Casi todas las organizaciones de Trump están ahora bajo investigación federal

El asesor de Seguridad Nacional más breve de la historia de EEUU, Michael Flynn -que apenas estuvo 23 días en el cargo-, pasará las navidades en casa. El tribunal que le juzga por haber mentido al FBI y a la Casa Blanca sobre sus contactos con Rusia decidió este martes retrasar su sentencia, prevista para ese mismo día, para que pueda seguir cooperando con las autoridades. De hecho, el fiscal especial Robert Mueller, encargado de la investigación sobre la presunta injerencia rusa en las elecciones de 2016, ha recomendado que no tenga que ingresar en prisión dada su actitud colaborativa. Pero lo que quedó claro ayer en la corte es que las afirmaciones de Donald Trump de que Flynn está ayudando al FBI bajo coacción no tiene demasiado fundamento. Preguntado bajo juramento si se consideraba no culpable y si pensaba que el FBI le había tendido una trampa cuando fue interrogado por primera vez sin la presencia de un abogado, Flynn respondió rotundamente que no a ambas cosas.

La contrición de Flynn es otro revés que se amontona en la pila de malas noticias de las últimas semanas para Trump. El ex asesor no es sino uno de la larga lista de antiguos asociados del presidente que tiene problemas con la justicia: los dos principales responsables de su campaña, Paul Manafort y Rick Gates, y su antiguo abogado Michael Cohen están en la cárcel o a punto de entrar en ella; uno de sus asesores previos en política exterior, George Papadopoulos, ha esquivado una pena de prisión mayor aceptando convertirse en testigo de la fiscalía, y Roger Stone, su asesor político durante mucho tiempo, está bajo la lupa por su conocimiento de la existencia de los emails del Partido Demócrata presuntamente hackeados por la inteligencia militar rusa y entregados a Wikileaks, según aseguran los investigadores estadounidenses.

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Todo esto, afirma el Washington Post, “ha tenido un impacto inmediato en un presidente acostumbrado a dictar el ciclo de noticias del país, pero que ahora lucha para mantenerse al día con éste: Trump ha sido forzado a emplear su capital político –y el de su partido- en su defensa”. Porque a los procesos judiciales contra sus asociados se suma toda una serie de investigaciones sobre las organizaciones y negocios dirigidos por Trump en la última década. Casi todos ellos están siendo ahora investigados por la fiscalía federal.

“Semanas de devastadoras revelaciones legales han dejado la carrera política de Donald Trump empañada por la criminalidad, y su vida, presidencia e imperio comercial bajo asalto por infatigables fiscales en múltiples frentes”, afirma Stephen Collinson, analista político de la CNN. “Dicho de forma simple, los comités de campaña, transición e investidura y la presidencia están ahora bajo una investigación criminal en activo. Sus negocios –la Organización Trump- y su difunta fundación están ahora bajo investigación. Su escuela superior –la Universidad Trump- ha sido ya catalogada como fraude”, escribe Collinson.

Estos son los principales terremotos legales a los que tiene que hacer frente el presidente.

Los pagos durante la campaña

Los asesores legales de la Casa Blanca lo consideran la mayor amenaza a la presidencia de Trump: los pagos realizados por Cohen en 2016 a la ex modelo de Playboy Karen McDougal y a la actriz porno Stormy Daniels para silenciar las relaciones extramaritales que el entonces candidato mantuvo con ellas. Los pagos fueron acordados en la sede del periódico sensacionalista National Enquirer, en la que, según muestran las grabaciones hechas públicas por Cohen, Trump estaba presente. Tanto Cohen como el editor de la publicación, David Jay Pecker, han declarado bajo juramento que fue Trump quien ordenó esos pagos.

Poco importa que la justicia haya fallado en contra de la demanda por difamación de Stormy Daniels obligándola a abonar 293.000 dólares para cubrir los costes del equipo legal de Trump: dado que los pagos de Cohen fueron realizados con el propósito expreso de impedir que la revelación de esas infidelidades afectaran negativamente a su campaña, suponen una violación de la legislación electoral, lo que supone una pena de varios años de prisión. La fiscalía federal señala directamente a Trump como responsable último, identificado en el acta de imputación como “Individuo 1”. (Los pagos, además, se hicieron mediante una elaborada triangulación financiera que Trump omitió en la revelación pública de sus finanzas en 2016, lo que supondría un delito adicional).

Los comités de campaña y de investidura

La fiscalía investiga, además, el posible manejo ilícito por parte del comité organizador de la investidura de Trump de casi 107 millones de dólares, y si estos aceptaron donaciones de individuos a cambio de conseguir acceso a la nueva administración, lo que también sería ilegal.

Se está revisando también si países extranjeros -en concreto, Arabia Saudí, Qatar y Emiratos Árabes Unidos- hicieron donaciones al comité de campaña y el fondo de investidura de Trump, otra práctica ilegal.

La “conducta ilegal” de la Fundación Trump

Por su parte, la fiscalía de Nueva York investiga tanto a Trump como a sus tres hijos mayores por presunta “conducta ilegal persistente” en la gestión del fondo caritativo creado por el magnate, la Fundación Donald J. Trump. La fiscal general Barbara Underwood estudia el uso de fondos de la fundación para saldar los litigios legales de sus otros negocios legales, así como la compra de un retrato gigante de Trump destinado a uno de sus resorts, entre otras prácticas ilícitas.

