Frontera criminal: las bandas que explotan a los venezolanos que cruzan a Colombia

Suenan las sirenas de la policía en una calle donde no cabe un alfiler. Los agentes se abren paso entre vendedores ambulantes, transeúntes, y vehículos. Cúcuta, la ciudad de Colombia más cercana al puente internacional Simón Bolívar, que sirve de paso fronterizo con Venezuela, vive en un completo bullicio a más de 34 grados de temperatura.

El destino de los policías es un centro comercial. Registran uno a uno todos los puestos. La mayoría vende artículos de belleza y perfumes. Buscan contrabando… y ¡bingo! Encuentran botes de colonia falsos en casi todos los locales. “Esto entra muchas veces por la frontera con Venezuela. Por la falta de controles aduaneros que existen allí y también porque hay muchos pasos ilegales y no hay manera de controlar el paso de la mercancía hacia territorio colombiano”, dice uno de los agentes.

Los más de 280 pasos ilegales erigidos sobre el río Táchira, que delimita la frontera entre Colombia y Venezuela en los alrededores de Cúcuta, suponen, efectivamente, el mayor quebradero de cabeza para las autoridades de la zona. El contrabando se ha intensificado drásticamente por la crisis económica que azota a los venezolanos. Muchos utilizan los rudimentarios caminos para introducir productos como la gasolina, muchísimo más barata en Venezuela. Por allí pasan también, hacia uno y otro lado, otras mercancías como ganado, queso, carne y hasta droga. En ocasiones previo pago de ‘impuestos’ a bandas criminales.

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La frontera entre los dos países se ha convertido, así, en una zona caliente. A las autoridades colombianas les preocupa que parte de los venezolanos que están cruzando a su país, de uno u otro modo, delincan, aunque por ahora sean minoría quienes se dedican a actos ilícitos. La detención de ciudadanos del país vecino en Cúcuta por asuntos relacionados con drogas ha subido un 227% en el primer semestre de 2017 en comparación con 2016. La cifra de venezolanos detenidos por robos ha subido un 219%.

La actividad en las ‘trochas’, como se a los pasos ilegales, se produce de forma paralela al ‘tsunami’ de personas que cruzan cada día de manera legal los pasos fronterizos. Las autoridades migratorias contabilizan una media de 25.000 personas ingresando cada día a Colombia. Aunque cada vez más deciden quedarse, o emprender el viaje a países vecinos como Ecuador, Chile o Perú, con intención de buscar trabajo, la mayoría cruza todavía al país vecino para encontrar los productos de alimentación, o medicinas, que no encuentran en Venezuela.

Los productos más buscados en los mercados de Cúcuta son harina de trigo, arroz, azúcar, aceite, e insumos médicos de todo tipo, que serán, en muchas ocasiones, ‘bachaqueados’ (revendidos a un precio mayor) en el país vecino. “Allí no hay quien nos salve. Los alimentos están carísimos. Vengo a comprar unas harinas y azúcar”, dice Araceli Ayllón, una venezolana de 70 años que cada semana cruza la frontera para hacer la compra en Colombia. Ni ella, que compra para consumo propio, ni la mayoría de ‘bachaqueros’ tendrán problemas con la policía colombiana para introducir la comida en Venezuela, siempre que no superen un determinado número de bultos. Muchos utilizan bolsas de mano o pequeñas maletas para asegurarse de que no rebasan el límite.

Delitos en constante ascenso

La masiva llegada de venezolanos a Cúcuta salta a la vista con tan sólo darse una vuelta por la ciudad. Cientos duermen en las plazas públicas por la precaria situación económica con la que ingresan. Su dinero vale poco fuera de su país.

La policía está alerta por la escalada de delitos cometidos por los venezolanos. “Hay mucha inseguridad. Mucho atraco. No sólo a las personas, sino también a los negocios, en el centro. Llega mucha gente extraña a los barrios ofreciendo productos, y cuando la dueña entra dentro de la casa a buscar el dinero, ellos los roban”, señala Jaime Ramírez, un transportista cucuteño. La ciudad fronteriza no es el lugar indicado para buscar trabajo. El 68% de los empleos son aún informales. Esa falta de oportunidades alienta el hampa.

