexit debía regularizar su situación antes de que finalizara el mes de junio. Era algo que le venía diciendo desde hace tiempo su vecina: “Josefa, tienes que hacer los papeles”. Tras más de 57 años viviendo en Reino Unido, estando casada con un británico y habiendo tenido a sus hijos en el país de Shakespeare, ella creía que todo “ese lío de salir de la Unión Europea” no le afectaba. Pero no es así. El Brexit, que se ejecutó a efectos prácticos la media noche del 31 de diciembre de 2020, modifica ahora las reglas de juego. Para todos.

Monedas de cambio, hijos indefensos en medio de un complejo divorcio de los padres… Hubo muchas expresiones para referirse a los comunitarios residentes en Reino Unido tras la victoria de la causa euroescéptica en 2016. Después de años de incertidumbre, sus derechos quedaron protegidos finalmente con el Acuerdo de Retirada, el pacto firmado en octubre de 2019 entre Londres y Bruselas. No obstante, el sistema que ha implantado el Gobierno de Boris Johnson para que regularicen su situación cuenta con letra pequeña y no está exento de críticas.

En un principio, se estimó que había tres millones de comunitarios viviendo en suelo británico. Ahora se cree que hay más de seis millones, entre ellos, más de 320.000 españoles. No hay cifras exactas porque no todos están dados de alta en el consulado. Algunos acaban de llegar, otros llevan afincados décadas. Pero unos y otros deben ahora regularizar su situación antes del 30 de junio porque, de otra manera, quedarán como inmigrantes ilegales. Y eso supondría perder el acceso a sanidad pública o incluso el trabajo y la vivienda de alquiler.

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Deben hacerlo todos, sin excepción. Los casados con británicos y también los cónyuges no comunitarios de europeos. Porque, de otra manera, por poner un ejemplo, el estadounidense casado con una española también quedará en situación ilegal. Al fin y al cabo, su derecho de residencia estaba vinculado a la normativa de la UE. La situación, en definitiva, es más compleja de lo que parece. Hay mucho en juego.

Luke Piper, abogado de The3million —organización que vela por los derechos de los comunitarios residentes—, destaca que la máxima preocupación es que no se trata de un sistema de “registro”, sino de “solicitud”. “Los derechos deberían quedar protegidos de manera automática, no sujetos a ninguna petición que puede ser aceptada o denegada por un Gobierno. Esto es sumamente importante”, advierte. “Tampoco debería haber una fecha límite para realizar el trámite”, agrega.

En España, por ejemplo, se ha optado por un sistema declarativo. Es decir, los más de 300.000 británicos que se calcula que hay como residentes pueden ir cuando quieran para darse de alta y recoger la llamada “tarjeta de identificación de extranjeros”.

“En el Reino Unido, sin embargo, las cosas funcionan de otra manera. Y se ha demostrado que con los sistemas de registro siempre hay gente que se queda fuera. A partir del 1 de julio, me atrevo a decir que los afectados no van a representar un número estadísticamente insignificante”, advierte Piper.

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En este sentido, desde The3million temen que los comunitarios residentes se puedan convertir ahora en la “nueva generación Windrush”. El Empire Windrush fue el primer barco que llegó en 1948 al Reino Unido con cientos de ciudadanos de países del Caribe, que permanecían entonces bajo dominio británico, respondiendo a un llamado en el que se ofrecía empleo y una nueva vida.

Pero un endurecimiento de la ley en 2012 los obligó a probar con documentos originales todos los años de residencia, en un país donde no existe el empadronamiento o un sistema de registro como el DNI español. Fue un trámite burocrático que algunos de ellos no pudieron cumplir. A raíz de esa situación, algunos perdieron sus trabajos, recibieron amenazas de deportación o no pudieron regresar a sus hogares tras visitar su país de origen. El caso de Albert Thompson, por ejemplo, ocupó titulares en 2018 cuando le denegaron un tratamiento para el cáncer porque no podía acreditar que llevaba décadas como residente. Aquello desencadenó un auténtico escándalo que obligó a dimitir a la entonces ministra del Interior, Amber Rudd.

Con el Brexit pueden darse ahora casos excepcionales, pero no imposibles. “Se podría decir que el 80% de los comunitarios no van a tener problemas. Pero un 20% sí se verá afectado porque hay circunstancias de todo tipo. Y el 20% de seis millones es mucha gente”, denuncia María Luisa Llorente, portavoz The3million.

