¿Podrán recurrir Ayuso y Moreno? Dudas entre los fiscalistas con el impuesto a los ricos

El paquete fiscal del Gobierno se enfrenta a amenazas antes de nacer. Hacienda ha anunciado un impuesto para las grandes fortunas, lo que en la práctica supone eliminar para muchos contribuyentes la bonificación en patrimonio del 100% de Madrid y, desde el año que viene, de Andalucía. Ayuso ya ha acusado a Sánchez de invadir competencias.

El impuesto sobre el patrimonio supone una de las principales distorsiones del sistema fiscal español. Al estar cedido, y ser contribuyentes con mayor capacidad para mover sus residencias fiscales, se fomentan las deslocalizaciones. También se alteran las planificaciones patrimoniales para minimizar la carga fiscal. Por ello, siempre hay propuestas de eliminar el tributo o armonizarlo, como sugirió el comité de expertos fiscales designado por Hacienda hace un año.

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La intención de Hacienda es gravar los patrimonios netos superiores a tres millones de euros en tres tramos, con un 1,7% entre los tres y los cinco millones, un 2,1% para volúmenes de entre cinco y 10 millones, y un 3,5% en adelante. Para evitar la doble imposición y, también, tratar de que no haya un agujero jurídico al que se puedan agarrar comunidades beligerantes como Madrid ante el Constitucional, los ricos solo tributarán por la parte que no haya sido gravada en su comunidad autónoma. La cuota abonada en patrimonio será deducible en el nuevo impuesto. Aun así, hay dudas y opiniones contrarias entre los fiscalistas sobre si podrá ser recurrible ante el Constitucional.

Aunque habrá que esperar al detalle, “con la Lofca [Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas] actual puede haber problemas de competencias, máxime si la estructura del nuevo impuesto es análoga a la del impuesto sobre el patrimonio”, arguye Javier Vinuesa, socio de Gómez Acebo & Pombo.

A pesar de que todavía no se haya publicado el texto definitivo, varios abogados especializados en gestión de grandes patrimonios adelantan que este nuevo tributo acabará eventualmente ante los tribunales. “Hay mucha preocupación y mucho enfado. Se van a plantear recursos”, auguran. El recorrido de estos procesos, no obstante, es más bien incierto. La misma propuesta de Hacienda concreta que el arancel evitará la doble imposición, ya que se permitirá la deducción de la cuota abonada del impuesto de patrimonio.

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Ahora bien, algunos letrados defienden que el tributo sí podría ser impugnado, porque invade competencias autonómicas. Al fin y al cabo, el nuevo arancel deja sin efecto las bonificaciones que, por ley, pueden imponer las comunidades sobre el impuesto de patrimonio. Un proceso que, en todo caso, no será sencillo ni ágil. “Se acabará ganando, pero será como el proceso del modelo 720: se alargará muchísimo”, describe un abogado.

Por lo pronto, el Gobierno madrileño de Isabel Díaz Ayuso ya ha acusado a Pedro Sánchez de ser “arbitrario y autoritario”, y de invadir competencias autonómicas. Madrid calcula que con el nuevo tributo 1.000 millones se recaudarán en la comunidad, dos tercios de los 1.500 millones que planea recaudar Hacienda. La región ya aprobó la Ley de Autonomía Financiera en enero para tratar de blindarse ante injerencias del Estado, aunque, para los expertos consultados, solo fue un texto de amenazas sin posibilidad de bloquear impuestos estatales que afecten a los madrileños.

Aquel proyecto surgió ante la posibilidad de que Hacienda impusiera un mínimo estatal en el impuesto al patrimonio, pero finalmente ha optado por un nuevo tributo que grava el mismo hecho imponible. “Son dos impuestos por el mismo hecho imponible. Además, se invaden competencias, porque es un impuesto cedido a las comunidades autónomas. Con los datos que tenemos, lo veo muy problemático jurídicamente. Probablemente, acabe en el Constitucional”, avisa Stella Raventós, presidenta de la asociación de fiscalistas Aedaf.