La acumulación de presuntas ilegalidades es tal que la fundación ha aceptado disolverse bajo supervisión judicial para resolver dos de los cargos: abuso de su estatus de exención fiscal y violación de las leyes de financiación de campaña.

Violación de la “cláusula de emolumentos”

Trump tiene que hacer frente a dos demandas civiles que alegan que el presidente está violando la llamada “cláusula de emolumentos”, que prohibe que un presidente reciba regalos, pagos u otro tipo de prebendas de Gobiernos o actores extranjeros. Aunque ha trasladado el control de su imperio hotelero y financiero a sus hijos Donald Jr. y Eric Trump, la negativa del magnate a deshacerse de sus negocios supone un punto de conflicto que está lejos de estar resuelto. Los hoteles Trump, por ejemplo, han acogido fiestas de embajadas extranjeras, la visita del primer ministro de Malasia o a grupos de lobistas pagados por el Gobierno saudí, algo que beneficia directamente a la familia presidencial y que muchos activistas por la ética en el sector público consideran un provecho ilegal.

Esto también supone un riesgo para Trump: hasta ahora sus abogados no han conseguido que las demandas sean desestimadas, y durante estos procesos legales la justicia puede exigir la entrega de documentos y emitir citaciones, que muchos creen que van a acabar por revelar nuevas irregularidades. Por ejemplo, según una investigación del New York Times, la compañía de Trump ha pasado décadas llevando a cabo una ingeniería fiscal bastante dudosa.

Connivencia con Rusia y obstrucción

Son los dos cargos más espinosos por lo difíciles de probar, pero el fiscal especial Mueller prosigue su investigación, en silencio pero firmemente. Hasta ahora, 33 personas –entre ellos 26 rusos- han sido imputadas por presuntos delitos relacionados con el proceso electoral de 2016 y los intentos de interferencia por parte de Rusia. Al menos 16 personas del entorno de Trump y su equipo de campaña y transición tuvieron contactos con operativos rusos a lo largo de ese año. Se espera que Mueller haga públicos pronto los hallazgos de sus pesquisas.

Una de las líneas de investigación está relacionada con los planes para construir una Torre Trump en Moscú. A medida que ha ido apareciendo información al respecto, todas las afirmaciones de Trump y sus abogados -primero, una negativa; posteriormente, una declaración alegando que el proyecto fracasó mucho antes del inicio de la campaña presidencial; por último, la admisión de que existía un documento que formalizaba la intención de llevar a cabo el proyecto, pero que nunca fue firmado- han sido desmentidas una tras otra. CNN ha conseguido una copia de dicha carta, datada el 25 de octubre de 2015 (es decir, más de cuatro meses después del inicio de su campaña), y que está firmada por el propio Trump. El candidato nunca informó a los votantes de la existencia de este proyecto ni de sus intereses en Moscú, ni siquiera después de que la comunidad de inteligencia estadounidense empezase a alertar sobre los intentos rusos de influir en las elecciones.

Algo más nebulosa es la alegación de obstrucción a la justicia, un delito que, según los demócratas, Trump cometió de forma clara cuando despidió al ex director del FBI James Comey. Pero muchos miembros del Partido Demócrata esperan iniciar una investigación al respecto cuando tomen el control de la Cámara de Representantes en enero.

Malestar republicano

Las cosas, de hecho, se van a poner todavía peor para Trump en 2019, cuando los demócratas tomen posesión de la Cámara de Representantes. Muchos han señalado su intención de impulsar investigaciones en profundidad sobre los negocios de la familia Trump, sus declaraciones de impuestos y varios de los asuntos apuntados más arriba.

Por primera vez, incluso los miembros del Partido Republicano que más activamente han defendido las políticas de Trump parecen ahora incómodos con la situación. Según el Washington Post, muchos senadores han estado toda la semana esquivando a la prensa para tener que responder a preguntas sobre el presidente. “No doy entrevistas sobre nada que tenga que ver con Trump y esas cosas, ¿ok?”, declaró este lunes el senador James E. Risch ante la insistencia de los reporteros. “No hay duda de que esto es una distracción de las cosas en las que nos gustaría verle dedicar su tiempo, y el nuestro. Por eso espero que parte de todo esto pasará pronto y tendremos respuestas, y podemos sacar conclusiones y seguir adelante”, indicó, por su parte, el senador John Thune.

El malestar republicano se extiende ahora a la intransigencia de la Casa Blanca respecto a la inclusión de una partida en los presupuestos para financiar el muro prometido por Trump en la frontera con México. El presidente exige 5.000 millones de dólares para el proyecto, a lo que los demócratas se niegan en redondo; el desacuerdo podría derivar en el cierre del Gobierno a finales de esta semana, cuando muchos departamentos se quedarán sin fondos, si no hay un acuerdo para cerrar los presupuestos. Y en estas circunstancias, a muchos miembros del Partido Republicano les gustaría una mayor flexibilidad por parte de Trump, que estos días, a su pesar, parece tener su mente ocupada en otros asuntos.