Las grandes fortunas vuelven a interesarse por Portugal con la ofensiva fiscal de Moncloa

Una de las citas más repetidas en economía es que el dinero es miedoso, y en España esto se ve de forma recurrente con los grandes patrimonios. Cada vez que hay ruido, suenan los teléfonos de los despachos de asesores fiscales y banqueros privados para preguntar por la posibilidad de deslocalizarse y mover la residencia fiscal, con Portugal como estrella en los últimos años.

El Gobierno parece haber dejado claro que una de sus banderas en el tramo final de legislatura, antes del periodo electoral de 2023, será incrementar la presión fiscal para los grandes patrimonios, además de eléctricas y bancos. Moncloa está disparando en esta dirección en medio de la carrera fiscal en dirección contraria emprendida por algunas comunidades autónomas, especialmente Andalucía, tras el anuncio de la Junta de bonificar al 100% el impuesto sobre el patrimonio, como hace Madrid.

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A partir de ahí, Hacienda ha lanzado mensajes que apuntan a más impuestos para las rentas más altas. No ha dado detalles, pero ha sido suficiente para que los altos patrimonios vuelvan a replantearse su domicilio fiscal. Despachos de abogados y bancas privadas están recibiendo llamadas de clientes para preguntar por otras jurisdicciones, sobre todo Portugal, como ya ocurrió entre 2019 y 2021, cuando hubo una fuga masiva de fortunas españolas a Lisboa, lo que llevó a la Agencia Tributaria a lanzar inspecciones masivas. "La Inspección en España ha estado especialmente activa reaccionando a estos cambios de residencia, revisando que los contribuyentes que hayan comunicado su salida hacia Portugal pierden, efectivamente, su residencia fiscal en España, tanto por los días que permanecen aquí como por la localización de sus centros de intereses económicos y vitales. En este sentido, la Inspección habría detectado que se estaban produciendo situaciones fraudulentas de contribuyentes que comunicaban su salida de España hacia Portugal, pero seguían residiendo en España", recuerda Constantino Vidal, socio de Zadal.

Por ahora, son llamadas consultivas, dentro de la estrategia que están siguiendo las fortunas españolas para prepararse ante un potencial hachazo fiscal. En Madrid, sus asesores suelen recomendar movimientos en sus estructuras simulando que están sujetos al impuesto sobre patrimonio, aunque no se conoce si aplicarán las mismas deducciones como empresa familiar, inversión en capital riesgo o el escudo fiscal por limitación conjunta entre IRPF y patrimonio. Pero para muchos, dentro y fuera de Madrid, no es suficiente, y analizan ya la posibilidad de moverse a Portugal o, en menor medida, a otras residencias fiscales como Italia, Andorra y Reino Unido. Además, cuentan con la experiencia de otros millonarios que ya lo hicieron, con sus mismos asesores fiscales, entre 2019 y 2021.

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“Los mensajes hacia fuera no son buenos, trabajamos mucho con el exterior y que el Gobierno lance este discurso hace a la gente que se lo piense, y un número no pequeño de grandes patrimonios está empezando a pensar en marcharse a Portugal y otras jurisdicciones, según vayan las cosas”, apunta Javier Morera, socio de Broseta. "La preocupación es de grandes patrimonios españoles, pero también de extranjeros que vinieron a España bajo la ley Beckham y que han comprado casas y otros activos en España y que no saben como les va a afectar el nuevo impuesto", añade, y también señala que hay muchos patrimonios latinoamericanos que han llegado en los últimos años, especialmente de México, Venezuela o Perú, que ahora se plantean volver a moverse: "Ya dicen que saldrán a Portugal, Italia o Suiza en las próximas semanas".

“En algunos casos, en que las circunstancias familiares y laborales lo permiten, se nos solicita que estudiemos las implicaciones de un traslado de residencia efectiva a otros países, Reino Unido y Portugal, fundamentalmente”, apunta en la misma dirección Francisco Salinas, socio de Laffer Abogados.

