comparten 2.219 kilómetros

El 'quién es quién' criminal en la frontera entre Colombia y Venezuela

El entorno que comparten los dos estados es un paraíso para los contrabandistas y las guerrillas. Ambos países parecen un juego de espejos en lo que a tráficos ilícitos y violencia se refiere

Foto: Soldados colombianos patrullan la frontera con Venezuela en Cúcuta, en febrero de 2018. (Reuters)
Soldados colombianos patrullan la frontera con Venezuela en Cúcuta, en febrero de 2018. (Reuters)

Selvas tropicales impenetrables. Ríos regados de pequeñas comunidades donde no llegan las autoridades. Imponentes montañas. Peligrosos senderos. El escondite perfecto. Los 2.219 kilómetros de frontera entre Colombia y Venezuela se han convertido en un paraíso para las mafias del contrabando que operan rutas ocultas bajo la inmensa espesura, y donde el movimiento de mercancías ilícitas es bidireccional.

Por un lado, grupos armados de narcotraficantes colombianos exportan grandes cantidades de cocaína hacia Venezuela, desde donde después se distribuirá a los países consumidores. “El Catatumbo, la zona fronteriza situada en el departamento colombiano de Norte de Santander, es una zona con más de 20.000 hectáreas de sembradíos de coca, muchos laboratorios de procesamiento de cocaína, y altos índices de violencia. Aproximadamente un 40% de la producción de cocaína colombiana sale desde territorio venezolano vía aérea rumbo al Caribe”, comenta José Marulanda, consultor colombiano en Seguridad y Defensa.

Los narcos estarían moviendo droga por valor de 1.600 millones de dólares al año. Dejarían un beneficio de unos 400 millones de dólares a los grupos que la conducen entre ambos países, según expertos consultados por la fundación estadounidense ‘Insight Crime’, que analiza el crimen organizado en América Latina.

El contrabando también se mueve en sentido contrario. El irrisorio precio de la gasolina en Venezuela –altamente subsidiada- ha convertido desde hace muchos años a su introducción ilegal en Colombia en un negocio muy lucrativo. La crisis económica, política y social que sufren los venezolanos ha hecho aumentar drásticamente el número de personas y grupos que se dedican a esa actividad.

Complicidad con Caracas

Durante décadas cientos de miles de colombianos se refugiaron en Venezuela de la violencia generada por el conflicto armado entre su Gobierno y las guerrillas. Ahora la migración es en sentido contrario. Cientos de miles de venezolanos han abandonado su país huyendo de la crisis y la violencia.

Esa migración ha reducido el coste de la producción de cocaína. El Catatumbo es el lugar donde más barato se produce la droga. No sólo porque cada vez hay un mayor número de venezolanos dispuestos a asumir grandes riesgos y a trabajar por menos dinero, sino porque el queroseno es básico para la producción de cocaína, y en esa región su precio es mínimo.

La frontera parece no existir para algunos de los grupos que operan en la zona: “Si bien los cultivos están en Colombia, la proximidad con la frontera hace que haya una parte de los laboratorios que puedan estar en territorio venezolano. Eso hace todavía más complicada la lucha contra el narcotráfico en la región”, comenta Román Ortiz, un analista español, vicepresidente de Cordillera Aplications Group, una organización de Seguridad Pública y Defensa.

Cree, como otros expertos en seguridad, y según investigan las autoridades estadounidenses, que los cargamentos se mueven con la complicidad de parte de las autoridades venezolanas: “Los narcóticos quedan en Venezuela en manos del cartel de los Soles, que es una estructura criminal que vincula líderes del chavismo, incluidos algunos miembros de las Fuerzas Armadas, que son quienes de algún modo las mueven bien hacia EEUU, o hacia Europa”, comenta Ortiz.

El Gobierno venezolano ha negado que exista tal negocio. “La mayor evidencia de que existe es la lista de sanciones que ha ido imponiendo Washington a una serie de figuras del chavismo, muy particularmente al vicepresidente Tareck El Aissami, en febrero de 2017, por actividades vinculadas al narcotráfico y al lavado de activos”, cree Ortiz.

Caracas ve tal acusación como una ficción. “Es una infame y grotesca mentira para agredir a una autoridad del Estado y un falso positivo contra un venezolano decente y digno. No hay sustento en la realidad”, dijo la entonces canciller, Delcy Rodríguez, sobre las sanciones a El Aissami.