A la organización ha llegado, entre otros, el caso de Manuel [nombre ficticio para preservar su identidad]. Llegó al Reino Unido a finales de diciembre del año pasado, justo días antes de que terminara el periodo de transición. Enfermó gravemente de coronavirus y tuvo que ser hospitalizado. Acaba de recibir el alta y ahora teme que tenga que hacer frente a una costosa factura por los cuidados médicos porque todavía no ha logrado regularizar su situación.

"Se podría decir que el 80% de los comunitarios no van a tener problemas. Pero un 20% sí se verá afectado porque hay circunstancias de todo tipo. Y el 20% de seis millones es mucha gente"

También está el caso de Carlos [nombre ficticio], un empresario afincado desde hace años en Reino Unido. Un día andando por la campiña inglesa no se dio cuenta de que estaba entrando en una finca particular. Resultó que pertenecía a la realeza y que justamente en ese momento Camilla —mujer del príncipe Carlos, heredero al trono— se encontraba montando a caballo. Le detuvieron rápidamente y tuvo que ir incluso a juicio. Ahora, al tener antecedentes criminales no sabe si le van a dar el “estatus de asentado”.

“Las autoridades británicas, además, se están poniendo cada vez más estrictas a la hora de demostrar una prueba de tu llegada al país. Antes bastaba solo con el billete de avión. Ahora hay casos en los que se lo han denegado”, explica Llorente. “Es como si poco a poco fueran erosionando nuestros derechos”, añade. A partir del 1 de julio, por ejemplo, cambian también las normas para reagrupación familiar. Ahora los comunitarios residentes se pueden traer al Reino Unido tanto a padres como a hijos a vivir con ellos. Pero, a partir del próximo mes, en el caso de los padres, se deberá “probar dependencia”.

El sistema para regularizar la residencia es gratuito (a pesar de que en un principio se planteó una tarifa de 70 euros) y nada tiene que ver ya con el tortuoso documento de 85 páginas que existía al principio. Ahora se trata de una gestión 'online' que apenas lleva unos minutos y puede realizarse incluso desde el propio teléfono móvil. Uno simplemente necesita el pasaporte —que se escanea con el propio móvil— e introducir el conocido como NINO (National Insurance Number), número obligatorio cuando se comienza a trabajar en el Reino Unido. Ahora bien, el proceso se complica con aquellos que no tienen pasaporte, los que no trabajan o los miles de jubilados que no tienen acceso a internet.

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Desde la “ventanilla única” —el servicio que se ha puesto a disposición de los ciudadanos en la Embajada de España en Londres para ayudar con los trámites— aseguran que desde enero comenzó a “aumentar el nerviosismo”. “En general se puede decir que es un sistema de éxito. En los últimos dos años se han tramitado cerca de seis millones de casos de comunitarios. Pero es cierto que la pandemia ha dificultado mucho las cosas y nos estamos encontrando con situaciones difíciles”, indican fuentes de la embajada.

Para las personas mayores, por ejemplo, es un verdadero quebradero de cabeza. Muchos de los que llevan décadas afincados en el país no tienen tarjeta de identificación. En el Reino Unido no hay un DNI como tal ni tampoco es obligatorio tener pasaporte si uno no viaja. Y la gran mayoría no está familiarizado con las tecnologías. “Se puede hacer por otro método físico, pero es más farragoso y complicado. Aunque creemos que las autoridades británicas están mostrando flexibilidad. No creo que empiecen a deportar a gente o quitar las pensiones”, opina.

En realidad, los españoles que llegaron en los 70 y 80 estarían cubiertos con el llamado “libro verde de residencia indefinida”, que existía antes de que el Reino Unido ingresara en la UE. Pero desde la embajada recomiendan también realizar ahora el “estatus de asentamiento”. El secretario de Estado de Interior, Kevin Foster, ha explicado que, si hay casos en los que no se han hecho los trámites dentro del plazo establecido, pero se considera que son elegibles, recibirán una notificación dándoles 28 días más de margen. Además, se permitirá un tiempo indefinido para completar los trámites para aquellos que tengan una excusa de peso, como razones médicas o en el caso de menores cuyos padres o tutores no hicieran la petición en su nombre. Por nacer en el Reino Unido no te conviertes automáticamente en británico. Para ello tus progenitores deben llevar residiendo al menos cinco años en el país.

