Los indígenas del Cauca luchan por su territorio contra el narco. "Hasta que se apague el sol"

La estrecha carretera es angosta y empinada. Adentrarse en el norte del Cauca colombiano supone transitar caminos montañosos sin asfaltar, con el constante sonido de pequeñas piedras golpeando en la carrocería del vehículo mientras se atraviesan ríos y quebradas.

El paisaje cambia conforme la camioneta se aleja de la populosa carretera Panamericana. En mitad del bosque, entre la niebla y las ramas de los altos árboles, se vislumbra un pequeño cultivo de coca. Unos minutos después aparece otro. Ya es más evidente. Está al borde de la carretera y nadie parece tener el mínimo interés en ocultarlo.

Pasado un tiempo, las plantaciones de cultivos ilícitos llenan todo el horizonte de una tierra sin ley, donde el pacto de paz con las FARC, firmado entre el Gobierno y la guerrilla en 2016, no solo no acabó con la violencia, sino que la espoleó. En el norte del Cauca sigue habiendo guerra en torno a esa explosión de las plantaciones de coca y a la atomización de los actores armados que las defienden para sacar réditos del narcotráfico.

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EFE

Sufren esa violencia los indígenas nasa que pueblan la zona y denuncian un exterminio. De la muerte que se vive en el lugar da cuenta el pequeño cementerio del resguardo Las Delicias, una pequeña comunidad de apenas medio centenar de modestas casas, dispersas por el monte, fuertemente afectada por el conflicto.

Allí está la tumba del jóven Bréiner David Cucuñame, un niño de apenas 14 años asesinado a mediados de enero a manos de un grupo disidente de las FARC. Una fotografía y flores ya deslucidas por el sol adornan la sepultura del pequeño, perteneciente, a pesar de su corta edad, a la Guardia Indígena del Cauca, que, desde hace dos décadas, defiende la lucha sin armas en pos de la protección del territorio.

En el mismo camposanto, de humildes enterramientos —algunos apenas son una cruz de madera clavada en el suelo—, está también la tumba de José Albeiro Camayo, el líder de la Guardia hasta su asesinato. Los disidentes acabaron con su vida, frente a su hija de 13 años, 10 días después del homicidio de Breiner. A apenas 10 metros, la sepultura de su hermano, Marcos, muerto a tiros en noviembre mientras trabajaba en su plantación de café. Seis líderes indígenas han sido asesinados en la zona tan solo en 2022. La cifra supera la decena si se cuenta a quienes fueron baleados desde finales del año pasado, cuando aumentaron las hostilidades.

“Todo es por el territorio. Nosotros como 'kiwe technas' [guardias indígenas], decimos a los grupos armados que no vamos a darles el territorio y ellos dicen que lo quieren copar”, explica el joven comunero Fabián Camayo a El Confidencial. Habla con voz fina y entrecortada mientras se recuesta en una cama dispuesta en una habitación de ladrillo vivo, que contrasta con el resto de la casa de su familia, erigida en madera al borde de un acantilado de la comunidad de Las Delicias.

“Nosotros vivimos en un espacio que nuestros padres recuperaron hace décadas en un proceso en el que también hubo muertos. No podemos dejar que nos quiten el territorio otra vez, y a raíz de eso han venido sucediendo los asesinatos”, asegura, mientras su tenue hilo de voz se mezcla con el aroma del café preparado en la choza contigua para dar la bienvenida a los visitantes.

Fabián conoce bien a los indígenas recientemente asesinados. No puede hablar más alto, porque está herido. Es uno de los supervivientes de los hechos que acabaron con la vida del niño Bréiner y de su amigo Guillermo Chicane. Un grupo de indígenas nasa en el que se encontraban todos ellos había bajado a una vereda cercana, desarmados, para exigir al grupo disidente de las FARC conocido como Jaime Martínez la entrega de un menor reclutado previamente por el actor armado.

Hubo una discusión. Los indígenas denuncian que les dispararon y hasta les lanzaron granadas. A Fabián le dieron en el estómago y en una mano. En el hospital, 10 días después, se enteró de que habían matado a su hermano José Albeiro. La cama donde ahora se recupera está a escasos metros de la plantación de café donde también tirotearon en noviembre a su otro hermano, Marcos.