Mural en apoyo del ELN en El Palo, departamento del Cauca. (EFE)
Mural en apoyo del ELN en El Palo, departamento del Cauca. (EFE)

El ELN aumenta su influencia

Al calor de los negocios ilícitos viven varios grupos armados a ambos lados de la frontera. El más importante es, sin duda, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), ahora la mayor guerrilla de Colombia, que niega estar traficando con cocaína pero admite imponer tributos a la droga que se mueve por sus territorios. Esta guerrilla ha incrementado su influencia en la zona tras la desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) a principios de 2017. Han ido ocupando los territorios abandonados por la histórica guerrilla colombiana, haciéndose, de paso, con el control de parte de las rutas del narcotráfico. Esa reorganización ha sido violenta.

“Otro factor clave para su aumento de influencia ha sido la apertura de unas conversaciones de paz con el Gobierno que desde su inicio tenían muy poca viabilidad. Eso le da al ELN, por un lado, visibilidad política, agigantando su tamaño y haciendo más efectiva su propaganda. Por otro lado, le ha concedido la posibilidad de alcanzar un cese al fuego en el que no está obligado a concentrar a sus militantes, permitiéndole expandir su zona de influencia mientras la fuerza pública colombiana no puede reaccionar, porque está en cese al fuego. Así han crecido territorialmente y en tamaño”, asegura Ortiz.

Preocupa a Bogotá que parte del ELN opere desde Venezuela, un extremo confirmado por la Fiscalía colombiana, por medios de comunicación como ‘El País’ de Cali, que llegó a obtener fotografías de guerrilleros al otro lado de la frontera, así como por autoridades venezolanas como el ex gobernador opositor del Estado de Amazonas, Liborio Guarulla. “En el Estado se ha producido una especie de convivencia entre las fuerzas armadas venezolanas y los grupos irregulares, porque se han convertido en una especie de grupos paramilitares”, dijo Guarulla en febrero de 2018, tres meses antes de ser inhabilitado por 15 años para ejercer cargos públicos, una sanción impuesta por la Contraloría venezolana.

En territorio venezolano podría encontrarse la mayoría del Comando Central (Coce) del ELN, su grupo dirigente, según el Fiscal General de Colombia, Néstor Humberto Martínez. Su presencia, tolerada aparentemente por Hugo Chávez –quien cambiaba, según muchos analistas, de discurso con respecto a las guerrillas según el momento político- no ha sido apoyada, al menos públicamente, por Maduro, cuya atención se encuentra totalmente fijada sobre la crisis que vive su gobierno.

Otro de los grupos armados existentes en la zona son los remanentes del Ejército Popular de Liberación (EPL), un grupo desmovilizado en 1991, pero que sigue ejerciendo control territorial en el departamento colombiano de Norte de Santander. “De origen maoísta, y creado en la década de los sesenta, estaba prácticamente extinguido en el país, pero gracias al crecimiento del narcotráfico, ha revivido. El Gobierno no lo identifica como EPL, para no reconocerle estatus político, y lo etiqueta como ‘Los Pelusos’, definiéndolo como grupo narcotraficante. Actualmente posee unos 250 hombres bien armados y está en una dura disputa armada territorial con el ELN para controlar las narco rutas fronterizas. Varios de sus líderes han sido neutralizados, pero el relevo de jefes es permanente. Sobresale el empleo de francotiradores, entrenados desde hace algunos años por las FARC, contra la Fuerza Pública”, comenta el experto Marulanda.

La policía colombiana escolta a Jesús Vargas, acusado de ser miembro de una facción disidente de las FARC, el Frente Oliver Sinisterra implicado en el asesinato de dos periodistas ecuatorianos y su chófer, el 9 de julio de 2018. (Reuters)
La policía colombiana escolta a Jesús Vargas, acusado de ser miembro de una facción disidente de las FARC, el Frente Oliver Sinisterra implicado en el asesinato de dos periodistas ecuatorianos y su chófer, el 9 de julio de 2018. (Reuters)

Disidentes que se pasan al crimen

EL EPL declaró la guerra al ELN en el Catatumbo a mediados de marzo, desatando la violencia en la zona. El comercio y el transporte estuvieron paralizados durante días en un conflicto que dejó al menos una veintena de muertos ante la mirada de unas autoridades que denuncian no contar con los medios suficientes para enfrentarse a dichas guerrillas.

