Empresas y grandes fortunas, en el limbo por el silencio administrativo de Hacienda

La Dirección General de Tributos (DGT) es un órgano tan importante como desconocido en el ámbito fiscal. Por el organismo, pasan las redacciones de las propuestas tributarias, y también se encarga de aclarar las dudas que surjan al interpretar las normas. Pero estas respuestas están llegando más tarde que nunca, generando incertidumbre en las empresas y en los altos patrimonios.

La Ley General Tributaria recoge el derecho de los contribuyentes a formular a Tributos consultas respecto al régimen, la clasificación o la calificación tributaria que en cada caso les corresponda, según los artículos 88 y 89. La contestación a estas consultas tributarias escritas, señala la norma, debe realizarse en el plazo de seis meses y “tendrá efectos vinculantes para los órganos y entidades de la Administración tributaria”.

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Este es un elemento clave para la certidumbre fiscal. Sin embargo, en el último año y medio se ha quebrado, según denuncian los abogados que emiten consultas para clientes, normalmente empresas y altos patrimonios, cuyas respuestas no llegan. “Tenemos clientes que llevan más de año y medio esperando. Y eso no es de recibo”, explica un abogado.

“Dado que la normativa tributaria es tan abundante como compleja, muy abierta a distintas interpretaciones, los criterios interpretativos de Tributos, vinculantes para toda la Administración tributaria, nos ayudan mucho en nuestro trabajo, dan mucha seguridad jurídica a nuestros clientes y a sus asesores”, añade el jurista, que comenta que los retrasos se producen principalmente en cuestiones relacionadas con el impuesto sobre sociedades.

“Cuando se produjo hace ya un tiempo el cambio de subdirector general de Personas Jurídicas, notamos una agilización en las respuestas, sobre todo respecto de las consultas nuevas (planteadas tras el cambio de subdirector). Pero me temo que hemos vuelto a las andadas”, añade este abogado.

Falta de recursos

La Dirección General de Tributos elabora textos de anteproyectos de ley, prepara desarrollos y reglamentos y resuelve consultas. Sin embargo, comentan algunos exempleados que ahora están en el sector privado, se trabaja más y se cobra menos que en la Agencia Tributaria, por lo que suele estar justa de recursos.

Hasta 2014, se publicaba una memoria anual sobre la DGT, pero se interrumpió en 2015 “por diversas razones”, según una memoria de actividades realizadas entre 2015 y 2019 que se publicó el año pasado. Para el ejercicio 2020, no se ha publicado nada aún. En la última memoria, figura una plantilla en 2019 de 123 profesionales, 11 menos que en 2015. En 2007, eran 167 empleados, aunque la dotación era de 201, pero había 34 vacantes sin cubrir. Cifras que habían subido desde 2003, primer año del que hay datos, cuando eran 154 trabajadores con 35 vacantes adicionales.

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“Los operadores económicos tienen que tomar sus decisiones sin haber recibido respuesta y la tan ansiada seguridad jurídica que buscaban. Desde el punto de vista comercial, tenemos que explicar al cliente que al final no se consigue lo que se le había aconsejado”, apunta Javier Prieto, socio de Araoz y Rueda.

“Acabo de recibir una respuesta a una consulta con casi tres años de retraso”, asegura un fiscalista de otro despacho. “Ellos nos dicen que es un problema de medios, que los contribuyentes preguntan demasiado y sobre asuntos ya pacíficos, aunque lo hacen como medida de protección ante actuaciones a menudo agresivas e imprevisibles de Hacienda, y hay consultas que tienen contenido controvertido o con mucho impacto que tienen que pasar varios filtros”, añade.

El asunto de las demoras llegó a plantearse ante el defensor del pueblo en 2017, pero no se ha pronunciado, y el tema se ha agravado con el covid. “Tenemos alguna consulta que presentamos ya en mayo de 2019 y seguimos sin tener noticias, más allá de que continúa en tramitación. Se da la circunstancia de que en este caso es una consulta que se planteó por parte de un cliente extranjero que tiene actividades en España. Está bastante sorprendido con la falta de diligencia de las autoridades españolas”, comenta, con otro ejemplo, María Olleros, socia de Andersen. “Se trata de un mecanismo que habilita la propia normativa tributaria en aras de evitar la conflictividad y de mejorar la seguridad jurídica, y no está funcionando como debería”, remacha.

Afecta al asesoramiento

Hay bufetes que han dejado de ofrecer a los clientes formular la consulta ante los retrasos que está habiendo. “La demora puede afectar negativamente a la relación del asesor fiscal con su cliente. Como asesor, aconsejas a tu cliente, sobre la base de un criterio prudente y conservador, plantear una consulta a Tributos. Para cuando llega, puede ocurrir que ya no haya ni operación ni cliente, porque piense que maldita la hora en que se le recomendó plantear la consulta”, avisa Ignacio Gordillo, socio de Ceca Magán.

“Con frecuencia, el contribuyente acaba por convertirse en rehén de su propia consulta, pues quiere ejecutar su operación, pero a su vez no se atreve a hacerlo sin que Tributos haya emitido previamente un pronunciamiento interpretativo que la avale, dada la agresividad de los planteamientos con los que luego actúa la Agencia Tributaria”, agrega Gordillo.

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Los plazos de la DGT en contestar a las consultas hacen que se incumplan, por otro lado, los que tienen los contribuyentes con Hacienda si esperan respuesta. “En nuestra experiencia, tenemos consultas presentadas y pendientes de contestar que afectan al impuesto sobre sociedades y al IRPF del ejercicio 2018, por ejemplo. Lógicamente, a estas alturas las correspondientes autoliquidaciones ya se han presentado”, comenta Antonio Cendán, abogado de Écija. Sin embargo, prosigue, “a pesar de haber presentado las correspondientes consultas, todavía desconocemos si el criterio de la Administración coincide (o no) con el nuestro. El problema es que, en caso de no coincidir, nos obligaría a presentar las correspondientes autoliquidaciones complementarias, que a estas alturas se encontrarían fuera de plazo”.

Donde coinciden todos los abogados en que se produce un cuello de botella es en operaciones de reestructuración empresarial para las que se consulta a Tributos por las implicaciones fiscales. Un ejemplo está ocurriendo con las sociedades de inversión de capital variable (sicavs). Desde hace año y medio, hay pendiente una consulta para saber si es válida una fusión entre varias sicavs, y la respuesta no ha llegado. En 2022 cambiará el régimen y sus accionistas tendrán que decidir qué hacer, y podría pasar que deban elegir una opción sin la respuesta de Tributos.