El comité de Hacienda ataca las estrategias de los ricos para eludir impuestos

Uno de los puntos clave de la futura reforma fiscal estará en la tributación de las grandes fortunas. También se prevé que sea la gran batalla política entre el Gobierno autonómico de Ayuso y el Ejecutivo de Sánchez. Los expertos han publicado una batería de 118 propuestas fiscales en un documento de 788 páginas, en el que el impuesto sobre el patrimonio juega un papel central.

El comité creado por el Ministerio de Hacienda en abril de 2021, con 19 miembros, aunque dos dimitieron en el proceso de 21 sesiones, entregó este jueves su Libro Blanco sobre la Reforma Tributaria, que debe servir de fundamento a Hacienda para acometer una reforma fiscal a la que se comprometió el Gobierno de Pedro Sánchez ante Bruselas.

TE PUEDE INTERESAR

Los expertos fiscales aconsejan al Gobierno imponer el impuesto al patrimonio a Madrid

Óscar Giménez

Hay varios puntos clave, y ninguno será fácil. En fiscalidad medioambiental, proponen la modificación y la creación de impuestos, por ejemplo, equiparar diésel y gasolina con una subida en la imposición o un tributo para los billetes de avión. Son 13 medidas que recaudarían entre 5.941 y 15.023,6 millones. Pero varias de estas propuestas son inflacionarias en un momento en que la inflación es una de las grandes amenazas para la recuperación, agudizada con la guerra de Ucrania.

Otros campos relevantes giran en torno a aumentos de la imposición a empresas, el IVA a medio plazo y, como uno de los elementos estrella, la tributación de los grandes patrimonios. Hay varias propuestas consensuadas por el comité en esta dirección. Quizá la más importante, por capacidad recaudatoria y por controversia política, es la armonización fiscal.

El impuesto al patrimonio, reintroducido por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero en 2011, está bonificado al 100% en Madrid, lo que para los expertos fiscales designados por Hacienda es una prueba de la competencia a la baja que se produce a nivel autonómico con este tributo. “El desequilibrio interterritorial provocado por el uso asimétrico y, en algunos casos, desproporcionado de las competencias normativas descentralizadas es la causa principal del riesgo de deslocalización interna”, sostiene el informe.

En su presentación, el presidente del comité, el catedrático Jesús Ruiz-Huerta, y la catedrática María Teresa Soler destacaron este jueves que si no se limita la autonomía en una comunidad con el impuesto al patrimonio se iría contra la autonomía general por una tendencia de vaciamiento del impuesto por la competencia a la baja.

Los expertos piden un gravamen máximo del 1%, frente al 3,5% actual, pero no establecen cuál debería ser el nivel mínimo impositivo en España para el impuesto sobre el patrimonio, pero sí recomiendan que debería establecerse algún límite a la baja. En el primer caso, aconsejan una escala estatal con una tarifa progresiva de entre el 0,5% y el 1% si se quiere mantener la recaudación actual teniendo en cuenta los cambios sugeridos. En el segundo, argumentan que será una cuestión política determinar un mínimo autonómico.

También alertan del riesgo de deslocalización internacional de grandes fortunas, para lo que proponen al Ejecutivo que plantee ante la Unión Europea el refuerzo de la directiva antiabuso en relación con la competencia lesiva entre los Estados miembros y su impacto en la deslocalización de personas físicas.

TE PUEDE INTERESAR

El PSOE se distancia de UP y rechaza apoyar su plan fiscal a la espera de Hacienda

Fernando H. Valls

En cuanto al número de contribuyentes, defienden reducir el universo fuera de la Comunidad de Madrid, ya que defienden elevar el mínimo exento a un millón de euros (actualmente, está entre los 500.000 y los 800.000 euros), lo que dejaría fuera a entre el 10,8% de declarantes en Madrid, si tributaran, y el 69,3% en Asturias. En cualquier caso, el mayor protagonismo en la cuota a ingresar lo tienen los patrimonios entre uno y tres millones de euros, con el 39,8%. “Esta subida se justifica por la aplicación de nuevos criterios de valoración”, dice el comité, que espera en cualquier caso que “la base del impuesto al patrimonio sea más amplia, como consecuencia de la revisión que se propone de las exenciones de la empresa familiar y la vivienda habitual”. Así, si Moncloa opta por estas recomendaciones, los cambios beneficiarán a los patrimonios de menos de un millón, y perjudicarán a los que están por encima en Madrid o, fuera de la capital, disfrutando de exenciones importantes.