Lo puso de manifiesto el rifirrafe filtrado a la televisión entre el coronel al mando de las tropas de la región de Norte de Santander y un sargento a cargo de la pequeña localidad de Teorama. El ELN secuestró a cuatro de los vecinos del pueblo el pasado 2 de abril sin que la Policía se inmutase.

- “¡Usted no está haciendo nada, mi sargento! ¡A usted le da miedo salir de allá!”, le espetó el coronel al sargento, vía telefónica.
- “¡Es que una cosa es estar allá y otra, estar acá. De una vez le digo: yo tampoco voy a estar acá a hacerme matar también. Si usted quiere que le salga, deme la orden por escrito, señor. ¡Porque está diciendo que no estoy haciendo ni mierda en este pueblo! Lo invito a que venga acá y haga su trabajo. ¡Se cagan allá los comandantes!”, respondió el sargento, que fue relevado de su cargo.

Entre el ELN y el EPL han crecido también los disidentes de las FARC, integradas por al menos 1.200 guerrilleros en todo el país. Suponen el 10% de la antigua fuerza guerrillera. Los expertos en paz destacan que se esperaban una disidencia del 15%, con lo cual todavía entra dentro de los márgenes previstos, pero no ocultan su preocupación. Esta tendencia crece debido, entre otros motivos, a los retrasos en la implementación del Pacto de La Habana y al escaso desarrollo de los programas productivos que iban a garantizar el sustento económico de quienes dejaron los fusiles.

Los grupos más extensos operan en las fronteras con Ecuador y Venezuela. “Las FARC están reconstruyendo un nuevo Frente Sur al mando de alias ‘Gentil Duarte’ [expulsado de la organización en 2017), dedicado al trasiego de cocaína, coltán y oro, hacia Venezuela y Brasil”, advierte el experto Marulanda. La fundación ‘Insight Crime’ señala su presencia en los departamentos venezolanos de Amazonas y Apure.

Un soldado venezolano patrulla San Antonio de Táchira, cerca de la frontera colombiana. (Reuters)
Un soldado venezolano patrulla San Antonio de Táchira, cerca de la frontera colombiana. (Reuters)

'Narcoparacos' colombianos y guerrilla venezolana

En la frontera entre Colombia y Venezuela operarían también varios de los denominados por las autoridades de Bogotá como Grupos Armados Organizados (GAOs). Son bandas criminales, aparentemente sin ideología política, y dedicadas principalmente al narcotráfico. Muchas de ellas nacieron tras el proceso de desmovilización paramilitar promovido en 2006 por el Gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe. Al menos dos de ellas, los Rastrojos y los Urabeños –también conocidos como el Clan del Golfo, la mayor organización de narcotraficantes de Colombia- tienen presencia en Venezuela, según los investigadores de ‘Insight Crime’.

La ONG norteamericana destaca también la presencia en la parte venezolana de la frontera de las Fuerzas Bolivarianas de Liberación (FBL) un grupo armado, compuesto por entre 1.000 y 1.400 miembros, que apoya al gobierno chavista. Eran inicialmente aliados del ELN, pero ahora verían a la guerrilla colombiana como un competidor. Se dedicarían a la extorsión. Aunque algunas fuentes consultadas por ‘Insight Crime’ les implican en el tráfico de estupefacientes, la ONG dice no tener pruebas que sustenten dichas acusaciones.

Poco cambiará en la región mientras la producción de coca se encuentre disparada. Las plantaciones han aumentado sin tregua desde 2012. Entonces se calculaba que en el país andino había unas 78.000 hectáreas de coca. En 2016 habían aumentado a 188.000 hectáreas, según el Departamento de Estado de EEUU. A falta de hacerse públicos los datos de 2017, hay expertos que calculan que la cifra superará las 230.000 hectáreas. Tampoco ayudan el cada vez mayor distanciamiento político entre Venezuela y la debilidad de las autoridades de ambos países.

“La Guardia Nacional es la principal encargada del control fronterizo al lado venezolano. Debe lidiar con el creciente flujo migratorio fronterizo que se mueve simultáneo a los contrabandos de combustible y alimentos. Muchos de sus miembros son señalados de corrupción, pues exigen dinero o productos para permitir o facilitar el paso de personas, vehículos y mercancías. Sus esfuerzos por controlar estos flujos han sido ineficaces, como lo son los esfuerzos de la Policía Nacional colombiana, pues la frontera es geográficamente difícil y los recursos de ambos estados limitados”, analiza Marulanda. Malas perspectivas para los habitantes de una de las zonas más peligrosas del continente americano.

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