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Hay que tener en cuenta que Portugal aprendió de las limitaciones del régimen de impatriados de España, conocido como ley Beckham, para mejorarlo. Las facilidades para acogerse son mayores que en el caso español, incluso con las mejoras que planea el Ministerio de Economía con la ley de 'startups', que choca con la idea de gravar en mayor medidas a los altos patrimonios. En Portugal, los impatriados tributan al 20%, y hay menos limitaciones que en España para acogerse, mientras que las pensiones fuera de Portugal tributan al 10%, y hay exenciones en sucesiones o donaciones a cónyuge, descendientes y ascendientes.

En concreto, puede acogerse toda aquella persona que no haya sido contribuyente en el país luso los cinco años anteriores. Y mientras la nueva ley Beckham de Calviño apunta a que se inicie una nueva relación laboral o se emprenda, en Portugal vale con que se realice una actividad que se considere de “alto valor añadido”, lo que supone un cajón de sastre en el que caben arquitectos, ingenieros, artistas, actores, auditores, científicos, profesores, deportistas, inversores o directivos. También hay mayor facilidad para obtener la residencia por inversión en activos como inmuebles.

Fuentes jurídicas y financieras recuerdan que en Portugal se ha creado un ecosistema para atraer talento y altos patrimonios de otros países, entre ellos España, y que las propias cámaras de comercio y otras organizaciones empresariales contribuyen a difundir el mensaje junto con despachos locales, que ya tienen alianzas con despachos españoles para trabajar conjuntamente con fortunas españolas. Aun así, por ahora, "las salidas hacia Portugal por motivos exclusivamente fiscales ya no son tan frecuentes como lo fueron hace unos meses", opina Constantino Vidal.

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Por ahora, no se conocen detalles de los planes del Gobierno. La ministra María Jesús Montero dijo el jueves que lanzarán una fórmula para pedir una tributación extraordinaria a los millonarios, sin especificar umbral, si será un mínimo nacional en patrimonio o un nuevo tributo. La Dirección General de Tributos no estaba trabajando en ello, según fuentes consultadas, lo que quiere decir que ha habido improvisación: primero mensaje político y después trabajo técnico.

Parece que la idea será lanzar un nuevo impuesto en el que se podrá deducir la cuota autonómica de patrimonio. Aunque este es el principal plan de la Moncloa, el problema son los tiempos, porque para que se tribute en 2023 devengando el ejercicio actual, la figura impositiva debería aprobarse antes del 31 de diciembre. Siendo así, no se conoce cuáles serían las deducciones, aunque los asesores trabajan con la hipótesis de que sean iguales que en patrimonio.

“No sabemos aún aspectos que resultan esenciales, como, por ejemplo, el patrimonio mínimo a partir del cual se pagará el nuevo impuesto, si se mantiene y en qué términos la exención en la empresa familiar o la limitación conjunta de cuotas entre IRPF e IP y tipos de gravamen”, recuerda Patricia García, socia de Avantia.

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En las comunidades donde hay patrimonio, y en Madrid para prepararse ante una potencial tributación por mandato de la Moncloa, los altos patrimonios usan varias figuras para reducir el impacto. Un clásico es la empresa familiar. Si más del 50% de los activos de la sociedad en que la familia tiene más del 5% está enfocado en una actividad productiva, el 95% de los activos afectos se reduce de la base imponible de patrimonio. Lo mismo ocurre con las sociedades de capital riesgo, otra fórmula habitual, si al menos el 60% de los activos está invertido. Asimismo, se utiliza el conocido como escudo fiscal, minimizando rentas anuales en la estructura patrimonial, dado que la suma de tributación de IRPF y patrimonio no puede sobrepasar el 60% de la base imponible de la renta.

Montero también dijo el lunes que habrá más medidas fiscales, además del gravamen a los ricos. En este caso, no hay ninguna información, aunque se da por hecho que habrá incrementos por IRPF en las rentas más altas con subidas del tipo o nuevos tramos, así como incrementos en las rentas del capital.