Desde hace tiempo, los asesores en fiscalidad y planificación patrimonial de las grandes fortunas trabajan con la hipótesis de que en Madrid ya se tributará por patrimonio en 2022. Aunque por ‘timing’ es difícil, se trata de una premisa conservadora para eficientar fiscalmente las estructuras de sus clientes, reduciendo el potencial impacto del impuesto con deducciones y con el escudo fiscal.

Las exenciones más usuales son las de la empresa familiar y la vivienda habitual. En ambos casos, el comité no aconseja eliminarlas, sino que llama a la revisión. “Los topes de gravamen y la exención de la empresa familiar producen pérdidas recaudatorias muy elevadas y tienen una gran capacidad de erosionar el potencial recaudatorio del impuesto”, advierte el Libro Blanco. En 2017 hubo 13.205 contribuyentes que se acogieron a esta exención, por un importe de 8.921 millones. El comité aboga por su mantenimiento, pero con evaluación periódica de la efectividad, así como su regulación para “evitar su desnaturalización, incrementar la seguridad jurídica y reducir la litigiosidad”, así como para “evitar abusos”.

Los expertos recuerdan que la exención está pensada para empresas con actividad real y “no puede dar amparo a estructuras artificiales creadas 'ad hoc' y a operaciones de elusión fiscal”. Este punto es repetido en el informe, ya que piden atacar las sociedades creadas para reducir la tributación de personas físicas. Como alternativas, sugieren declarar a las personas jurídicas sujetos pasivos del impuesto, limitar la sujeción de las personas jurídicas a determinados casos, asumir la regulación actual, pero con transparencia fiscal patrimonial para integrar el patrimonio de la sociedad en el fondo, o establecer reglas de valoración especiales para las acciones y participaciones en estas entidades.

Otra exención relevante está en torno a la exención sobre la vivienda habitual, que el comité apoya mantener en el nivel actual de 300.000 euros. Eso sí, con una evaluación del impacto sobre la aplicación efectiva del impuesto ante el nuevo marco de valoración de los bienes inmuebles a precios de mercado.

No obstante, el comité de expertos también ataca estas figuras que permiten a los grandes patrimonios de todo el país reducir el impuesto que pagan sobre su riqueza. Los economistas y juristas del comité consideran que habría que ensanchar la base imponible del impuesto sobre el patrimonio.

TE PUEDE INTERESAR

El comité de expertos propone subir los impuestos a los carburantes y bajar la electricidad

Javier Jorrín

En cuanto al escudo fiscal, actualmente hay un límite de tributación del 60% de las bases imponibles del IRPF en la suma de la tributación por renta y por patrimonio. “Son muchos los matices a tener en cuenta” al respecto, advierten los expertos. No en vano, la planificación patrimonial de las grandes fortunas a menudo se orienta a reducir las rentas para apoyarse en este límite. Un ejemplo sencillo es orientar la cartera de inversiones a tenencias de productos, acciones, fondos o inmuebles, que no generen dividendos. En su conclusión, el comité defiende mantener este escudo fiscal, pero menciona que “el legislador debería considerar la posibilidad de revisar al alza del límite conjunto”, y recuerdan que originalmente estaba en el 70% con una cuota mínima del 30%.

El impuesto sobre el patrimonio existe únicamente en España, Noruega y Suiza. No obstante, los expertos defienden que otros países gravan también la riqueza. “En Luxemburgo existe un impuesto sobre la riqueza neta de las personas jurídicas. Por su parte, Francia, Italia, Portugal y Bélgica gravan la titularidad de determinados activos”, dice el Libro Blanco. Los expertos recuerdan que organismos internacionales como el FMI o la OCDE han abogado por tributos a la riqueza ante el aumento de la desigualdad en Occidente visto desde la Gran Crisis Financiera y agravado con el covid.