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La Dirección General de Tributos, órgano encargado de desarrollar los textos fiscales, deberá lanzar su propuesta de impuesto cuanto antes para que vaya a trámite parlamentario y se apruebe antes del 31 de diciembre, de tal forma que se pueda devengar este ejercicio en 2023. Las prisas no deben obviar que los detalles sean cuidadosos con evitar la doble imposición y no dejar posibilidad a que el impuesto sea anticonstitucional.

Por ahora, con la información disponible, “el hecho imponible en ambos impuestos es similar y, además, parece que indirectamente se está produciendo una injerencia en las competencias de las comunidades autónomas en materia de tributos, dejando 'de facto' sin efecto la Lofca, por lo que entendemos que existen varios elementos para que al menos la duda sobre la constitucionalidad del nuevo impuesto sea razonable”, opina Antonio Cendán, socio de Zadal.

“Existen determinadas cuestiones susceptibles de ser consideradas, como la atribución de competencias a las comunidades autónomas, el establecimiento de un tributo de nuevo cuño, la eventual doble imposición jurídica, el elemento personal de la tributación y otros muchos factores que pueden estar involucrados”, enumera Joaquín Costa, socio de Cuatrecasas.

No obstante, indica Pablo Romá, socio de Romá & Bohorques, “el Tribunal Constitucional ha dejado claro cuáles son los límites constitucionales en materia tributaria. Con la información disponible a día de hoy, parece que estos límites no se van a sobrepasar”. Aun así, el experto reconoce que habrá que esperar a la publicación del texto definitivo para estar seguros.

Riesgo de deslocalizaciones

También se han intensificado las consultas en los despachos de asesores fiscales y bancas privadas sobre deslocalizaciones, como hicieron muchos millonarios entre 2019 y 2021, especialmente a Portugal, lo que provocó más inspecciones de la Agencia Tributaria. “Estamos recibiendo bastantes llamadas, sobre todo preguntando por el alcance de la nueva normativa y fechas de entrada en vigor. Creemos que la deslocalización de los grandes patrimonios puede ser una consecuencia directa de la aprobación de este nuevo 'impuesto de solidaridad”, avisa Antonio Cendán, desde Zadal.

Desde el punto de vista macro, el Gobierno calcula un incremento de la recaudación de 3.144 millones. No obstante, el impacto neto en la economía podría ser neutral, según Leopoldo Torralba, adjunto al economista jefe de Arcano Partners. En primer lugar, advierte de que la cifra es un montante menor para la economía pese al ruido generado: “Las subidas de impuestos implicarán menos de dos décimas de PIB anual, y durante solo dos años 'a priori', mientras que las medidas de reducción de impuestos a los segmentos más desfavorecidos implicarán un peso similar”.

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El impacto en las perspectivas de crecimiento, consumo o inflación “será muy poco material en general”, añade Torralba. Se trata, prosigue, de una “redistribución temporal y selectiva de la renta. Así, en un momento de crisis exógena importante, en que las rentas bajas y las pymes experimentan un mayor daño en forma de pérdida de poder adquisitivo por la inflación exagerada (especialmente la asociada a consumo básico, como alimentos y energía), parece apropiado generar ayudas puntuales y temporales”.

Se trata de un argumento que está en la misma línea que el esgrimido esta semana por Philip Lane, economista jefe del Banco Central Europeo (BCE). El economista irlandés sugirió que tanto por razones macroeconómicas como de equidad, “los Estados deben apoyar los ingresos y el consumo de los hogares, pero también a las empresas que más sufren la inflación”.

La gran pregunta, añadió en una entrevista con Bloomberg, es cómo financiar este esfuerzo. La solución “puede ser impuestos más altos para personas con mayores ingresos o para industrias y empresas que son altamente rentables en este escenario, a pesar de la crisis energética que azota los países”, apoyando así medidas extraordinarias como que tributen las mayores fortunas o un impuesto sobre bancos y eléctricas.