fruto de políticas impuestas por may en 2012

Otros 7.000 "ilegales por error": Reino Unido, más hostil que nunca para los inmigrantes

La administración británica acusó erróneamente a miles de estudiantes de haber mentido en sus exámenes de inglés, según revela el Financial Times, justo en mitad del llamado "escándalo Windrush"

Foto: Estudiantes de origen extranjero protestan en Oxford, en marzo de 2016. (Reuters)
Estudiantes de origen extranjero protestan en Oxford, en marzo de 2016. (Reuters)

El Gobierno de Theresa May ha solicitado hasta 7.000 estudiantes inmigrantes abandonar el Reino Unido tras haberles acusado erróneamente de mentir en los exámenes sobre su nivel de inglés, para obtener sus visas. A la gran mayoría no se les permitió apelar contra la decisión del Ministerio del Interior, obtener pruebas en su contra ni solicitar una entrevista personal con los funcionarios para demostrar su dominio del idioma. Como consecuencia, algunos se han quedado sin casa, sin trabajo e incluso sin carné de conducir.

La portada publicada este miércoles por el diario Financial Times ha explotado cual bomba en Downing Street. Sale a luz en medio del escándalo de la “generación Windrush”, otra polémica creada en torno a los ciudadanos de países caribeños que llegaron al país como mano de obra tras la II Guerra Mundial y que, en los últimos años, también por un error administrativo han pasado a ser tratados como inmigrantes ilegales. Esta última cuestión ya se ha llevado por delante a Amber Rudd como ministra del Interior, provocando una crisis de Gobierno.

Otros 7.000 "ilegales por error": Reino Unido, más hostil que nunca para los inmigrantes

En definitiva, el Reino Unido se convierte en un territorio más hostil que nunca para los extranjeros en plenas negociaciones del Brexit, donde precisamente la incertidumbre que existe respecto al futuro de los comunitarios que ya residen en suelo británico es unas de las cuestiones más controvertidas. Y detrás de todo, una debilitada Theresa May. A la premier este nuevo escándalo le afecta de manera muy directa, ya que fue ella la que, como ministra del Interior en la era de David Cameron, impuso en 2012 unas estrictas normativas para acabar con los inmigrantes ilegales que ahora están dando unos frutos nada esperados.

Sus decisiones pasadas golpean cual boomerang y sin aviso a la cuestionada líder tory en un momento, sin duda alguna, excepcional: el gabinete está más dividido que nunca ante el Brexit y el partido tiene la popularidad por los suelos ante las elecciones locales que tienen lugar este jueves en Inglaterra, la primera cita con las urnas desde que May perdió la mayoría absoluta en junio del año pasado.

La polémica con los exámenes de inglés para estudiantes extranjeros comenzó en febrero de 2014. El programa Panorama de la BBC emitió entonces una investigación alegando que se cometían trampas sistemáticas en algunas universidades que realizaban la Prueba de Inglés para Comunicación Internacional (conocida como TOEIC), uno de los exámenes que los inmigrantes no comunitarios tienen que realizar para mostrar su dominio del idioma. Según la cadena pública, había supervisores que chivaban las respuestas o permitían que otras personas se presentaran por los inmigrantes. Todo estaba controlado por mafias.

La primera ministra británica Theresa May y la entonces secretaria de Interior Amber Rudd en una foto de archivo, en julio de 2017. (Reuters)
La primera ministra británica Theresa May y la entonces secretaria de Interior Amber Rudd en una foto de archivo, en julio de 2017. (Reuters)

Una verificación controvertida

May, que por aquel entonces era ministra del Interior, pidió a Educational Testing Services, la compañía con sede en los Estados Unidos que administraba el sistema de examen, que analizara los archivos de voz para comprobar si los estudiantes habían presentado a otras personas en su lugar para pasar las pruebas.

