Hacienda se lanza a la caza de falsos cambios de residencia a Madrid desde otras CCAA

Hacienda ha puesto el acento en que los ricos paguen impuestos por su patrimonio, y esto no solo implica un nuevo tributo, sino evitar las deslocalizaciones fraudulentas. Durante los últimos años, la Comunidad de Madrid ha atraído a grandes patrimonios de otras regiones, y estos se enfrentan ahora a inspecciones cada vez más numerosas y agresivas de la Agencia Tributaria, según fuentes jurídicas.

Las inspecciones, según estas fuentes, son cada vez más numerosas y agresivas sobre grandes fortunas que han movido su residencia fiscal de una comunidad donde se tributa por patrimonio hacia Madrid, donde hay bonificación del 100% en este tributo y tipos marginales de IRPF más bajos en los tramos más altos. La Junta de Andalucía ha buscado lo mismo al anunciar la misma medida a partir del año que viene, iniciando una guerra fiscal autonómica que Hacienda ha querido atajar con el impuesto de solidaridad sobre fortunas a partir de tres millones de euros.

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Mientras se concreta este nuevo impuesto, que podría ser recurrible ante el Constitucional, los grandes patrimonios modifican sus estructuras para minimizar el impacto, ya que Hacienda trabaja en un diseño del tributo similar al de patrimonio, lo que implica exenciones por empresa familiar, capital riesgo o el escudo fiscal (máxima tributación conjunta entre IRPF y patrimonio). Muchos de estos grandes patrimonios no tributaban por esta figura por estar en Madrid, pero no todos son de la capital.

En el año 2020, hubo 19.508 declarantes del impuesto al patrimonio en Madrid. Pese a la bonificación, los contribuyentes con más de un millón de euros (o 700.000 euros sin vivienda) están obligados a presentar la declaración, aunque fuentes jurídicas admiten que muchos no lo hacen en Madrid por falta de comprobaciones, algo que está cambiando desde la Agencia Tributaria estatal. La base liquidable fue de 102,8 millones de euros, el 35% de la suma autonómica total. Hay una tendencia de crecimiento. Madrid ha registrado aumentos de contribuyentes por cambios de residencia fiscal en 16.345 anuales, hasta los 103.035 declarantes de IRPF entre 2009 y 2018, según un estudio del IVIE. El incremento representa el 63% de saldos positivos de todas las comunidades autónomas.

Muchos de estos cambios de residencia fiscal, según sus propios asesores de banca privada y planificación patrimonial, tienen su origen en una fiscalidad más benigna. Menos IRPF, bonificación al 95% en sucesiones y donaciones y del 100% en patrimonio. Las agencias tributarias autonómicas siempre han tratado de perseguir potenciales fraudes para evitar perder contribuyentes que, en realidad, sigan teniendo en su comunidad el centro de intereses económicos y personales. Pero hay ciertas limitaciones a la hora de cuestionar una residencia fiscal que ya está en otra región, y la Agencia Tributaria de la receptora no tiene incentivo a hacerlo y perder un contribuyente.

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De esta forma, la Inspección de la AEAT cada vez está entrando más en esta cuestión. Las inspecciones a grandes patrimonios se han disparado, como recogió el Plan de Control Tributario de 2022, pero en el mismo no venía referencia a buscar cambios ficticios de residencia fiscal a nivel autonómico, solo si salían de España, como han hecho muchos millonarios en los últimos años a Portugal —ahora, vuelve a haber consultas con el nuevo impuesto a fortunas superiores a los tres millones de euros—. Además, hay que tener en cuenta que la Hacienda estatal no gana nada con ello, sino que es la autonómica.

Un ejemplo concreto, señala Antonio Cendán, socio de Zadal, se produce porque “la Generalitat de Cataluña le encarga al servicio de Inspección de la Administración estatal, la AEAT, un informe sobre la residencia del cliente, toda vez que la Administración autonómica no tiene competencias para comprobar su domicilio fiscal”. Para este informe se pide documentación de los últimos cuatro ejercicios, aún no prescritos, en torno a movimientos bancarios, justificantes de pago con tarjeta, indicación de las farmacias a las que acude, justificantes de atención médica, billetes de tren y avión, etc. También hay requerimientos a terceras personas, e incluso a las empresas que participaron en la reforma de un inmueble que adquirió el cliente en Madrid antes de cambiar la residencia fiscal. “Creemos que las deslocalizaciones cada vez van a tener más impacto en otras comunidades, que pierden recaudación”, añade Cendán.

