Trump, imputado por los pagos en negro a una actriz de cine porno

• Trump usa su imputación como lanzallamas en su relato para volver a la Casa Blanca
• El expresidente, tras ser imputado: "No puedo tener un juicio justo en Nueva York"
• El gobernador de Florida asegura que no atenderá una petición de extradición
• Los republicanos advierten de que no tolerarán una "caza de brujas"
• Quién es Stormy Daniels, la actriz porno vinculada al expresidente Donald Trump

Un gran jurado de Manhattan ha votado a favor de acusar al expresidente de EEUU Donald Trump por su papel en el pago de dinero negro a una estrella del cine porno en vísperas de las elecciones presidenciales de 2016, según varias personas familiarizadas con el asunto. Es la primera vez en la historia de Estados Unidos que un expresidente se enfrenta a cargos penales.

El gran jurado emitió la acusación contra Trump después de una votación el jueves, aseguran estas fuentes. Esto marca el inicio de un proceso en el que el expresidente tendrá probablemente que ir a Nueva York para enfrentarse a los cargos. Los detalles de la acusación, realizada por la oficina del fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, no son públicos aún.

En Nueva York, los jueces suelen mantener los cargos en secreto hasta que los acusados hacen su primera comparecencia ante el tribunal. Un portavoz de Trump y una portavoz de Bragg declinaron hacer comentarios.

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El caso presentado por el fiscal Bragg, un miembro del Partido Demócrata, tiene el riesgo de no acabar prosperando. Su predecesor en el cargo, Cyrus Vance Jr., y los fiscales federales optaron por no imputar a Trump en otro caso distinto a este, pero también relacionado con esos pagos.

Si el caso va a juicio, para condenar a Trump haría falta que el jurado diera crédito al testimonio del exabogado del expresidente Michael Cohen, quien se ha tenido que enfrentar a sus propios problemas legales y se declaró culpable de una serie de delitos federales en 2018. Entre ellos, un delito de financiación de campaña electoral por los pagos a la estrella porno, así como cargos por mentir a una entidad bancaria y al Congreso.

Cohen afirma que Trump le ordenó pagar a Stormy Daniels 130.000 dólares en la víspera de las elecciones de 2016 a cambio de que ella guardara silencio sobre un supuesto encuentro sexual con el expresidente. Trump ha negado cualquier asunto con Daniels y asegura que solamente siguió el consejo de Cohen, como su abogado que era entonces.

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Es poco probable que un proceso judicial abierto en el estado de Nueva York tenga algún impacto jurídico en la candidatura presidencial de Trump, incluso si es finalmente condenado. La Constitución de Estados Unidos no impone ningún requisito de que los candidatos al cargo de presidente tengan un historial legal limpio, y existe un consenso legal de que los estados tienen prohibido imponer sus propias restricciones a los candidatos presidenciales, asegura Derek Muller, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Iowa.

La acusación podría afectar políticamente a Trump de formas muy variadas. El expresidente no ha perdido el apoyo de sus partidarios, a pesar de los numerosos problemas legales y controversias, y ya ha utilizado en el pasado la amenaza de su procesamiento como un argumento para recaudar fondos de campaña y argumentar que está siendo acusado injustamente por razones políticas. Al mismo tiempo, el prestigio de Trump se ha erosionado entre algunos republicanos, según muestran numerosas encuestas, y el caso podría hacer que algunos votantes apoyaran a otro candidato.

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La investigación sobre el dinero negro fue desencadenada en parte por una serie de artículos de The Wall Street Journal en 2018. De todas las investigaciones criminales activas sobre Trump, esta es la más antigua. Este caso se centra en su presunta conducta antes y durante la primera parte de su mandato presidencial. Otras investigaciones han estado examinando las acciones de Trump durante sus últimos años en la Casa Blanca y después de dejar el cargo. Las decisiones que los fiscales puedan tomar en estos asuntos serán de mayor calado, porque implican una presunta conducta más grave que conlleva mayores sanciones potenciales.

El Departamento de Justicia está investigando el manejo de documentos clasificados en el resort Mar-a-Lago de Trump en Florida y los esfuerzos del expresidente y sus aliados de anular su derrota electoral de 2020. El fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, está investigando los intentos de Trump y sus partidarios de influir en los resultados de las elecciones de 2020 en Georgia.

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El expresidente ha dicho que permanecería en la carrera presidencial independientemente de cualquier acusación penal, y tiene incentivos para mantener el rumbo. La Oficina de Asesoría Jurídica del Departamento de Justicia, una voz legal autorizada dentro del Ejecutivo, ha asegurado que un presidente en ejercicio no puede ser imputado.

Las condenas penales de Cohen y su historial como conseguidor de Trump podrían hacer de él un testigo de difícil confianza para un jurado, pero su relato del papel del expresidente en el pago de dinero para lograr el silencio de la actriz contiene indicios de prueba.