Pero la delincuencia no sólo ha subido en Cúcuta. En 2016 fueron juzgados 309 venezolanos por delinquir en Colombia. La cifra ya se había triplicado a principios de agosto de este año, hasta superar los 930. El aumento es grande, pero teniendo en cuenta que en Colombia viven más de 350.000 venezolanos, con o sin papeles, según las cifras oficiales, y que de acuerdo otras organizaciones los llegados del país vecino podrían superar el millón, se desprende que la cifra es todavía mínima.

Opinión

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Aún así, los números preocupan. Más si se tiene en cuenta que Colombia es un país donde no escasean las bandas criminales organizadas ávidas de conseguir reclutas en situación de necesidad por un bajo coste. Investigadores de la Policía desvelaron al diario ‘El Tiempo’ la detección de venezolanos que, tras ingresar en Colombia, han terminado trabajando en la zona minera de Boyacá, donde hay gran cantidad de yacimientos ilegales, o han viajado a lugares como Tumaco o Catatumbo tanto para recoger hoja de coca como para vincularse al narcotráfico.

Los Rastrojos, una organización colombiana dedicada al narcotráfico que el Gobierno colombiano creía extinta en 2016, podrían estar fortaleciendo sus operaciones a lo largo de la frontera. El Ejército venezolano afirmó el pasado 26 de agosto haber acabado con seis de los hombres de la banda durante una operación de patrullaje, que coincidió con la celebración de ejercicios militares en la zona ordenados por el presidente Nicolás Maduro.

Tensión militar entre Colombia y Venezuela

Y es que la frontera también se ha calentado por motivos políticos. La tensión se inició con el cierre del paso durante un año, entre agosto de 2015 al mismo mes de 2016, ordenado por Caracas por la supuesta presencia en territorio venezolano de grupos paramilitares colombianos y que supuso la deportación de 1.600 nacionales de Colombia, además del desplazamiento de otras 20.000 personas.

Los problemas volvían a aparecer el pasado marzo, cuando unos 60 militares venezolanos cruzaron la frontera con Colombia en Arauca, izando la bandera de su país y erigiendo un campamento. Fue desmontado días después, tras conversaciones bilaterales. El incidente contribuyó, eso sí, a aumentar la temperatura: el cruce de declaraciones entre los mandatarios de ambos países explotó este agosto, cuando el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, no reconoció la Asamblea Nacional Constituyente, y además dio refugio a la fiscal chavista ‘rebelde’, Luisa Ortega.

El 28 de agosto se produjo otro capítulo preocupante. Weidler Guerra, gobernador de la región colombiana de La Guajira, limítrofe con el norte de Venezuela –ambos países comparten unos 2.200 kilómetros de frontera- denunció la supuesta incursión en su territorio de una veintena de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana llegada del país vecino. Habrían lanzado gases lacrimógenos, disparado y robado las pertenencias de varias personas, según aseguran los afectados.

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El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino, negó la incursión. “Rechazamos este falso positivo”, señaló. La expresión se utiliza en Colombia para referirse a una acusación con pruebas falsas y fabricadas. Todo ello preocupa en Cúcuta, donde se han escuchado varios intercambios de disparos este año entre las bandas criminales y las autoridades de ambos países.

Los ciudadanos también resaltan el aumento de la prostitución en las calles de la ciudad tras la llegada de los venezolanos. Según una investigación de ‘The Economist’, en Colombia podría haber unas 4.500 trabajadoras sexuales. Más de 2.000 podrían estar prostituyéndose en Cúcuta, según la prensa local.

“Lo hago porque estamos en una situación crítica. Es para mandarle dinero a mi madre para que no tenga que comer sardinas todos los días. O pan. Porque eso es lo que estábamos comiendo antes de que yo llegase a Colombia”, explica Ana Picinini, una trabajadora sexual venezolana en Cúcuta. Y ello a pesar de que, pese a dormir en la calle y tener que mendigar, la mayoría de quienes pueblan las plazas públicas de la ciudad fronteriza dicen estar mejor que en su país, y no están dispuestos a volver a corto plazo.