Varapalo a Sunak: la Justicia de UK tumba su plan para deportar migrantes a Ruanda
Por segunda vez, una corte ha rechazado el controvertido plan del Gobierno británico para deportar a Ruanda a los inmigrantes que lleguen por rutas irregulares
:format(jpg)/f.elconfidencial.com%2Foriginal%2F5f7%2F8a0%2F04c%2F5f78a004c87438cfa08da616e7230686.jpg)
La justicia británica ha atestado este jueves un fuerte varapalo al Gobierno de Rishi Sunak al dictaminar que su controvertido plan para deportar a Ruanda a los inmigrantes que lleguen por rutas irregulares es ilegal. Sin duda alguna, se trata de la medida más polémica de la era Brexit, reflejo del simbolismo que tuvo la inmigración durante la campaña del histórico referéndum de 2016, en la que los euroescépticos repitieron cuál mantra la importancia de recuperar “el control de las fronteras”.
El magistrado que preside la Corte de Apelación, Ian Burnett, ha recalcado que las deficiencias en el sistema de asilo de Ruanda hacen "que haya un riesgo real de que las personas enviadas a aquel país sean devueltas a sus países de origen y acaben sufriendo persecución o trato inhumano, cuando de hecho tendrían argumentos para recibir asilo". La titular de Interior, Suella Braverman, representante del núcleo duro del Partido Conservador, ha dicho en reiteradas ocasiones que su “sueño” y “obsesión” es ver una portada del The Telegraph —biblia para los tories— con un avión lleno de inmigrantes saliendo desde Londres con destino al país africano, al que Reino Unido ha pagado 140 millones de libras.
:format(jpg)/f.elconfidencial.com%2Foriginal%2F0bd%2F075%2F747%2F0bd075747a35c9fbecebdf6c280ce63f.jpg)
Downing Street argumenta que, si bien Ruanda fue escenario de un genocidio en el que fallecieron más de 800.000 personas en 1994, desde entonces se ha forjado una reputación de estabilidad y progreso económico. Pero los críticos denuncian que tal estabilidad se logra a costa de la represión política.
A finales del año pasado, el Tribunal Superior dio luz verde a la medida, pero los afectados —respaldados por diferentes ONG como el Alto Comisionado para los Refugiados de Naciones Unidas (ACNUR)— recurrieron y ahora les han dado la razón. Aunque el fallo ha sido uno dividido (dos jueces frente a uno), la conclusión final es que la política de Ruanda es contraria al artículo 3 de la Convención Europea de Derechos Humanos: “Nadie será sometido a tortura o a cualquier castigo o tratamiento degradante e inhumano”. La batalla, no obstante, continúa, ya que el Gobierno ha avanzado que recurrirá ahora al Tribunal Supremo.
* Si no ves correctamente este formulario, haz click aquí
Si bien el pragmatismo y la moderación son los supuestos pilares sobre los que Sunak ha construido su mandato, en materia de inmigración está dispuesto a imponer una doctrina incluso aún más dura que la de sus predecesores ante la gran crisis que se vive en el Canal de la Mancha. Más de 45.000 personas llegaron en pequeñas embarcaciones el año pasado por esta vía hasta las costas británicas. Comparado con otros países europeos, no es una cifra desmesurada. Pero en el Reino Unido post-Brexit son cifras cargadas de simbolismo político. Sobre todo cuando queda solo un año para las próximas elecciones generales y las encuestas revelan que los votantes conservadores —para los que la inmigración es asunto prioritario— consideran que el Gobierno no está gestionando bien esta cuestión.
El 14 de junio del año pasado debía haber salido el primer avión rumbo a Ruanda. Pero solo 30 minutos antes del despegue, se quedó sin pasajeros gracias a la intervención del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Se trata de una corte que nada tiene que ver con la Unión Europea y a la que Reino Unido sigue rindiendo cuentas, al ser miembro de la Convención Europea de Derechos Humanos. El núcleo duro del Partido Conservador presiona ahora para que en el manifiesto para las próximas generales se plantee un referéndum sobre la salida de este organismo.
:format(jpg)/f.elconfidencial.com%2Foriginal%2F144%2F5ca%2Fae0%2F1445caae0969f3fd81783158ffb3ed2a.jpg)
Precisamente para contentar al núcleo duro de su filas, el Gobierno presentó el pasado mes de abril una enmienda al polémico Proyecto de Ley de Migración Ilegal. La modificación, que se está tramitando ahora en Westminster, permitiría que los ministros puedan decidir de modo discrecional si obedecen o no una orden de suspensión de deportación que proceda del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Tras su paso por la Cámara de los Comunes, el texto se encuentra ahora en la Cámara de los Lores, donde hay mayoría contraria al plan.
En una carta mandada a las filas tories, la ministra de Interior reconocía que existe “algo más de un 50%” de posibilidades de que “las disposiciones de la nueva ley sean incompatibles con los derechos de la Convención Europea de Derechos Humanos”. “Estamos poniendo a prueba los límites, pero confiamos en que el nuevo texto sea compatible con el derecho internacional”, matiza en la misiva.
En concreto, lo que Londres quiere cambiar es la Regla 39 de las Reglas Procesales del Tribunal que permite imponer una medida cautelar urgente a la decisión de cualquier Estado miembro de la Convención Europea de Derechos Humanos (y el Reino Unido, hasta ahora, lo sigue siendo) “ante la posibilidad de un riesgo inminente o de un daño irreparable”.
El Gobierno británico paga cada día 6,8 millones de libras para albergar a los solicitantes de asilo. En la actualidad, hay un tapón de 100.000 solicitudes. Cada una tarda una media de 480 días en procesarse. Esta misma semana, Downing Street publicaba un informe económico de su controvertida ley donde se asegura que el proceso para deportar a una sola persona hasta un tercer país como Ruanda supondrá para el erario público británico un coste de 169.000 libras, por lo que el nuevo plan comenzará a ser rentable a partir del momento en que se intercepte a un 37% de los inmigrantes que llegan a las costas británicas en pequeñas embarcaciones.
:format(jpg)/f.elconfidencial.com%2Foriginal%2Fea6%2F36b%2F932%2Fea636b9324190043b383b4cee16bb7e9.jpg)
Desde que se presentó el polémico plan migratorio se ha enfrentado a todo tipo de batallas legales y críticas, y no solo por parte de todos los partidos de la oposición, que lo consideran "inviable", "inmoral" y "poco ético". Los principales representantes de la Iglesia de Inglaterra, 23 obispos que ocupan escaño en la Cámara de los Lores, llegaron a enviar una carta al diario The Times en la que denunciaban una práctica "que debería avergonzarnos como nación".
Sin embargo, con una inflación disparada y huelgas continuas en el Sistema Nacional de Salud pública —que atraviesa la peor crisis de su historia— Sunak no está dispuesto a cambiar de postura, consciente de la carga política que tiene para su electorado. Su objetivo es cambiar el rumbo de las encuestas que vaticinan que, tras más de trece años en Downing Street, los tories perderán el poder.
La justicia británica ha atestado este jueves un fuerte varapalo al Gobierno de Rishi Sunak al dictaminar que su controvertido plan para deportar a Ruanda a los inmigrantes que lleguen por rutas irregulares es ilegal. Sin duda alguna, se trata de la medida más polémica de la era Brexit, reflejo del simbolismo que tuvo la inmigración durante la campaña del histórico referéndum de 2016, en la que los euroescépticos repitieron cuál mantra la importancia de recuperar “el control de las fronteras”.