TENDENCIA NEGATIVA

La situación humanitaria en Colombia es más grave tras el desarme de las FARC

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha publicado un informe en el que señala que "no hubo esfuerzos" para llevar "ley y orden" a las zonas de las que salieron los guerrilleros

Foto: Zona habitada por exguerrilleros de las FARC. (EFE)
Zona habitada por exguerrilleros de las FARC. (EFE)
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La situación humanitaria en Colombia se agravó notablemente en 2018, año posterior al desarme de las FARC, especialmente porque "no hubo esfuerzos suficientemente decididos" para llevar "la ley y el orden" a las zonas de las que salieron los guerrilleros, informó este jueves el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

"No hubo esfuerzos suficientemente decididos para traer a todas estas zonas (de las que salieron las FARC) lo que se puede llamar ley y orden. No hubo suficientes esfuerzos para poner estas zonas en el mapa de las prioridades de la acción, no solamente del Estado, sino también de los actores locales", dijo en una rueda de prensa el jefe de la delegación del CICR en Colombia, Christoph Harnisch.

Ante esa situación explicó al presentar el balance anual del CICR que incluye los retos para 2019 que en 2018 "todos los indicadores humanitarios" en Colombia registraron "una tendencia negativa".

Víctimas por artefactos explosivos

Entre esos índices, destacó que el número de casos de víctimas de minas antipersona y de artefactos explosivos se incrementaron casi en un 300% al pasar de 57, en 2017, a 221, en 2018. De esos 221 casos, 128 eran civiles, de los que 26 eran menores de edad. En total, 31 personas fallecieron como consecuencia de las minas antipersonal y explosivos improvisados.

Harnisch explicó que sembrar minas "fue una táctica (usada) en el pasado", que se pensaba entre 2016 y 2017 que iba a desaparecer al calor del acuerdo de paz firmado por el Gobierno colombiano y la ya desmovilizada guerrilla de las FARC.

Sin embargo, no solo se mantuvo sino que los efectos tienen actualmente unas fuertes "consecuencias para las comunidades porque no pueden moverse" de sus lugares de residencia ante el temor a pisar una mina, situación especialmente compleja en el departamento del Chocó, fronterizo con Panamá, y en el Cauca (suroeste).

Por otra parte, el informe recoge un incremento del 90% en las cifras de desplazamiento, puesto que en 2017 hubo 14.594 casos y en 2018 fueron 27.780. El jefe de la delegación del CICR subrayó que el aumento de los desplazamientos masivos muestra que hay "un ataque contra la población civil".

Por si fuera poco, la desaparición forzosa también ha crecido y en 2018 se produjo una cada cuatro días. Para él, no se debe hablar de posconflicto tras el desarme de las FARC puesto que perviven cinco conflictos armados.

Rutas del narcotráfico

Cuatro de ellos son los que sostiene el Estado con la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN); el Ejército Popular de Liberación (EPL), también conocidos como "Los Pelusos" y considerados como una banda narcotraficante; las disidencias de las FARC, y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), banda criminal heredera del paramilitarismo.

Además, existe un quinto conflicto que sostienen el ELN y el EPL en la selvática región del Catatumbo, fronteriza con Venezuela, y que está fuertemente vinculado a la lucha por el control de las rutas del narcotráfico, según las autoridades.

En opinión de Harnisch, para entender la degradación de la situación es necesario "retomar el hilo en 2017, con la salida de las FARC" de las áreas que tradicionalmente dominaban y se fueron hacia las zonas en que se concentraron para dejar las armas y desmovilizarse.

Se generó entonces un "vacío de poder" que "no conocía un reemplazo a lo que se podía llamar una autoridad de hecho para que la población civil se vea protegida por reglas y por la ley".

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