Los casos que más se están viendo, según fuentes jurídicas, son grandes contribuyentes que en los últimos años se han mudado desde Cataluña o la Comunidad Valenciana, donde el tipo por patrimonio alcanza el 2,75% y el 3,12% respectivamente. “Estamos teniendo supuestos de inspección conjunta de IRPF y patrimonio en la Comunidad de Madrid sobre sujetos provenientes de comunidades como Cataluña y Valencia, donde permanece el impuesto de patrimonio y desde donde ha habido traslados”, señala Vicente Sanz, socio de Andersen. En cualquier caso, prosigue, “hay que pensar también que el traslado real es perfectamente lícito y que, para patrimonios elevados, el ahorro de una comunidad a otra da como para comprarse un piso grande en el barrio de Salamanca”.

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Desde la Agencia Tributaria, aseguran que se hacen las actuaciones habituales, y que "no es tan habitual ni el traslado, ni mucho menos el traslado ficticio", y que "cuando se detectan los casos, se regularizan". Y aunque en las directrices del Plan de Control Tributario de 2022 no se mencionaron estas inspecciones, sí ocurrió en las de 2021, señalando como añadido a la comprobación de deslocalizaciones a otros países que se podrán detectar las "nacionales que mediante desplazamientos ficticios pueden estar declarando sus rentas conforme a un centro de residencia ficticio mediante el que puedan intentar eludir determinados tributos en el ámbito de la imposición indirecta". Pese a ello, los asesores consultados coinciden en que cada vez tienen más casos sobre la mesa que muestran cómo Hacienda quiere evitar trampas para eludir el impuesto sobre el patrimonio o buscar tramos más bajos en IRPF, distorsionando la recaudación autonómica, y sin esperar a que al final pueda haber un impuesto específico para todas las grandes fortunas en España.

Impuesto al patrimonio

El impuesto al patrimonio es estatal, pero está cedido a las comunidades autónomas, lo que implica la cesión de la recaudación, de la capacidad normativa (como la bonificación de Madrid o Andalucía) y de la gestión o inspección. Es decir, en teoría, son las agencias tributarias las encargadas de inspeccionar fraudes, y de hecho es algo que tratan de hacer con agresividad. Pero tienen el límite de que si un millonario catalán pasa a ser residente de Madrid, la potestad de comprobación pasa a la Agencia Tributaria madrileña, que no tendrá ningún incentivo en que vuelva a Cataluña.

“Aquí está el quid de la cuestión. Si Cataluña pretende comprobar si un ex residente suyo reside realmente en Madrid, es muy difícil que la Comunidad de Madrid lo inspeccione, ya que genera recaudación por IRPF [el 50% de la cuota está cedido]. Por tanto, Cataluña siempre va a pedir el auxilio de la AEAT y casi nunca de las comunidades”, explica Vicente Sanz. El socio de Andersen indica que es una de las posibilidades que admite la Ley 22/2009. “Y, como en todo, la AEAT es Administración estatal cuyos superiores han sido nombrados por un determinado partido político, de forma que, según se lleven las administraciones estatales y autonómicas, el celo inspector y de colaboración será mayor o menor”, apostilla el experto.

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“Hemos tenido inspecciones de este tipo”, confirma Javier Morera, socio del despacho valenciano Broseta. En estos casos, la AEAT es muy metódica para confirmar si el cambio de residencia fiscal no es ficticio, y se cumplen criterios como los 183 días de permanencia o que se haya movido el centro de intereses económicos y personales.

“Suelen verificar si el cambio de residencia es efectivo: verifican tanto en la comunidad de origen como en la de destino el uso de tarjetas, uso de Seguridad Social —hospitalizaciones, tratamientos médicos, etc.—, datos de arraigo como pertenencia a clubes deportivos, acuden al inmueble para verificar si vives ahí, preguntan también al portero del edificio o de la finca, etc.”, enumera Morera.

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“No es extraño que se compruebe [el cambio de residencia fiscal] desde la AEAT”, avisa Eduardo Martínez-Matosas, socio de Gómez Acebo & Pombo. No obstante, coincide en que “ha habido un incremento de inspecciones por deslocalizaciones de grandes patrimonios de Barcelona y Valencia a Madrid”. Aunque la inspección es desde la AEAT, que comprueba IRPF y patrimonio, “en la práctica, tras la firma de las correspondientes actas, la AEAT se coordina con la Agencia Tributaria regional para que esta emita la liquidación final”, agrega.

También confirma la ofensiva con inspecciones de la AEAT para verificar traslados de residencia fiscal entre comunidades autónomas Patricia García, socia de Avantia, ‘boutique’ de asesoramiento fiscal y legal a grandes patrimonios: “Son verificaciones que pueden llegar a ser muy detalladas, incluyendo comprobaciones físicas realizadas por agentes tributarios. Nuestra recomendación firme en situaciones de posibles traslados entre comunidades autónomas es un estudio y planificación previos en detalle, examinando muy cuidadosamente la realidad subyacente detrás del traslado, ya que son situaciones muy complejas que suelen ser objeto de comprobaciones tributarias minuciosas por parte de la AEAT”.