A pesar del dolor, Fabián está dispuesto a continuar defendiendo el lugar donde nació. “Vamos a seguir luchando hasta que haga falta. Del territorio no vamos a salir. No hemos hecho nada malo. Mientras yo pueda estar de pie no me voy a ir ni tampoco a dejar de cuidar este lugar”, asegura el 'kiwe techna' desde la humilde estancia sin ventanas donde se recupera de los balazos, abierta, a través de la puerta, a la plantación de café.

La guerra se recrudece tras los acuerdos de paz

El sangriento conflicto no da tregua. “Hace unos años, con la firma del acuerdo con las FARC, las comunidades indígenas teníamos una luz de paz hacia nuestros territorios que de una u otra forma siempre habían sido afectados por el conflicto armado. Eso duró unos meses. Los acuerdos se incumplieron y los grupos se fueron reagrupando y armando, recrudeciendo el conflicto armado en el territorio”, expone Fabián.

Los indígenas denuncian que los incumplimientos del Gobierno en los temas agrícolas, de reforma rural y de seguridad firmados en el pacto de La Habana generaron un aumento de los cultivos ilícitos. Según datos de la ONU, en la zona de Buenos Aires, donde se asienta el resguardo indígena de Las Delicias, hay plantadas unas 500 hectáreas de coca. También existen cultivos de marihuana. En el departamento del Cauca al completo hay unas 16.554 hectáreas de coca. Los datos son de 2020 y nadie duda de que las cifras aumentarán considerablemente cuando sea publicado el estudio de 2021.

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Nazaret Castro. Buenos Aires

Antes, las FARC dominaban todo el territorio con mano de hierro. Ahora, varios grupos armados, como la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que es la mayor alianza subversiva de Colombia tras la firma del pacto de La Habana, el renacido Ejército Popular de Liberación (EPL), los paramilitares del Clan del Golfo, cárteles mexicanos de la droga y las disidencias de las FARC, nutridas de nuevos reclutas y agrupadas en la Nueva Marquetalia, liderada por el excomandante fariano Iván Márquez, y en las columnas Dagoberto Ramos y Jaime Martínez, capitaneadas por el también excomandante fariano Gentil Duarte, libran una cruenta guerra en el Cauca por el control de las zonas de cultivo y de las rutas del narcotráfico.

Los nasa de Las Delicias culpan a ese último grupo, la columna Jaime Martínez, que opera en su zona, de la mayoría de asesinatos de indígenas ocurridos en 2022. Los combatientes de ese grupo armado hacen poco por ocultarlo, y periódicamente publican notas en las que amenazan a uno u otro líder indígena de la zona, acusándolos de estar armados, algo que ellos niegan tajantemente.

Una pintada en las FARC de cada muro

Queda claro cuando se ingresa en territorio dominado por las disidencias. En los angostos caminos que llevan a Las Delicias y a Buenos Aires, y en la rápida carretera de doble sentido que conduce a Corinto, las pintadas referentes a las FARC son constantes en los muros de las casas y en las señales de tráfico, creando una sensación de constante vigilancia que ahoga a las comunidades de la zona. Los grafitis aparecen incluso en la tapia del cementerio, como a modo de aviso.

Los conductores de la zona suelen manejar rápido. Nunca se sabe en qué esquina va a esperar el secuestro o la muerte. Recientemente, las disidencias dieron orden de que se condujese con los cristales bajados, para poder identificar a quienes cruzan esa tierra de nadie. Muchos desobedecen, pero son conscientes de que les puede costar la vida.

El vacío dejado por las FARC generó una atomización de grupos y la desideologización de los mismos, provocando que los nasa, y también las comunidades afrocolombianas y mestizas de la zona, no tengan un interlocutor válido con quien intentar solventar los problemas derivados de la forzada convivencia.

“Cuando había un solo grupo, teníamos la posibilidad de hacer un diálogo. Hoy eso es muy difícil, porque hay varios”, comenta Nicolás Noscue, autoridad ancestral de la zona de Corinto, donde disidencias y otros grupos armados han realizado varios atentados recientes.

Habla en la sede del cabildo indígena del lugar, situada al borde de una calle concurrida. Por la misma entrada pasan ruidosas motocicletas. Un grupo de personas observa desde el otro lado de la carretera. Alguien cierra el portón. Mejor que no haya curiosos cuando se está hablando de temas delicados. La vida de todos está en juego. Nicolás prosigue cuando la escena es más segura. Asegura que los grupos que actúan hoy en el territorio no lo hacen por política. “Lo que les interesa es la plata. Si usted plantea una política alternativa, como un plan de vida en la zona, a ellos no les interesa”, zanja la autoridad ancestral.