Después de analizar los archivos, ETS aseguró que se habían falsificado los exámenes en 33.725 casos y mostró sus dudas respecto a fraude en otros 22.694. A fines de 2016, el Ministerio del Interior revocó las visas de 35.870 personas como resultado de la investigación. A la mayoría se les dijo que no tenían derecho a apelar y que deberían abandonar el país. Pero ese mismo año, un tribunal de apelación denunció que las verificaciones de ETS sólo habían sido correctas en el 80% de los casos, lo que significa que hasta 7.000 estudiantes se les había denegado la visa por error.

El año pasado, en un juicio sobre el caso de un estudiante de Bangladesh, un juez del tribunal de inmigración señaló que el comportamiento del Ministerio del Interior había sido “tan injusto e irrazonable que equivalía a un abuso de poder”. El abogado Patrick Lewis, que ha representado a varios de los afectados y ha ganado todos los casos, asegura al Financial Times que la calidad de las evidencias sobre las que se basan estas acusaciones “son altamente cuestionable” y la falta de una supervisión efectiva ha dado lugar “a una de las mayores injusticias” con las que se ha topado en sus más de 20 años de carrera.

El portavoz de la primera ministra asegura que el Gobierno había buscado en todo momento asegurar que su respuesta al escándalo fuera “medida y proporcionada”. Por su parte, el Ministerio del Interior señala que su investigación descubrió “trampas sistémicas, que eran indicativas de fraude organizado a gran escala”, y agrega que en los 22.694 casos donde existían dudas se les permitió volver a presentarse a la prueba y asistir a una entrevista personal.

Marcia Fredericks, 53, participa en una protesta a favor de la
Marcia Fredericks, 53, participa en una protesta a favor de la

Vidas arruinadas

El Financial Times asegura que todas las personas con las que contactaron “hablan un inglés excelente” y aún así su vida ha cambiado por completo. Nafis Karim, de 30 años, asegura que su familia no tiene ingresos desde que su esposa, Irfana, perdiera su trabajo hace un año después de que el Ministerio del Interior revocara su visa de estudiante en febrero de 2015. La pareja tiene dos hijos, Ifraj, cuatro y Ifham, ocho meses, pero se enfrentan al desalojo de su apartamento alquilado en junio.

Por su parte, Sheikh Amin, 33, de Dhaka, cuenta que los oficiales de inmigración lo arrestaron en su casa en febrero del año pasado y lo retuvieron durante tres días en el Centro de Deportación de Brook House, cerca del aeropuerto de Gatwick, antes de que fuera puesto en libertad bajo fianza. “Desde entonces, he estado luchando básicamente para aclarar mi caso, pero ahora no tengo derecho a trabajar, ni alquilar y me han quitado el carné de conducir”, explica.

En la misma situación se encuentran ahora centenares de personas pertenecientes a la “generación Windrush”, en alusión al nombre del barco en el que viajaban. Tras la II Guerra Mundial, miles de ciudadanos de países del Caribe como Jamaica, Barbados, Guyana o Trinidad y Tobago -que permanecían entonces bajo dominio británico- respondieron a un llamamiento en el que se ofrecía empleo y una nueva vida en Reino Unido. Muchos llegaron siendo niños entre las décadas de 1950 y 1970. La mayoría no regresó nunca a sus lugares de origen. El Gobierno no conservó un registro de las personas beneficiadas por el Acta de Inmigración de 1971, que autorizaba la permanencia de los ciudadanos de países de la Commonwealth que vivían ya en Reino Unido, por lo que para muchos es difícil demostrar que están ahora en el país de manera legal.

El endurecimiento de la ley que promulgó May en 2012, cuando estaba al frente de Interior, hizo que esas personas debieran probar con documentos originales todos los años que habían vivido en el Reino Unido, un trámite burocrático que algunos de ellos no pudieron cumplir. A raíz de esa situación, algunos de ellos han perdido también sus trabajos, el acceso a la sanidad y han recibido amenazas de deportación o no han podido regresar al Reino Unido tras visitar su país de origen.

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