¿Se puede denegar asilo a los inmigrantes en patera? UK desafía la legalidad internacional

Anunciar una nueva normativa en el Parlamento, reconociendo que existe el riesgo de que puede ser incompatible con la Ley de Derechos Humanos, quizá no sea lo que se espera de una de las democracias más asentadas de Europa. Pero es precisamente lo que ha ocurrido este martes en Westminster, donde el Gobierno de Rishi Sunak ha anunciado el polémico Proyecto de Ley de Migración Ilegal.

El objetivo es prohibir a todos aquellos que lleguen por rutas irregulares poder reclamar asilo, mandándoles de nuevo a sus países de origen, Ruanda u otro "destino seguro" y vetándoles de por vida la entrada al Reino Unido o la posibilidad de reclamar la ciudadanía británica. Los únicos que estarán exentos serán los menores de 18 años y las personas enfermas.

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El pragmatismo y la moderación habían sido los pilares sobre los que Sunak había construido su mandato desde que se mudó a Downing Street el otoño pasado. Sin embargo, en materia de inmigración está dispuesto a imponer una doctrina incluso aún más dura que la de sus predecesores ante la gran crisis que se vive en el Canal de la Mancha. El año pasado, más de 45.000 personas llegaron a las costas británicas por esta vía, frente a los 280 que lo hicieron en 2018, fecha en la que comenzaron los registros.

Comparado con otros países europeos, podría parecer una cifra poco desmesurada. En España, sin ir más lejos, en 2018 el número de personas que alcanzaron el territorio nacional de manera irregular fue de un récord de 64.300. Pero el problema en el Reino Unido es que son cifras cargadas de simbolismo político. La gran promesa del Brexit fue precisamente la de "recuperar el control de las fronteras", por lo que las imágenes de las pequeñas embarcaciones llegando a las playas suponen una auténtica humillación para los 'tories'.

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El 87% del electorado —para quien la inmigración se ha convertido ahora en asunto prioritario— considera que el Gobierno no está gestionando bien la situación. De ahí que, a un año para las elecciones generales, Sunak apueste ahora por planes drásticos. Mensaje a los votantes y a sus propias filas, ya que algunos diputados consideran que fue excesivamente diplomático la semana pasada con Bruselas al cerrar el último capitulo pendiente aún del Brexit. El problema es que la nueva estrategia migratoria cuestiona el compromiso de Londres con la Convención Europea de Derechos Humanos y la Convención de Refugiados de la ONU, que actualmente otorgan derechos a los solicitantes de asilo que llegan al Reino Unido. Tanto la oposición laborista como las organizaciones humanitarias consideran que la normativa es "impracticable".

La ministra de Interior, Suella Braverman, encargada de anunciar este martes la ley en la Cámara de los Comunes ante la atenta mirada de Sunak, ha recalcado a los parlamentarios que está "segura" de que el proyecto de ley es compatible con el derecho internacional, insistiendo en que el enfoque del Gobierno es "robusto y novedoso".

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En cualquier caso, Braverman no ha presentado aún los detalles del proyecto de ley, asegurando que todavía se está trabajando en ello. "Hoy no abordaré todas las complejidades legales. Algunas de las mentes legales más importantes de la nación han estado y continúan estando involucradas en su desarrollo", matiza.

El hecho de que la ministra haya adelantado que la legislación no vendrá con una confirmación formal de que cumple con la ley de derechos humanos, sin explicar por qué, sugiere que los propios abogados del Estado le están advirtiendo que la normativa podría hacerse pedazos en los tribunales.

Todo apunta a que el proyecto de ley incluiría una "declaración de la Sección 19 (1) (b)" de la Ley de Derechos Humanos de 1998, reconociendo que existe el riesgo de que la medida pudiera ser incompatible con la Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y su tribunal supervisor en Estrasburgo (que nada tiene que ver con la UE). El uso de tal declaración no implica que el Gobierno crea que el proyecto de ley realmente violará la convención, pero no puede decir con absoluta confianza que no lo hará. El asunto, por tanto, podría ser impugnado legalmente.

En una carta mandada a las filas 'tories', Braverman explica que existe "algo más de un 50%" de que "las disposiciones de la nueva ley sean incompatibles con los derechos de la Convención". "Estamos poniendo a prueba los límites, pero confiamos en que el nuevo texto sea compatible con el derecho internacional", matiza en la misiva.

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Llegado el caso, ¿se estaría planteando el Gobierno de Sunak abandonar la Convención Europea de Derechos Humanos? Con el populista Boris Johnson se llegó a plantear esta cuestión. Con el moderado de Sunak cuesta más creerlo. Sin embargo, dado que su compromiso de detener las embarcaciones ilegales es casi incondicional, podría esperar que los jueces de Estrasburgo entiendan que si se entrometen y anulan su decisión, la partida será cuestión de tiempo.

Esta es al menos la tesis que comparten ahora algunos analistas, como Patrick O'Flynn. "Lo más extraño de todo esto es que tenemos un defensor tecnocrático del cambio de sistema, convencido de la necesidad de alterar el funcionamiento del estado británico en esta cuestión", señalaba en la revista The Spectator, biblia para los 'tories'.