“Nos han matado y nos siguen matando. Hemos perdido amigos, hermanos, tíos, vecinos, autoridades. Y lo quieren justificar con que la guardia está armada. Eso es mentira. Si estuviéramos armados, sería una confrontación muy directa”, añade Nicolás, mientras sostiene su bastón de mando, decorado con los colores rojo y verde del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), la única arma que los indígenas de la zona aseguran portar.

Reclutamiento forzoso

Más de 10.000 de los 13.000 guerrilleros que integraban las FARC están en proceso oficial de reincorporación. De la cifra restante, una parte fue a parar a las disidencias, unos grupos que contaban con una fuerza humana mucho menor a la de su predecesor. Por eso el reclutamiento forzado de menores ha explosionado en zonas como el Cauca para alimentar a unos nuevos actores armados que ya cuentan con más de 5.000 miembros.

Al menos 275 niños han sido reclutados en Cauca tan solo en 2021, según la organización indígena, un subregistro, porque hay miedo a represalias si se denuncian los reclutamientos. Las filas de las disidencias están, por ende, integradas por muchachos muy jóvenes.

La táctica de reclutamiento, denuncian los nasa, es conocida en Colombia: plata o plomo. “Un joven de 12 años solo piensa en el momento. Los grupos llegan al territorio y endulzan el oído de nuestros niños. Les ofrecen cosas que nosotros como pueblo que pasa necesidades no podemos suplir, como una moto, ropa, zapatos de marca o plata en su bolsillo”, denuncia Alba Nelly Trompeta, coordinadora del espacio de Familia y Mujer del resguardo de San Pedro.

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Esa es la plata, pero, si no se acepta, la amenaza de plomo es clara: “Niño que no se deje llevar es asesinado en la calle y dejado en cualquier lado”, asegura Alba Nelly.

Los jóvenes, denuncia el CRIC, son usados para el narcotráfico, transportando paquetes de coca procesada por muy poco dinero. También son empleados en trata y prostitución. Muchos acaban siendo asesinados y sus cuerpos aparecen como anónimos en las morgues. Al menos 11 niños han perdido la vida en los últimos tres meses después de ingresar en el grupo armado.

En ocasiones, la guardia indígena detecta a uno de los jóvenes reclutados e intenta recuperarlos, una misión peligrosa, ya que habrá que enfrentarse, al menos dialécticamente, a los grupos armados. “Los niños que recuperamos vuelven muy agresivos con las familias. Hay que hacer un trabajo duro de acompañamiento”, desvela Joana Dagusnas, coordinadora del resguardo Páez de Corinto.

La coca lo mueve todo

Las motos de los reclutas, los móviles de alta gama y la industria en torno al conflicto se pagan con el dinero de la coca, que inunda toda la zona. En los agrestes caminos se ven constantemente motocicletas pilotadas por fumigadores o ‘raspachines’, como se conoce a los trabajadores que preparan a machetazos el suelo de siembra para la coca.

El lucro es claro. Un raspachín cobraría 25.000 pesos colombianos (unos 6sis euros) por una jornada recogiendo café. Trabajando en una plantación de coca puede hacerse con el triple, e incluso el cuádruple, si es bueno en la tarea. Parte importante de ellos ha llegado de Venezuela. La crisis que vive su país hace que les sea rentable viajar a Colombia para ganarse la vida en los cultivos ilícitos.

La coca también es lucrativa para quien posee tierras. Por eso muchos campesinos están vendiendo sus terrenos, en ocasiones dentro incluso de los resguardos indígenas, lo que genera tensiones en la comunidad. La coca ha elevado el precio de la hectárea de tierra en el norte del Cauca desde los 800.000 pesos (unos 200 euros) a los 10 millones de pesos (2.400 euros).

Todo ello genera violencia. Hasta 89 líderes indígenas han sido asesinados en Colombia en los últimos cuatro años, la mayoría en Cauca. El pasado año se vivieron 93 masacres en todo el país, generando las peores cifras de violencia desde 2016. Más de 1.300 líderes sociales y comunitarios han sido asesinados en Colombia desde la firma del pacto de La Habana, según los datos de la organización Indepaz. Cauca es el departamento más afectado, con mucha diferencia, superando los 309 homicidios.

“Hasta que se apague el sol”, continúan dispuestos los indígenas del Cauca a seguir defendiendo una tierra impregnada de sangre desde hace siglos.