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Todo aquel que haya llegado al Reino Unido antes del 31 de diciembre de 2020 —cuando terminó el periodo de transición— tiene derecho solicitar su permiso de residencia. Los que llevan cinco o más años, deben pedir el llamado “estatus de asentamiento”. Eso sí, cada vez que cambie de dirección, renueve pasaporte o tenga cualquier cambio en sus datos personales, debe notificarlo a las autoridades. Y si está fuera del país durante cinco años pierde todos sus derechos. En caso de que quisiera volver, tendría que hacerlo ya bajo los requisitos de la nueva ley de inmigración que entró en vigor el 1 de enero de este año. Está inspirada en el modelo de puntos australiano, uno de los más estrictos del mundo. Y ya se han dado casos de españoles enviados a un Centro de Internamiento de Extranjeros por no tener los papeles en regla.

Por su parte, todo el que lleve residiendo menos de cinco años en el país tiene que solicitar el “preestatus de asentamiento” y esperar al lustro para finalizar los trámites. Eso sí, si están fuera durante seis meses (dentro de un periodo de un año) ya no son candidatos para conseguir luego el “estatus de asentamiento”. Con la pandemia, mucha gente —sobre todo estudiantes— ha estado fuera y temen ahora tener problemas. Pero las autoridades británicas están siendo flexibles cuando se puede comprobar que hay razones de peso.

En cualquier caso, Olivia Vicol, de Work Rights Center, otra organización que vela por los derechos de comunitarios, denuncia que muchos empleadores están ya pidiendo una prueba de que sus trabajadores han regularizado la situación. “En teoría no la deberían pedir hasta julio. Pero ya está pasando. Y hay problemas porque todo el sistema es digital y algunos no pueden demostrar su estatus”, señala. El Parlamento Europeo y el propio alcalde de Londres, Sadiq Khan, ya advirtieron que, sin ningún tipo de prueba física, los comunitarios podrían tener ahora problemas de “discriminación” a la hora de buscar, por ejemplo, trabajo o vivienda de alquiler.

Desde que se puso en marcha el sistema en marzo de 2019, se han recibido más de 5,4 millones de solicitudes, entre ellas, de más de 320.000 españoles (casi el doble de los 180.000 que inicialmente se estimaba que había en el Reino Unido). Todavía hay cerca de 400.000 casos pendientes, según las autoridades británicas. Alrededor de 130.000 ciudadanos podrían perder las prestaciones sociales que ahora reciben.

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Según el Gobierno, el objetivo es ser “flexible y pragmático” y piden reciprocidad a la UE para sus compatriotas residentes en el bloque. “El enfoque del Reino Unido está siendo muy generoso. Nuestro sistema lleva abierto más de dos años. Sin embargo, muchos países de la UE han dado solo un margen de 12 meses o menos para que los británicos residentes regulen su situación”, recalca la ministra del Interior, Priti Patel.

Con todo, los efectos del Brexit, sumados a los de la pandemia, comienzan ya a dejar huella. El sector de la hostelería es uno de los más afectados por la “escasez aguda” de mano de obra, en especial de cocineros experimentados. “Un 80% de restaurantes tiene vacantes de empleos como camareros o personal de barra, y un 85% necesita chefs”, recalca UKHospitality, una organización que da voz a más de 730 compañías que operan en 85.000 locales y, antes de la pandemia, empleaba a 3,2 millones de trabajadores.

El reconocido chef francés Michel Roux, por ejemplo, se ha visto forzado a dejar de servir almuerzos y reducir las opciones de su menú en su restaurante Le Gavroche, en el exclusivo barrio londinense de Mayfair. Otros locales de la capital como Bibendum —también galardonado con estrella Michelin— cerrará domingos, lunes y martes, al tiempo que otros negocios hosteleros limitarán sus horarios de comidas o han pedido a sus trabajadores que hagan horas extra.

Se cumplen ahora cinco años del histórico referéndum. El triunfo del Brexit estremeció a Europa. Tras diferentes aplazamientos y un largo periodo de transición, el Reino Unido camina ya por libre. El mundo cambia. Para todos.