Aunque el mayor obstáculo para el primer ministro probablemente no sean los abogados de derechos humanos, la Cámara de los Lores (donde se espera se presenten varias enmiendas al controvertido proyecto de ley) o los medios de comunicación, sino la falta de confianza del electorado.

Si bien el proyecto de ley no se convertiría en ley hasta dentro de varios meses, se aplicaría retrospectivamente, lo que significa que cualquiera que llegue ilegalmente al Reino Unido a partir de este martes correría el riesgo de ser deportado. Con todo, no se esperan muchas mejoras en el terreno dentro de un año, cuando tengan lugar los comicios. Y después de tantos años de promesas conservadoras incumplidas sobre la inmigración ilegal y legal, muchas de ellas rotas por el propio Boris Johnson, quizá los votantes hayan perdido ya la fe.

Si los planes consiguen convertirse en ley, se enfrentan a una gran cantidad de desafíos para los jueces. Entre otros, se busca que las personas que lleguen ilegalmente al Reino Unido no tengan acceso a fianza o revisión judicial en los primeros 28 días después de su llegada. Según las nuevas medidas, serán detenidos y expulsados a Ruanda o a un tercer país "seguro", "tan pronto como sea razonablemente posible". A la espera de los trámites, podrían ser trasladados a dos antiguas bases de la RAF en Lincolnshire y Essex.

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En la actualidad, el Gobierno paga 6,8 millones de libras al día para albergar a los solicitantes de asilo. A día de hoy hay un tapón de 100.000 peticiones y cada una tarda una media de 480 días en procesarse.

El Gobierno ya tiene una política en marcha destinada a deportar a algunos solicitantes de asilo a Ruanda, pero hasta ahora nadie ha sido enviado a este país. El viaje del primer avión fue cancelado el pasado mes de junio en el último minuto, literalmente, por la intervención del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Aunque el pasado mes de diciembre, el Tribunal Superior del Reino Unido dictaminó que la política era legal y no infringía la Convención de la ONU sobre Refugiados.

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En un artículo de opinión para The Sun, Sunak dijo que el Reino Unido tenía un "orgulloso historial de dar la bienvenida a los más necesitados" y que las nuevas medidas eran "justas para quienes tienen un reclamo legítimo de asilo". "Aquellos que llegan en botes pequeños no están huyendo directamente de un país devastado por la guerra o enfrentando una amenaza inminente para la vida", recalca. "En cambio, han viajado a través de países europeos seguros antes de cruzar el Canal. El hecho de que puedan hacerlo es injusto para quienes vienen aquí legalmente y ya es suficiente", añade.

Según la BBC, las bandas de narcotraficantes albaneses están utilizando los campamentos de migrantes del norte de Francia como reclutamiento, ofreciendo pagar el pasaje de aquellos preparados para trabajar en la industria de las drogas del Reino Unido a su llegada, lo que preocupa a la policía de ambos lados del Canal de la Mancha.

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Los albaneses representan alrededor de un tercio de los que han llegado en 2022 en pequeñas embarcaciones. Albania ha accedido a readmitir rápidamente a los ciudadanos a los que se les niega el derecho a permanecer en el Reino Unido y ha enviado personal para ayudar a la policía fronteriza británica. Pero el primer ministro del país, Edi Rama, explica que las redes que operan en el norte de Francia son de naturaleza internacional, por lo que su Gobierno tiene límites a la hora de abordarlas.

La inmigración será una de las grandes cuestiones a tratar en la cumbre bilateral que celebrarán este viernes Londres y París, la primera desde 2018. La animadversión personal entre Boris Johnson y Emmanuel Macron dificultó cualquier tipo de cooperación, pero con la llegada de Sunak a Downing Street, se firmó un acuerdo de 63 millones de libras para incrementar un 40% el número de agentes que patrullan las playas francesas para lidiar con la crisis en el Canal de la Mancha.

A la espera de conocerse los detalles de la nueva ley, organizaciones humanitarias como el Consejo de Refugiados ya han adelantado que los nuevos planes del Ejecutivo, encerrarán "como criminales" a decenas de miles de individuos que realmente tienen derecho a tener asilo, lo que "rompería" los compromisos de Londres en virtud de la convención de refugiados de la ONU.

Según el último análisis de la ONG, a dos tercios de las personas que cruzaron el Canal de la Mancha el año pasado se les debería otorgar asilo porque provenían de países cuyos refugiados tienen una alta probabilidad de éxito. Casi todos los inmigrantes que provienen de Afganistán, Eritrea y Siria obtienen asilo.

"La mayoría de los hombres, mujeres y niños que cruzan el Canal lo hacen porque están desesperados por escapar de la guerra, el conflicto y la persecución. La legislación defectuosa del gobierno no detendrá los barcos, pero dará como resultado que decenas de miles de personas sean encerradas bajo custodia a un costo enorme, permanentemente en el limbo y tratadas como delincuentes simplemente por buscar refugio. Es impracticable, costoso y no detendrá los barcos", denuncia Enver Solomon, director ejecutivo de la ONG.