Jornada negra para Trump: su exabogado le implica en financiación ilegal de su campaña

En el transcurso de una hora, los cimientos de la presidencia de Donald Trump se han tambaleado. Su asesor estrella de campaña, Paul Manafort, fue condenado anoche por ocho delitos (de un total de 18) de fraude, por los que podría pasar el resto de su vida en la cárcel. Minutos después, estallaba la verdadera bomba: el abogado de Trump durante muchos años, Michael Cohen, se entregaba ante el FBI y se declaraba culpable de ocho cargos criminales, asegurando que al menos uno de ellos fue cometido por orden directa de la persona que hoy ocupa el Despacho Oval.

Según su abogado, Cohen declaró bajo juramento que Trump le ordenó pagar a dos mujeres –la actriz porno Stormy Daniels y la ex modelo de Playboy Karen McDougal- para que mantuvieran su silencio sobre la relación extramarital mantenida con el entonces candidato, que, de hacerse pública, podría perjudicar sus elecciones electorales. Aunque los pagos han sido reconocidos por el entorno de Trump, el propio presidente alega no haber sido consciente de que estaban teniendo lugar en el momento. El propio Cohen aseguró a principios de este año que los había abonado de su propio bolsillo.

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Ayer, Cohen se desdijo, afirmando ante el juez que los pagos se hicieron “en coordinación y bajo la dirección de un candidato a la oficina federal”, es decir, el propio Trump. Esto contradice directamente al propio presidente, que en abril afirmó en una entrevista no tener ni idea de dónde había salido el dinero para Daniels y McDougal. Unas afirmaciones que quedaron en entredicho poco después, cuando su actual abogado, Rudolph Giuliani, admitió que Trump le había reembolsado a Cohen los 130.000 dólares que le había pagado a Daniels. El mes pasado, Cohen hizo pública una grabación en la que se le oía discutir con Trump cómo comprar el silencio de McDougal.

Pero ahora la cosa va mucho más allá: la declaración de Cohen es además una confesión de un delito de violación de las leyes de financiación de campaña de EEUU, que implica directamente al propio Trump como inductor. Todo un torpedo a la línea de flotación del Partido Republicano, apenas tres meses antes de las elecciones de mitad de mandato (‘midterm elections’) de noviembre, en las que se reasignan los escaños en el Capitolio.

Un paso más hacia el impeachment

Desde un punto de vista penal, probablemente la revelación no tendrá consecuencias: según varios estudios legales del Departamento de Justicia en 1973 y 2000 –con Richard Nixon y Bill Clinton, respectivamente, como inquilinos de la Casa Blanca-, no se puede sentar en el banquillo a un presidente en activo. Pero la opinión generalizada en Washington en estos momentos es que, de no haber ganado las elecciones, Trump estaría ahora mismo imputado por serios delitos.

Pero la gravedad de las alegaciones es tal que podría dar un renovado impulso a un proceso de destitución: “Los demócratas han estado divividos sobre si solicitar el impeachment de Trump es políticamente astuto antes de noviembre. Pero la confesión de Cohen podría revisar ese cálculo y presionar a los demócratas para que prometan lanzar ese proceso si se hacen con el Congreso, que tiene la autoridad constitucional para iniciar el procedimiento del impeachment”, escriben Rosalind S. Helderman, Matt Zapotosky y Devlin Barrett en el Washington Post.

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La confesión de Cohen ha desatado las especulaciones sobre un posible trato alcanzado con el Departamento de Justicia para reducir una condena que parecía imposible de evitar. El ex abogado de Trump, quien en una ocasión dijo que “recibiría una bala” por el presidente, se ha posicionado contra su antiguo jefe y parece dispuesto a contarlo todo, “para poner por delante a su familia y su país”. El motivo aparente parece ser la indiferencia de Trump por sus vicisitudes después de que el FBI registrase su oficina: a Cohen pronto le quedó claro que, pese a su lealtad declarada y repetidamente demostrada hacia él, el presidente estaba más que dispuesto a abandonarle en la hoguera.

La importancia de la condena de Manafort es de otra índole: supone, ante todo, una reivindicación de la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre la injerencia de Rusia en las elecciones de 2016 y la presunta connivencia con el equipo de campaña de Trump. La sentencia prueba con evidencias y documentos que, lejos de ser una “caza de brujas” injustificada, como asegura Trump, existen elementos que la justifican. Por mucho que el presidente lo califique de ‘fake news’, ni las pesquisas sobre la trama rusa ni el trabajo de jueces y fiscales sobre sus presuntas actividades ilícitas van a desaparecer. Especialmente si los antiguos aliados de Trump siguen volviéndose contra él, uno tras otro.