LAS VÍCTIMAS DE LA 'OPERACIÓN ORIÓN' AÚN ESPERAN

La Escombrera: una fosa común en Medellín clave para el futuro de Colombia

Es probablemente la fosa común más grande de América Latina. Pese a que autoridades y perpetradores reconocen parte de los hechos, los esfuerzos por desenterrarlos han sido en vano

Foto: Miembros del Ejército de Colombia patrullan las calles de la Comuna 13 de Medellín, el 27 de abril de 2018. (EFE)
Miembros del Ejército de Colombia patrullan las calles de la Comuna 13 de Medellín, el 27 de abril de 2018. (EFE)

“‪Disparos nocturnos en nuestros barrios. Que la vida de nadie sea cegada. Que despertemos completos. Cada muerte es un fracaso de todos” La frase, escrita en su muro de Facebook, pertenece a Jeihhco Castaño, rapero de la iniciativa Casa Kolacho, en la Comuna 13 de Medellín. Fue escrita hace semanas por uno de los protagonistas del cambio de esta ciudad colombiana: manifiesto actual de que no todo está bajo control. Como él, la mayoría de sus cerca de 2,5 millones de habitantes se han propuesto dar carpetazo al pasado. Sin embargo, a la capital del departamento de Antioquia –en el centro del país- le siguen pesando dos lastres más o menos recientes: la leyenda de Pablo Escobar, con el cártel de droga que puso a la ciudad en el vocabulario internacional, y la Operación Orión, una masacre estatal menos conocida pero que aún escuece entre sus víctimas.

Ocurrió hace 16 años. Su recuerdo sigue siendo motivo de lucha para familiares y vecinos del barrio, también conocido como San Javier. La Operación Orión consistió en una acción dirigida por el gobierno el 16 y 17 de octubre de 2002 que pretendía acabar con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y otras células de guerrilla en la Comuna 13. Perpetrada por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) del Bloque Cacique Nutibara (un grupo paramilitar) y distintas fuerzas de seguridad, la intervención acabó con 16 muertos (entre ellos, cuatro militares) y 200 heridos, según los informes oficiales. Las plataformas ciudadanas cifran en trescientos más a los afectados: el número de personas que desaparecieron en esa intervención y en las alrededor de 20 a lo largo de aquel año (Operación Águila, Antorcha, Saturno…). Ejecuciones extrajudiciales y arrestos aleatorios que se sucedieron durante esas horas y en otras madrugadas.

Daños que el gobierno –entonces liderado por Álvaro Uribe, en pleno Estado de Excepción (una lucha sin tregua con la guerrilla, de mano dura)- no ha llegado a investigar del todo. Incluso, acusan los familiares, ha entorpecido sistemáticamente. ¿Cómo? Silenciándolo, posponiendo la apertura del caso, evitando dar respuesta a las víctimas paralelas. A las que les falta alguien desde aquella noche. En Colombia sí que se habla de ello, por mucho que pase el tiempo. Hasta Diego Fernández Murillo -jefe del bloque paramilitar que encabezó la operación, desmovilizado en 2003- contó poco después una cruenta versión de los hechos. Por eso es raro que la gente de esta nación latinoamericana no haya oído hablar de La Escombrera, el lugar donde –al parecer- fueron a parar los cuerpos de los desaparecidos.

Acto de protesta en La Escombrera, en julio de 2015. (Reuters)
Acto de protesta en La Escombrera, en julio de 2015. (Reuters)

Esta montaña de residuos, que comprende dos escombreras (San Javier y Bioparques) y una arenera (El Cóndor), se sitúa en el límite de la Comuna 13. Allí, supuestamente, se sepultaron los 300 cuerpos que tienen registrados en la sede de Mujeres Caminando por la Verdad, una asociación a la que acuden quienes desde entonces piden justicia. La directora, Adriana Arboleda Betancur, de 50 años, alega que unas 185 mujeres han acudido a esta congregación porque “aún existe el miedo” y “muchas no han denunciado ni tienen representación legal”. Arboleda habla en un salón de un edificio del centro de la ciudad mientras va llegando un grupo de estas afectadas a las que alude. “La asociación lleva desde los años 90, siempre por los derechos humanos”, aclara, “y la Operación Orión sí que es trascendental por dos cosas: significó el inicio del periodo de Uribe, que se basó en la militarización y el salto de derechos humanos, y porque las verdaderas víctimas fueron los civiles”.

No son las únicas que han demandado conocer la verdad. Otras agrupaciones vecinales o de corte legal, como la Corporación Jurídica Libertad, se encuentran entre los agentes sociales que exigen saber qué pasó. Y eso que la cronología en torno a los sucesos de La Escombrera es algo movida. Su existencia se remonta a siete décadas atrás. Los primeros asentamientos establecieron allí el lugar para los residuos de la zona, que ahora gestiona Bioparques S. A. S., una empresa privada. Cuando se produjeron todas estas operaciones, en 2002, los detenidos fueron presuntamente conducidos hasta allí. Se les cubrió con los desechos y hasta se cimentó encima. Desde entonces, La Escombrera es un caso de estudio que puede alzarse con el título de la fosa común más grande de Latinoamérica.

