España lideró en 2020 el aumento de la presión fiscal en la OCDE

España fue el miembro de la OCDE donde más aumentó la presión fiscal en 2020. Nuestro país encabeza la estadística por una combinación de dos factores que marcaron el primer año de la pandemia: la contenida caída del empleo y el fortísimo desplome del producto interior bruto, que fue el mayor entre los 34 miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. El Estado siguió recaudando contribuciones a la Seguridad Social por los trabajadores en expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), pese a que estos no estaban generando actividad económica. Como resultado, el cociente entre ingresos tributarios y PIB, conocido como presión fiscal, se disparó.

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Los datos forman parte del informe 'Tax Policy Reforms', que publica anualmente el club de las naciones más avanzadas del mundo, y que en este caso ha estado totalmente condicionado por la crisis del coronavirus. La presión fiscal aumentó una décima en el conjunto de la OCDE, y el repunte afectó a todas las geografías —20 de los 34 países—, pero esto no significa que los tipos impositivos hayan subido. "Fue el resultado de mayores caídas del PIB en relación con los ingresos fiscales", puntualiza el informe. España no es una excepción.

La presión fiscal se incrementó en nuestro país en 1,9 puntos respecto a 2019, hasta alcanzar el 36,6%. El principal componente fue el aumento de 1,5 puntos de los ingresos de la Seguridad Social en relación con el PIB, el mayor de todo el bloque. La explicación resulta sencilla: las contribuciones cayeron un 4,8%, pero el producto interior bruto se desplomó un 9,9%. Una de las posibles causas de estas cifras es el mantenimiento artificial del empleo a través de los ERTE, que le siguió aportando ingresos fiscales al Estado pese a no existir actividad económica.

La recaudación por IRPF supuso 0,8 puntos más en relación con el PIB, lo que sugiere que la destrucción de empleo se centró en las rentas más bajas, que suelen desempeñar trabajos manuales muy afectados por las restricciones. En cambio, el freno del consumo provocó un descenso de la presión fiscal relacionada con el IVA (-0,2 puntos).

Opinión

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La situación excepcional de 2020 forma parte de una tendencia de fondo. La presión fiscal en España ha aumentado en cinco puntos durante la última década, uno de los mayores incrementos del bloque, solo por detrás de Eslovaquia, Grecia y Corea del Sur. De hecho, ya está por encima de la media de los países de la OCDE (33,5%), pese a que en el conjunto del club también se aprecia una tendencia alcista. En relación con sus vecinos europeos, los contribuyentes españoles gozan de una carga 6,3 puntos inferior a la de los italianos, 8,8 puntos inferior a los franceses y 1,7 puntos inferior a los alemanes.

Por componentes, las contribuciones a la Seguridad Social ya representan el 13,7% del PIB, casi cinco puntos por encima de la media de la OCDE, y siguen una línea ascendente a lo largo de los últimos años. En cambio, los impuestos sobre la renta y los beneficios empresariales (10,7%) y los tributos sobre productos y servicios (9,8%) se sitúan por debajo del promedio. En otras palabras: las cotizaciones sociales son especialmente altas en España, explican la mayor parte del aumento de la presión fiscal y colocan a nuestro país por encima de la media de la OCDE.

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Los datos del estudio coinciden con los publicados por Eurostat y llegan en un momento en el que el debate sobre los impuestos condiciona la agenda política a un año de las elecciones generales. El Gobierno de coalición ha aplazado la reforma fiscal ante la complicada coyuntura económica, pero trata de marcar la agenda con nuevos impuestos sobre los beneficios de las empresas energéticas y la banca. El PP, en cambio, propone rebajas de impuestos como las que está emprendiendo en las autonomías que gobierna, y acusa al Ejecutivo de lucrarse con 16.500 millones de euros debido al alza de las bases imponibles como consecuencia de la inflación.

Critica las rebajas a la energía

Lejos de este debate, la OCDE se limita a citar en su informe algunas de las medidas aprobadas por el Gobierno durante los dos últimos años, muchas de ellas para cumplir con Bruselas, como el establecimiento de un impuesto a los plásticos de un solo uso para 2023. Una de las más destacadas es la reducción a las desgravaciones para los planes de pensiones privados, desde 2.000 hasta 1.500 euros anuales.

Además, el Ejecutivo ha emprendido numerosas rebajas fiscales para hacer frente a la crisis energética, como la reducción del IVA de la luz y el gas desde el 21% hasta el 5%. Estas políticas, compartidas por la mayoría de los países europeos, no cuentan con el respaldo de la OCDE. El organismo, con sede en París, se une al coro de voces críticas con los paquetes de ayudas a las familias, que estima en 246.000 millones de euros, de los que 169.000 han ido a subvencionar los combustibles fósiles. Según el informe, las rebajas de impuestos a la energía alteran la señal de precios, reducen los ingresos fiscales y resultan regresivas.