Los registros telefónicos obtenidos por los investigadores federales muestran que Trump y Cohen hablaron dos veces poco antes de que Cohen hiciera los arreglos para transferir dinero al abogado de Daniels en octubre de 2016. También estuvieron en contacto a principios de ese mes, cuando los aliados de Trump en el mundo de los tabloides alertaron a Cohen de la amenaza de que la historia de Daniels se hiciera pública, según las solicitudes de órdenes de registro desveladas en el caso federal de Cohen.

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Cuando en 2018 Cohen se declaró culpable en un tribunal federal, admitió haber hecho una contribución ilegal a la campaña de Trump para comprar el silencio de Daniels. El dinero que entregó a Daniels para que no divulgara noticias potencialmente perjudiciales para el entonces candidato a la Casa Blanca se camufló legalmente como una donación del señor Cohen a la campaña de Trump por valor de 130.000 dólares —mucho más de lo que permite la ley federal—, según alegaron los fiscales federales.

A partir de 2017, Trump y su fideicomiso emitieron cheques mensuales a Cohen para reembolsarle el pago a Daniels. Según los fiscales federales, la Organización Trump registró falsamente los cheques como pago por servicios legales que Cohen nunca proporcionó, ocultando su verdadero propósito. Cuando Cohen testificó en el Congreso en 2019, afirmó que Trump bendijo personalmente el plan.

Los principales hechos del esquema de dinero para pagar el silencio de Daniels se han conocido durante años y han recibido el escrutinio de los fiscales federales en la oficina del fiscal federal de Manhattan y los fiscales estatales bajo el fiscal Vance, el predecesor de Bragg.

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La oficina de Vance examinó el asunto en 2018, pero detuvo su investigación hasta 2019, cuando los fiscales federales aseguraron que habían concluido su investigación de financiación de campañas. "El fiscal federal nos había pedido que nos detuviéramos en nuestra investigación porque se superponía con lo que estaban investigando", dijo entonces Vance. "Después de que el señor Cohen se declarara culpable, nos sorprendió que la investigación no fuera más allá".

Cuando reanudaron la investigación en 2019, los fiscales de Vance valoraron imputar a Trump por el delito de falsificación de registros comerciales para ocultar el verdadero propósito de los cheques enviados a Cohen como reembolso por el pago de Daniels, según el libro People vs. Donald Trump: An Inside Account, escrito por Mark Pomerantz, exayudante especial del fiscal del distrito de Vance.

El cargo por sí mismo era un delito menor y podría convertirse en un delito grave solo si los fiscales pudieran demostrar que los registros fueron falsificados para cometer u ocultar otro delito. De hecho, valoraron también la teoría de que las facturas falsas ocultaban un delito federal de financiación de campaña relacionado con el pago a Daniels, pero ningún tribunal de Nueva York había validado nunca formalmente ese razonamiento jurídico, escribió el Sr. Pomerantz.

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Vance y su equipo consideraron que lanzar una imputación de un delito contra Trump amparándose solamente en el pago a Daniels tenía demasiados riesgos de no prosperar y lo abandonaron, según Pomerantz.

En su lugar, se centraron en las acusaciones de que Trump infló el valor de sus activos en los estados financieros que proporcionó a sus acreedores, entre otros.

Cuando Bragg sucedió a Vance en 2022, decidió no seguir adelante con el caso de los estados financieros de Trump. Un tiempo después, justificó su decisión argumentando que ese caso no estaba listo. Su renuencia provocó que Pomerantz y otro fiscal de alto nivel dimitieran de sus puestos.

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Aproximadamente un año más tarde, la oficina de Bragg comenzó a presentar pruebas a un gran jurado sobre el pago a Daniels y la forma en que Trump y su compañía reembolsaron a Cohen, que había recurrido a su propia línea de crédito personal para cerrar el trato con la actriz, según afirman personas familiarizadas con la investigación.

La oficina del fiscal de distrito ha abandonado y revivido la investigación con tanta frecuencia a lo largo de los años que los fiscales se han referido a ella como el "caso zombi", según Pomerantz.

Trump ha aprovechado los vaivenes de la investigación para poner en duda los motivos del fiscal Bragg.

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"Ahora, recurren al viejo y desacreditado caso que ha sido rechazado por todas las fiscalías que se han ocupado de esto", escribió Trump en sus redes sociales en marzo, aparentemente refiriéndose a la oficina del fiscal federal en Manhattan y a la anterior administración del fiscal del distrito de Manhattan.

Trump ha señalado posibles líneas de defensa en mensajes en redes sociales, diciendo que se basó en el consejo de Cohen y que fue víctima de extorsión por parte de Daniels. El abogado de Daniels no respondió a las solicitudes de comentarios.

Trump también ha dicho que el pago y el reembolso a Cohen ocurrieron hace tanto tiempo que el periodo legal en el que los fiscales pueden presentar cargos criminales ha pasado.

Pero los fiscales podrían argumentar que la supuesta conducta no ha prescrito aún, porque Trump vivió fuera del estado gran parte de los últimos seis años, lo que congela los plazos de la prescripción. De hecho, durante la pandemia, Nueva York amplió el tiempo permitido para presentar cargos.