Activistas se entierran en falsas tumbas para protestar contra los desaparecidos de la Operación Orión, en Medellín, en octubre de 2015. (Reuters)
Activistas se entierran en falsas tumbas para protestar contra los desaparecidos de la Operación Orión, en Medellín, en octubre de 2015. (Reuters)

10.000 huesos sin identificar

Pero todavía no se sabe nada. Desde aquel año, familiares y activistas se han manifestado en La Escombrera a menudo. Se colocaron placas, baldosas y figuras en honor a los desparecidos. Hay quienes ascienden hasta su verja a diario y miran al horizonte, esperando una señal. Como la que recibe Margarita Restrepo, según recoge el diario El País Colombia, en sueños y apariciones: su hija Karen Vanessa –desparecida con 17 años- ya habita en “el reino de los justos”, le dice “el Señor”. Hasta que en 2008, la Fiscalía General de la Nación y la Alcaldía de Medellín firman un convenio de cooperación para buscar fosas comunes en la ciudad. Ante la negativa de la compañía propietaria, pasan siete años. En julio de 2015 comienzan las prospecciones.

“Es imposible remover ese sitio, hace falta un estudio arquitectónico”, cuenta Arboleda. “Es verdad que en 2015 hubo una excavación forense, pero no se encontró a nadie. Y cada año es más difícil porque se construyó encima”, resume. “Llevamos estos años esperando sin poder hacer nada”, lamenta. Hay algo de movimiento, algún indicio de que volverán a la carga, pero al final sólo pasa el tiempo y la desesperación. “No tenemos esperanza. Está todo parado. Hubo mucha bulla, pero no se consiguió nada”, lamenta Arboleda. El recuento que tienen en la asociación, donde preparan ‘performances’ delante de La Escombrera o reúnen historias personales, es de 11 cuerpos encontrados en 2011 y otros 45 más adelante. “Tanto las autoridades policiales como las civiles y militares lo negaron siempre”, protesta.

Adriana Arboledas Betancur,  coordinadora del Programa de Víctimas de la Corporación Jurídica Libertad en Medellin. (Javier Arcenillas)
Adriana Arboledas Betancur, coordinadora del Programa de Víctimas de la Corporación Jurídica Libertad en Medellin. (Javier Arcenillas)

También presentaron un informe junto a Amnistía Internacional, que ha destacado que para restaurar la paz en el país sudamericano hace falta recompensar la memoria de las víctimas. “Se conformó una mesa institucional, se ordenó el cierre y se diseñó una propuesta de búsqueda”, prosigue la presidenta de Mujeres Caminando por la Libertad. En Medicina Legal, arguye, hay 10.000 huesos sin identificar. Ni aun así consiguen que se vuelva a remover la tierra, ampliando los 5.000 metros cuadrados que se exploraron a los 24.000 totales del recinto y horadando hasta 25 metros de profundidad.

“Vamos logrando cosas, pero es muy difícil concretar”, concluye. “A nadie le interesa mover el caso porque son gente del poder y porque cuesta mucha plata [el gobierno ha calculado el coste entre los cuatro y los cinco millones de dólares, unos 3,5 millones de euros]”, expresa Arboleda, que –junto a otras instituciones- está articulada en el Centro de Memoria Histórica. Reconoce la activista sentir algo de voluntad desde la alcaldía, pero asegura que no tienen mucha relación. “No les criticamos, pero no queremos que nos roben”, dice. Arboleda habla del papel fundamental de organizaciones internacionales y de la voz de las víctimas, factor esencial para que se les hiciera caso. También comenta que esta situación “solo es posible” en Colombia, “un país de impunidad”. Con casi 85.000 desapariciones a sus espaldas hasta 2017 por culpa del conflicto, “queda mucho por hacer”. “No se investiga, no hay condenas, el Estado no actúa”, sintetiza como rémora de esa paz anhelada.

“Estamos ante una gran oportunidad. Puede ser un gran avance o una gran frustración”, expresa con respecto al proceso de paz en Colombia. Sobre el barrio de Medellín, esa ciudad con ecos del narcotráfico y la guerra, no tiene dudas: “La Comuna 13 es muy paradójica. Ha sufrido mucho, pero hay mucha resistencia. Hay mucha pobreza, pero se está lanzando al turismo”, contesta. La Escombrera sigue al lado, esperando a que las grúas despejen la vergüenza de un caso sin cerrar. “Este año iban a empezar a financiar, así que vemos posibilidad de que se subsane esta impunidad y este silencio”.

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