Los avisos de las agencias de rating al nuevo Gobierno: el riesgo político de la parálisis

La formación de un nuevo Gobierno en España ha despertado, sin duda, pasiones muy profundas en la sociedad nacional, pero ha pasado prácticamente desapercibida en los mercados financieros. El Ibex se mueve estos días en torno a sus mejores niveles en tres años, mientras que la prima de riesgo española ha marcado este martes sus registros más bajos en los últimos cinco meses.

En ese contexto, la sucesión de advertencias lanzadas en los últimos días por las agencias de rating sobre los riesgos del panorama político nacional, los acuerdos de investidura y la situación fiscal del país han caído casi como mensajes extemporáneos. Primero fue Moody's el viernes y luego S&P el lunes. Dos en cuatro días. Una especie de prédica en el desierto que hasta el exministro Miguel Sebastián ha acusado de estar influida por cierto "sesgo ideológico".

Se puede entender que la fragmentación política con la que tendrá que lidiar a lo largo de la legislatura el nuevo Ejecutivo de España, aunque exacerbada en esta nueva legislatura, representa escasa novedad respecto a lo experimentado en la anterior y las limitaciones fiscales sobre las que este lunes advertía S&P suponen un sello identificativo de la economía nacional desde hace varios lustros. Y ni lo uno ni lo otro han impedido a Pedro Sánchez y su equipo llevar a cabo a lo largo de los últimos años su plan de gobierno, con resultados alejados de la catástrofe que algunas voces auguraban.

Sin embargo, sería un error considerar la escasez de sobresaltos (al menos, específicos) de la economía española en los últimos años como garantía para la legislatura que comienza. Sobre todo, porque el contexto en el que se desarrollará esta tendrá diferencias cruciales con la anterior.

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Resulta significativo el aviso dado este mismo martes por Bruselas, al analizar el plan presupuestario español, requiriendo al nuevo Ejecutivo "una estrategia fiscal creíble a medio plazo", ante lo que considera una situación "muy complicada".

El Gobierno español ha podido valerse en los años posteriores a la crisis del coronavirus de un periodo de flexibilidad fiscal sin precedentes en la historia de la Unión Europea y que, una vez encausado el shock pandémico y con las tensiones inflacionarias aparentemente contenidas, tiene las horas contadas.

El 1 de enero de 2024 volverán a funcionar las reglas fiscales europeas

El 1 de enero de 2024 está previsto que se reactiven las normas fiscales de la región, que contemplan la necesidad de un déficit público por debajo del 3% y unos niveles de deuda sobre PIB en torno al 60% (o en camino a esas cotas), dos pautas que las cuentas nacionales están muy lejos de cumplir actualmente.

Es bajo este marco como deben leerse los recientes avisos de Moody’s o S&P sobre la endeble mayoría parlamentaria del nuevo Gobierno y los acuerdos que han sido necesarios para alcanzarla.

En un momento en que se espera que el Ejecutivo de Pedro Sánchez apruebe "decisiones difíciles", como sería la retirada de buena parte de las ayudas aprobadas en los últimos tiempos para hacer frente a la crisis energética y la inflación, "la heterogénea composición del apoyo parlamentario al Gobierno significa que cualquiera de los partidos de la coalición, incluidos los pequeños, podrían bloquear la aprobación de leyes, incluidas aquellas clave para garantizar que la deuda en relación con el PIB se sitúe en una senda descendente", indicaba este lunes S&P.

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Pocos días antes había sido Moody’s la que había puesto el foco en los riesgos derivados del acuerdo para condonar 15.000 millones de euros de deuda a Cataluña y la posibilidad de una extensión de esta medida a otras regiones. En lo que, a efectos fiscales, vendría a suponer para las finanzas públicas un juego de suma cero (cambiar la deuda de una parte del entramado público a otra), los expertos ven un parche que no solventa las deficiencias del sistema de financiación autonómica y que, al contrario, generan incentivos para una actitud poco responsable por parte de los gobiernos regionales.

"Potencialmente, desincentivará la política fiscal prudente a nivel regional, lo que presionará las finanzas del soberano", señalaba la agencia en su nota. Un mensaje que entronca con el emitido este martes por Scope Ratings, al instar a una reforma integral del sistema de financiación autonómica. "La creación de un sistema de financiación más previsible podría ayudar a las regiones a tomar mejores decisiones a largo plazo en materia de servicios públicos e inversiones", apunta la firma europea.

Es importante resaltar que España enfrentará todos estos riesgos y desafíos en un contexto de tipos de interés al alza, que añadirán presión a las finanzas públicas.

Más costes de deuda

Aunque es cierto que las rentabilidades de los bonos han retrocedido con fuerza en las últimas semanas, ante la esperanza de un próximo giro en la dinámica de los tipos de interés, son muchas las voces que alertan de que el mercado está siendo demasiado optimista al esperar recortes de tipos por parte del BCE en los próximos meses. E incluso sin más sobresaltos por el lado de los tipos de interés, cualquier aceleración en el plan de reducción de balance del banco central (es decir, reducir la cantidad de dinero que sigue reinvirtiendo en bonos europeos) estaría llamada a añadir una presión adicional a los costes de la deuda.

En un informe emitido en la noche del viernes, la agencia Fitch destacaba que España es el segundo país europeo, detrás de Italia, con una mayor ratio de pago de intereses de deuda respecto a sus ingresos (un 5,6%) y advertía de que la tasa de interés de la deuda pública escalará hasta el 2,8% en 2026, desde el 1,9% en que se situaba en 2021. Esto, grosso modo, supondría, respecto al monto actual de deuda pública en circulación, un coste adicional al año de unos 12.400 millones de euros.

Y todo esto sin obviar, como indica S&P, que España ha condicionado buena parte de su escaso margen de maniobra fiscal con las decisiones de la última legislatura y, especialmente, la reforma de las pensiones.

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Con todas estas cuestiones sobre el tapete, parece prudente poner especial atención en las advertencias lanzadas por las agencias de rating y no descartarlas simplemente porque, hasta ahora, avisos similares no se han llegado a materializar.

Si en el mundo de la inversión es usual avisar de que los rendimientos del pasado no garantizan los del futuro, algo similar puede aplicarse a las políticas económicas, máxime cuando las circunstancias que las han hecho posibles parecen estar transformándose de forma acelerada. No es una cuestión de sesgos ideológicos, se trata únicamente de finanzas básicas.